Estructura del sistema de justicia panameña

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La Constitución Política vigente también establece la existencia de esa división del poder público, la cual reconoce que “el poder público solo emana del pueblo; lo ejerce el Estado conforme a la Constitución, por medio de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitados y separadamente, pero en armónica colaboración” (Art.2).

El Órgano Jurisdiccional, ejerce fundamentalmente la función jurisdiccional del Estado y le corresponde interpretar la ley y aplicarla en la solución pacífica de los conflictos que surgen entre los particulares, y entre éstos y el Estado, y aplicar la sanción que corresponda a quien resulte culpable, como autor, cómplice, instigador o partícipe de un delito. Se realiza una conducta humana prohibida por el ordenamiento jurídico penal, o surgen elementos que así lo indican, ello supone la comisión de un hecho delictivo que atenta contra la estabilidad y la paz de la sociedad jurídicamente organizada (Estado Constitucional de Derecho); en consecuencia, se motiva el ejercicio del poder punitivo del Estado para someter al individuo a un proceso previo de responsabilidad penal y, de ser declarado culpable, al cumplimiento de la sanción penal prevista en el mismo ordenamiento jurídico penal, o al sometimiento de una medida de seguridad.

La función jurisdiccional penal, tiende a transformar la pretensión en derecho y se refiere también a una relación de derecho penal objetivo. En este sentido, por extensión, se denomina también función jurisdiccional penal a toda la actividad institucional que debe desarrollar el Estado para que sea posible el ejercicio de la función jurisdiccional penal propiamente dicha.

La función jurisdiccional penal está integrada por la actividad que lleva a la determinación de la existencia o no del hecho punible y de quién o quiénes son los responsables; de esta manera, se realiza el derecho penal, por la vía de un proceso previo, pero a la vez tutelador de las libertades públicas e individuales, y que tiene por finalidad la declaración de certeza sobre el hecho y la “culpabilidad” o “no culpabilidad” del imputado.