En el código de Hammurabi punto cinco (5) establece la calificación del acto fallado por un juez

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al que se logró identificar plenamente y quienes acciones de combate. Había sido dado de baja. En este ejemplo si aplicáramos el código Hammurabi el fiscal tendría que pagar doce (12) veces los siete mil millones (7.000’000.000) de pesos el diputado López así mismo el fiscal general de Colombia debería ser expulsado de su cargo y sancionado de por vida por actuar en base a pruebas infundadas.

La fiscalía nacional de Colombia, y el poder judicial, se encuentran en una grave crisis institucional. Por actos, condenas, defensas, sentencias, cargos, investigaciones y preclusiones incorrectas. El colegio nacional de abogados goza de una pésima imagen. Por la falsa ética de sus profesionales. La judicatura es considerada una institución plagada de vicios y oportunistas la fiscalía resulta inoperante inexacta lenta y compleja. Y para rematar las altas cortes parecen más un club de politiqueros y oportunistas, que un sagrado recinto de la justicia.

Para muestra citaremos el caso del presidente de la corte Jorge pretelt quien fue acusado por el abogado Víctor pacheco de haber exigido quinientos millones de pesos (500’000.000). Para favorecer una tutela a favor de fidupetroleos.

Este ejemplo calza perfectamente con el código de Hammurabi actualmente este funcionario se encuentra en la picota pública, desconociendo la gravedad de sus actos sigue en el cargo a pesar del rechazo de la propia corte, se han iniciado las investigaciones respectivas y en el transcurso de estas, se ha descubierto otra serie de operaciones legales. Que le han permitido adquirir tierras, de grupos desplazados por la violencia, a precios irrisorios.

Si el código de Hammurabi existiera o aplicara en Colombia este sujeto indeseable tendría que resarcir doce (12) veces lo que ha usufrutuado en forma ilícita, sería expulsado de su cargo y sancionado de por vida por utilizar su alta investidura a favor de sus desmedidos y ambiciosos proyectos personales, olvidando su compromiso social de ejercer justicia. Traicionando el conocimiento adquirido y la confianza que tanto el sistema jurídico como la sociedad le habían otorgado.

El código de Hammurabi nos reubica en este caso específico en la necesidad imperiosa de rescatar Los valores éticos y profesionales de los funcionarios públicos so pena de ser sometidos a la justicia popular. En el caso colombiano se requiere urgentemente una depuración estructural del sistema judicial el cual está plagado, de esguinces para burlar la ley y generar un estado de caos e ineficiencia. Lo primero sería evitar el manoseo político, que ha traído corrupción al sistema y ha convertido la profesión en un carnaval de supuestos infundados donde los bandidos se convierten, en acusadores de oficio y donde las recompensas por delación enriquecen a los cazadores de brujas, esperamos que este análisis contextualizado sirva para reflexionar, sobre el imperio de la justicia.