Normatividad en las Finanzas Publicas y control fiscal en Colombia.

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Son sujetos de control fiscal los órganos que Integran las ramas legislativa y judicial, los órganos autónomos e Independientes como los de control y electorales, los organismos que hacen parte de la estructura de la administración nacional y demás entidades nacionales, los organismos creados por la Constitución Nacional y la ley que tienen régimen especial, las sociedades de economía mixta, las empresas industriales y comerciales del Estado, los particulares que manejen fondos o bienes del Estado, las personas jurídicas y cualquier otro tipo de organización o sociedad que maneje recursos del Estado en lo relacionado con éstos y el Banco de la República.

El marco legal de la deuda pública está constituido por las siguientes normas:

Decreto 1222 de 1986 que reglamenta las operaciones de crédito público interno de los departamentos.

Decreto 1333 de 1986 que reglamenta las operaciones de crédito interno público de los municipios

Ley 80 de 1993 o Ley de la Contratación Pública y sus reformas que contienen normas generales sobre las operaciones de crédito público.

Resolución externa número 21 de 1.993 del Banco de la República – Régimen Cambiario.

Decreto 2681 de 1993, que reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1.993.

Documento CONPES Número 2689 de 1994 en que se establecen políticas de garantías y contragarantías en los créditos avalados por la nación.

Ley 358 de 1997, ley de endeudamiento territorial.

Ley 550 de 1.999 en que se establece una reestructuración económica de los entes territoriales.

Circular externa número 001 de 1997 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Toda esta normatividad busca evitar a toda costa la disminución en la corrupción y el desvío de los dineros del erario público, problema que aun continua generando consecuencias para el desarrollo sostenible del país.

El presupuesto público, herramienta que permite programar y ejecutar las metas de corto plazo de los organismos contenidas en el Plan de Desarrollo del Estado, permite igualmente controlar el funcionamiento de las entidades. Su ejecución dará como resultado la formación bruta de capital y los gastos de inversión necesarios al desarrollo económico y social de la población, La planeación es la clave de una buena administración y es necesario para la evaluación del desempeño, se debe realizar un diagnostico de la necesidades de la comunidad para priorizar las de mayor relevancia. Una de las dificultades al realizar la planeación es el desconocimiento de la norma de presupuesto por parte de algunos miembros de la administración y el déficit participativo. Una de las razones por las cuales no se puede ejecutar a cabalidad el 100% del presupuesto es la deficiente planeación.

Otro principio fundamental es la unidad de caja porque es el recaudo de todas las rentas y recursos de capital que atenderá el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto General de la Nación. De esto depende el flujo de recursos y debe ir acorde a la planeación de los gastos comprometidos para cumplir con el pago oportuno de las obligaciones.

La anualidad es un principio donde el presupuesto debe ejecutarse dentro del año fiscal que comienza el 1 de enero al 31 de diciembre. Posterior a esta fecha no se puede adquirir ningún compromiso con cargo al presupuesto que se cierra. Tampoco se pueden comprometer vigencias futuras, en los casos donde queden cuentas por pagar se deben adicionar al presupuesto de la vigencia siguiente para ser canceladas dentro de esa vigencia. La administración al quedar con cuentas por pagar demuestra un incumplimiento y mala gestión en la unidad de caja.