Politicas publicas en colombia.

...

Avance en la pobreza medida por el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)

Se aprecia un avance en la meta de reducción de la pobreza por el IPM del 81%; la meta se superó en Antioquia, sin embargo, en la Región Pacífica hay un retroceso, aumentando la pobreza en 5 puntos porcentuales (Cuadro 4).

A 3 de marzo de 2014 se habían aplicado 412.096 formularios de promoción (que se realiza cuando la familia cumple o está a escasos logros de cumplir la Condición Necesaria), de los cuales el 73% (299.834) efectivamente cumplen con la Condición Necesaria. Se promovieron el 40% de los núcleos familiares (no pobre por IPM ni por Ingresos) y para el 21% quedó condicionada su promoción (no pobre por IPM y pobre moderado por ingresos)

La oferta en las dimensiones de Habitabilidad, Identificación, Ingreso y Trabajo y Capacitación.

Habitabilidad La oferta de vivienda nueva por parte del Ministerio de Vivienda es de 100 mil para el área urbana, 100 mil para el área rural proveniente del Ministerio de Agricultura y 300 soluciones de los entes territoriales. De la misma manera, para el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, el DPS en 2011 ofreció 2.640 mejoramientos, la Red UNIDOS estimaba que el 80% de ellos serían para sus núcleos familiares48. En el período 2010-2012 se asignaron 20.981 subsidios de vivienda para población desplazada de la Red UNIDOS, de los cuales se han legalizado 1.894 en este gobierno. Por su parte, el Banco Agrario asignó 381 de las 1.902 soluciones provenientes de la Bolsa Ordinaria, para los núcleos familiares de la Red49. En la oferta de vivienda, por estar en función de la demanda, limita la posibilidad de que los beneficiarios con prioridad sean los núcleos familiares de Red UNIDOS, dado que el oferente decide quién es el beneficiario, no se informa suficientemente a la población de las convocatorias de vivienda; la falta de claridad en las competencias en el caso de los Ministerios de Vivienda y de Agricultura deja sin oferta a los Centros Poblados. Otra limitante en este tema es que sólo los municipios con capacidad institucional y recursos para la formulación de proyectos tienen el acceso a estos.

De conformidad con el artículo 5 de la Ley 1537 de 201253, “la distribución de los recursos incluirá un porcentaje mínimo del 20% para los municipios de categorías 4, 5 y 6. No obstante, si una vez conformado el inventario de predios presentados para la realización de proyectos de Vivienda de Interés Prioritario en estas entidades territoriales, dentro del periodo que para el efecto fije el Fondo Nacional de Vivienda, no es posible comprometer los recursos destinados, parcial o totalmente, los mismos podrán utilizarse en los demás municipios del país, de acuerdo con la distribución que realice el mismo Fondo”.

La disposición anterior, puede traducirse en un riesgo para que el 59% de los núcleos familiares que viven en municipios de categoría 6, que tiene dentro de sus necesidades básicas insatisfechas la vivienda, no cuente con la materialización de este derecho, por lo cual y teniendo en cuenta los resultados evidenciados. Por lo anterior, se requiere la formulación y puesta de marcha de herramientas que eliminen las barreras para acceder al programa de tal forma que las familias de los Municipios de categorías 4, 5 y 6 se beneficien de la vivienda gratuita en pro de la superación de la pobreza extrema54.

Identificación Entre los derechos fundamentales está el derecho a la identidad, que es el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de las personas en sociedad, el cual está conectado con otros derechos según el sujeto de derecho de que se trate y su ejercicio según las circunstancias en que se presenten, el derecho se materializa con los documentos de identidad emitidos por el Estado, a través de la Registraduría Nacional del Estado Civil –RNEC- y por el Ministerio de Defensa, estos permiten a las personas acceder a los servicios estatales y/o de otro tipo, garantizando el ejercicio de la ciudadanía y su reconocimiento como sujetos de derechos y deberes. En el caso de identificación, la oferta y los logros que mide la ANSPE se refiere a que las personas del núcleo familiar cuenten con sus documentos de identificación de acuerdo con su edad (logro 1) y que los hombres mayores de 18 años dispongan de libreta militar (logro

2). De las familias actualmente vinculadas, el 13% no ha alcanzado o está reversado el logro 1, esto es 186.730 núcleos familiares, en el caso del logro 2 el 75% se encuentran en esa situación, 637.984 núcleos familiares.

De acuerdo con la base de datos de promovidos entregada por la ANSPE, se observó que en el momento de ser promovidos un 2,5% de los hogares no tenían alcanzado o gestionado el logro 1 y un 68,6% el logro 2. Producto de las visitas realizadas por la Contraloría en los municipios, el 2,7% no tenía alcanzado o gestionado el logro 1 y el 75,2% el logro 2. La Registraduría Nacional según informa en su Plan de Acción UNIDOS -PAU, “no tiene un programa específico ni un presupuesto de inversión, por tanto ha diseñado una serie de estrategias como una política para adelantar su labor en los 1.104 municipios de todo el país. La primera de ellas, la estrategia RENEC_ UNIDOS 100%, busca superar en las familias el incumplimiento del logro uno, de la manera más rápida posible, generando entre los actores que participan en actividades tendientes a su cumplimiento, una especie de competencia sana y de apropiación a nivel municipio y departamentos y la segunda estrategia, es la creación de los Martes-Unidos, con el objeto de resaltar un servicio con acceso preferente y llamar la atención sobre la corresponsabilidad que deben tener aquellos miembros de la familia que por alguna circunstancia aún no cuentan con su debida identificación y por tanto, sus datos o registros administrativos no están unificados en los sistemas de información, lo que impide el cruce y dificulta materializar el progreso en términos de logros de dichas familias”. Las metas que se propuso alcanzar se observan en el Cuadro 22:

Ingreso y Trabajo A nivel de las entidades del orden nacional y territorial se presenta incoherencia entre lo propuesto en el PND, sus planes de acción y la ejecución, por ejemplo: no se está dando prioridad en la oferta a los núcleos familiares de la Red UNIDOS; la oferta de generación de ingresos del DPS no se focaliza con prioridad en los municipios con mayor número de personas en pobreza.

Siguiendo la Directiva Presidencial No. 23 de 2011, las entidades que conforman la Red UNIDOS deben: “especificar los mecanismos de acceso preferencial