“LA POLÍTICA MUNICIPALISTA Y LAS RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES.

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De la misma manera, reforzar la relación con el gobierno federal, coordinando propuestas y acciones, así como ampliando la coordinación al ámbito municipal.

Un ejemplo de ello sería la instrucción de la gobernadora para que toda obra federal y estatal esté consensuada con los alcaldes y, si es viable ampliar la consulta, entonces con la propia comunidad.

Otra decisión es desconcentrar a los municipios aquellas obras estatales que tengan capacidad de realizar; así como darle vigencia a la esencia del Consejo Estatal de Concertación de la Obra Pública, cuyos proyectos, ante la escasez de recursos, resultan ser los únicos que muchos municipios pequeños pueden realizar.

Convocar a una gran reunión estatal con la presencia de los 72 alcaldes, de los legisladores federales y locales, de los delegados federales, de los funcionares estatales, para dar a conocer la política municipalista de este gobierno, los compromisos con los alcaldes y la firma del Convenio Estado-Municipios para la coordinación de acciones. La representación óptima del gobierno federal en ese evento es el secretario de Gobernación.

Posteriormente, y de acuerdo con la agenda de la gobernadora, llevar a cabo reuniones regionales para atender la agenda municipalista.

La segunda vertiente tiene como principal protagonista a la secretaría de Gobierno. Responsable de la política interna, esta secretaría es la instancia idónea para establecer la coordinación con los presidentes municipales, apoyada en el CEDEMUN. Más allá de la relación personal del secretario con algunos alcaldes, es menester impulsar una coordinación institucional que le dé sentido y forma a la política municipalista impulsada por la gobernadora.

La coordinación interinstitucional para la promoción y creación de infraestructura social.

En México, como en otras partes del mundo y sobre todo en países de organización federal, las interacciones entre distintos órdenes de gobierno son de naturaleza dinámica. Parte de este dinamismo son los esfuerzos que estados y municipios llevan a cabo para coordinarse, horizontal y verticalmente, con distintos propósitos.

Sin embargo, el marco jurídico-institucional en que se interrelacionan los tres órdenes no ha sido actualizado con la velocidad o con la pertinencia necesaria, por lo que la falta de coordinación para realizar acciones sociales se hace evidente en la generalizada capacidad de gestión de la mayoría de gobiernos locales.

Las relaciones intergubernamentales han tenido varias etapas: hasta la década de 1980, las RIG en el México posrevolucionario obedecían al modelo llamado de “Autoridad Inclusiva”; ya que los gobiernos estatales y municipales dependían completamente de las decisiones tomadas por el gobierno federal.

La relación entre federación, estados y municipios se basaba en la dependencia de los gobiernos subnacionales, y la pauta de autoridad que prevalecía era más bien jerárquica.

Segunda fase (1989-1996)

Hacia el último tercio de los 80, se perfilaron varios y profundos cambios estimulados por los siguientes factores: la sociedad cambió al haber mayor número de personas con acceso a la educación, así como el crecimiento urbano y la industrialización. Luego los efectos de las crisis económicas y, por último, los efectos políticos del proceso de estabilización y de reforma estructural de la economía que fueron implementados por la nueva élite política para enfrentar la crisis.

Durante esta fase, el gobierno federal reforzó su posición dominante sobre estados y municipios, y el presidente fortaleció su rol como el actor más importante del país en la toma de decisiones. Desde la perspectiva propia de los actores locales de estados y municipios, éste proceso se percibió como un mecanismo para reforzar la institución presidencial y recuperar la legitimidad del régimen.

Tercera Fase (1997-2000)

A partir de varios esfuerzos de centralización, la economía había mantenido controladas las tensiones entre las regiones y el gobierno federal, pero la crisis económica de 1994, las agudizó aún más. Las transferencias federales a estados y municipios se redujeron considerablemente.

La política de descentralización desarrollada entre 1996 y 2000, careció de un elemento fundamental: el fortalecimiento institucional de los municipios. La distribución de recursos fue llevada a cabo sin el diseño e implementación de una política consistente y sistemática de construir capacidad institucional en el ámbito municipal.

Cuarta fase 2000-2010

En los años que siguieron a la alternancia del Ejecutivo federal, el papel de la inversión en infraestructura, y las relaciones intergubernamentales que les son asociadas evolucionaron en una gran medida.

Durante el periodo que va del año 2000 al 2010, se ha proyectado y buscado concretar el rol de la inversión pública como detonadora del desarrollo, y no sólo como inversión única frente a una amplia gama de posibilidades de asociaciones con inversión privada en el sector de infraestructura.

Sin embargo, a pesar de que las expectativas de crecimiento de inversión son muy altas, uno de los mayores obstáculos a este proyecto es la crisis de 2009 y la complejidad que implica atraer inversión haciendo compatibles los compromisos de rentabilidad prometidos en las modalidades de inversión, con los requerimientos económicos y sociales de las regiones.

Conclusiones

Cuando tratamos el tema de las relaciones intergubernamentales y el fortalecimiento municipal, el proceso de transformación de las mismas que se presenta en el ámbito nacional, también resulta cierto para Sonora.

Aún hasta el periodo comprendido entre 1980 a 1988, la relación entre los diferentes ámbitos de gobierno obedecía a un patrón altamente centralizado basado en el sistema político construido por el anterior régimen.

Estados y municipios se encontraban subordinados a las directrices del gobierno federal, y el titular del Ejecutivo era el principal tomador de decisiones. La etapa de 1989 a 1996, puede ser definida como el principio de una transición hacia un nuevo modelo de relaciones intergubernamentales.

A partir de 1997 es posible observar con claridad un cambio en este modelo. El fortalecimiento de los gobiernos subnacionales a través de la descentralización fue un imperativo para la administración del presidente Zedillo,