Hablar de Derecho Administrativo, nos remonta a tiempos antiguos en donde el hombre descubrió la falta de una organización y administración de sus bienes y de los miembros integrantes de sus tribus en general

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del Silencio Administrativo lo constituyen los principios del Estado de Derecho y el principio de legalidad. El principio del Estado de Derecho quiere decir que toda actuación de una autoridad o funcionario público debe estar supeditada a la norma constitucional, de ahí que deben atender al derecho de petición de las personas; y, en íntima relación con ello se encuentra el principio de legalidad o principio de constitucionalidad que consagra que, en derecho público, todo órgano o funcionario público deberá hacer únicamente lo que la constitución o la ley permiten, lo que no está expresamente permitido por la constitución o la ley se entenderá prohibido

1.3. ¿Se le puede considerar al Silencio Administrativo como un acto administrativo?

No se le puede considerar al Silencio Administrativo un acto administrativo propiamente dicho, sino a decir del Dr. Patricio Cordero, en su obra “El Silencio Administrativo” y condensando su análisis denotamos que, una vez que la ley le otorga el contenido positivo o negativo al silencio administrativo se origina un acto administrativo presunto, puesto que recordemos que la voluntad de la administración pública puede exteriorizarse en forma expresa, tácita o presunta y precisamente la voluntad presunta es la que da origen al silencio administrativo.

1.4. Tipos del Silencio Administrativo

1.4.1. Silencio Administrativo positivo

En este caso se considera como aprobado el pedido o reclamo que se ha formulado. Se considera como un verdadero acto administrativo, equivalente a una autorización o aprobación expresa.

Al establecerse una especie de acto administrativo ficto aprobatorio, se permite al particular el ejercicio del derecho invocado.

Los procedimientos administrativos sujetos al silencio administrativo positivo quedarán automáticamente aprobados en los términos en que fueron solicitados, si transcurrido el plazo establecido o el máximo la entidad no hubiera comunicado al administrado su pronunciamiento. De cualquier manera la ley correspondiente debe señalar en qué casos los efectos son negativos o positivos.

Los procedimientos de evaluación previa sujetos a silencio positivo, son los siguientes:

a) Solicitudes que habilitan derechos preexistentes, salvo que se transfiera facultades de la administración pública o que habilite para realizar actividades que se agoten instantáneamente en su ejercicio.

b) recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud cuando el particular haya optado por la aplicación del silencio administrativo negativo.

c) cuando la decisión final no pueda repercutir directamente en administrados distintos del peticionario.

d) los no sujetos a silencio administrativo negativo.

e) otros casos que la ley establezca .

Ochoa, ha señalado que “el silencio administrativo positivo, entendido conjuntamente con su carácter residual, configura un retroceso del derecho administrativo que se había originado en corrientes liberales que se dieron en el país desde fines de la década de 1980 . Sin embargo, García de Enterría Y Fernández menciona que debe considerarse con cuidado, puesto que silencio positivo es una institución de larga data en el derecho administrativo moderno, en especial en el ámbito del derecho comparado . Incluso desde posiciones estáticas –y con mayor razón– resulta indispensable asegurar la eficiencia de la Administración Publica, eficiencia que resulta incentivada, entre otras instituciones, a través del silencio administrativo, y especialmente, mediante el silencio administrativo positivo.

Y es que resulta evidente la necesidad de establecer mecanismos a través de los cuales se garantice el derecho de los administrados ante la inactividad de la Administración. El silencio administrativo en general y particularmente el silencio administrativo positivo tienen su origen, en primer lugar, en la necesidad de satisfacer el derecho de la petición que se encuentra establecido constitucionalmente, siendo evidente que, si la Administración no se pronuncia en el plazo, dicha situación no debería perjudicar al administrado solicitante. Lo que ocurre es que el derecho de petición administrativa resulta ser el equivalente administrativo del derecho de acción propio del ámbito jurisdiccional: es un derecho público subjetivo que permite el acceso a la autoridad competente, así como la excitación de la actividad administrativa a través de una solicitud, sin perjuicio de que esta última otorgue o deniegue lo pedido .

En segundo lugar, el silencio administrativo positivo tiene por finalidad simplificar los procedimientos administrativos, fomentando la formalidad, permitiendo un acercamiento más eficiente de los particulares a la administración. En general, la razón de ser simplificación administrativa estriba en la reducción de intervenciones administrativas que graban de forma injustificada o desproporcionada la actividad de los ciudadanos y en las empresas .

En este orden de ideas, es necesario fomentar la formalidad de los agentes sociales y económicos, con el fin de que los mismos puedan incorporarse con la facilidad a la sociedad y al mercado. Para ello es indispensable a su ve facilitar la obtención de determinados actos administrativos, permitiendo que, en los casos en los que no se afecte seriamente el interés público, la inactividad de la administración genere la obtención de dicho pronunciamiento a favor del administrado. En tal sentido el silencio administrativo positivo debe constituir más bien la regla, y no la excusión dentro del ordenamiento jurídico administrativo; que es lo que se encuentra determinado de manera plausible en la ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo.

1.4.1.1. La evolución del silencio Administrativo positivo

En realidad, la primera norma que consigna el silencio administrativo positivo fue en artículo 11 del Decreto supremo Nº 070-89-PCM, Reglamento de la Ley de Simplificación Administrativa, que incorporó el silencio administrativo positivo, para circunstancias derivadas de la tramitación de autorizaciones, licencias y permisos, en mérito del principio de presunción de veracidad.

Seguidamente, tenemos el Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, que se establece el silencio administrativo positivo como un mecanismo para otorgar seguridad jurídica a las inversiones. De hecho, la constitución de 1979 consignaba erróneamente