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REGISTRO PÚBLICO DE GESTIÓN DE INTERESES

Enviado por   •  8 de Diciembre de 2017  •  819 Palabras (4 Páginas)  •  474 Visitas

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Del mismo modo, SUNARP tiene una serie de obligaciones y atribuciones por realizar , entre las que destacan: Aprobar las directivas correspondiente para el procedimiento de inscripción de los gestores profesionales y de los actos de gestión en el registro Público de Gestión de Intereses así como la forma en que se comunicaran dichos actos de gestión , trasladar a la Contraloría General de la Republica los informes semestrales de los medios empleados y funcionarios públicos contactados para el ejercicio de los actos de gestión , organizar y garantizar el adecuado funcionamiento del Registro Público de Gestión de Intereses y poner a disposición del público el contenido de las partidas registrales electrónicas y del archivo donde obran actos de gestión de intereses que dieron merito a estas , con excepción de toda información que tenga carácter reservado según lo establecido en la Constitución Política del Perú

En suma, si bien es cierto la presentación de la Ley N° 28024, se veía orientada a permitir el ejercicio integral de derechos constitucionales como: derecho de petición, expresión, información y libertad de asociación. El contexto político y social en que se dictó dicha ley fue el de una generalizada reacción a los actos de corrupción que se venían descubriendo como consecuencia de los cambios en el gobierno.

No obstante desde la regulación legal realizada (ley, reglamento, directivas), se puede apreciar que no ha surtido los efectos esperados. La gran cantidad de decisiones públicas adoptadas desde la vigencia de las normas que regulan esta práctica no se refleja en el número de registros efectuados en el registro público correspondiente. Pudiendo expresar que ésta es absolutamente ínfima.

Tomando lo señalado por Felipe Gutiérrez, miembro de la American League of Lobbyists en una entrevista en relación a la Ley de Gestión de Intereses” Es lo que se llama una reforma de Estado de cuarta generación, moderna, para un país que tiene avanzada su institucionalidad. Anotó además, que hasta Setiembre del 2014 estaban registrados alrededor de 15 miembros lobistas ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), es decir el 90 % o más de las gestiones que se hacen para representar intereses, son informales. Optimistamente un 10 % son gestiones formales"[3].

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