Recursos hidricos

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Las cifras anteriores indican que de 100 MWh entregados a las distribuidoras, 10 MWh se pierden en las redes (pérdidas técnicas), 13 MWh son consumidos pero no facturados, y que de los 77 MWh facturados sólo se recauda el valor correspondiente a 69 MWh. Una gestión eficaz debería reducir las pérdidas no técnicas a me- nos de 3% y debería incrementar el recaudo a niveles superiores a 95%. En estos niveles, en lugar de recaudar el equivalente a 69 MWh por cada 100 MWh, se pasa- ría a recaudar el equivalente a 83 MWh, con un incremento de ingresos de 20%. Dentro del esquema actual no se espera que esas ineficiencias disminuyan debido principalmente a la ausencia de un ente o de actores cuyos intereses se vean directamente afectados por una gestión ineficaz. El propietario actual del sector es el Fondo de Solidaridad (FS), entidad que fue concebida para administrar y dirigir hacia sectores sociales el rendimiento de la inversión financiera de los recursos provenientes de la venta de empresas estatales, pero no para gestionar esas empresas. El FS cuenta sólo con un presupuesto de $ 2 millones anuales para controlar la gestión de 19 empresas de distribución, cinco generadoras y la empresa de transmisión. Conviene anotar que el cambio clave que introduce la participación privada es el incentivo de lucro; el impacto de este cambio no debe confundirse con el efecto de la reestructuración; el esfuerzo que ésta ha demandado habrá sido en vano sino se introducen los incentivos que, en última instancia, conducen a que se materialicen los beneficios sociales para los cuales fuera diseñada. Actualmente, el FS, pese a su posición accionaria preponderante, está maniatado frente a intereses locales en el manejo de las empresas bajo su tutela.

Vulnerabilidad institucional. La reforma sectorial tiene como uno de sus principales objetivos el atraer inversionistas en la generación y distribución de energía. Para ello se requiere seguridad jurídica, uno de cuyos elementos es la estabilidad tanto en las reglas y principios que rigen el funcionamiento del sector, como en las decisiones de las instituciones que lo gobiernan. Actualmente esto no se da, particularmente a nivel del ente regulador (CONELEC). Existe un consenso con respecto a la seriedad en los análisis técnicos de CONELEC, y una desconfianza con respecto a las decisiones que toma su directorio, el cual está dominado por representantes del Ejecutivo cuya influencia desproporcionada puede echar atrás decisiones de vital importancia. Prueba de ello es la congelación de tarifas que se ordenó en abril de 2002 y que truncó un proceso de reajuste tarifario que hubiera culminado llevándolas a niveles de costos económicos. Por otra parte, dentro de las funciones asignadas a CONELEC, está la gestión de empresas intervenidas. Esta función tiene el grave inconveniente de inducir un conflicto de intereses puesto que el regulador tiene un incentivo para favorecer a las empresas intervenidas bajo su tutela, con miras a su recuperación. Un ejemplo de este conflicto está en la actual intervención de EMELEC, empresa con el mayor mercado del país, que no se halla actualmente sometida a las mismas reglas de fideicomiso que las demás empresas de distribución, con lo cual se afecta el mercado mayorista, y se establece una percepción de discrecionalidad e inequidad en las decisiones del regulador.

Sostenibilidad incierta del Mercado Mayorista (MEM). El MEM ha sido competentemente administrado por CENACE que proyecta una imagen de seriedad, transparencia y equidad, especialmente en la función crítica de despacho del sistema y en la administración del mercado, que son sus dos principales funciones. Prueba de ello es la confianza que infunde entre los agentes del mercado y la ausencia de demandas respecto a sus actuaciones aunque cabe notar que el mercado involucra casi exclusivamente a actores públicos hasta el momento. Sin embargo y talvez en gran parte debido a esta última característica, la liquidación de transacciones en el MEM no ha arrojado resultados satisfactorios, al haberse acumulado deudas de los distribuidores por un monto que actualmente alcanza la suma considerable de $ 430 millones. Esto equivale a unos ocho meses de facturación de la totalidad del sector. El déficit del MEM se origina en insuficiencia tarifaria (aplicable a todas las distribuidoras), en rezagos en pagos (aplicable específicamente a EMELEC que constituye el mayor deudor del MEM) y en las grandes ineficiencias a nivel de la distribución. Una parte de este déficit (del orden de US$40 millones en 2001) la financia el Gobierno en relación con las deudas de las generadoras térmicas con Petroecuador. Ante la evidente insuficiencia del recaudo tarifario, los ingresos de las empresas de distribución (con la notable excepción de EMELEC) se administran mediante un fideicomiso el cual autoriza pagos de acuerdo con el siguiente orden de prioridad:

- un porcentaje del Valor Agregado de Distribución(VAD)para las empresas distribuidoras,

- pagos por suministro contratado con generadores térmicos privados,

- pagos contratados por interconexiones internacionales,

- pagos por combustible de empresas del Estado,

- remuneración de la empresa de transmisión, y

- pagos de transacciones en el mercado ocasional, en donde se acumula la mayor parte del déficit.

En última instancia, la deuda con los generadores se traduce en el no pago de obligaciones contraídas con Petrocomercial (subsidiaria de la empresa pública Petroecuador), empresa que por su carácter público, no corta el suministro de combustible al sector eléctrico. Esta acumulación de deuda será probablemente objeto de arreglos ad boc que no responden a principios económicos, y no es financieramente sano ni conviene que se acumule más allá de su nivel actual.

REAJUSTE TARIFARIO NECESARIO PARA LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SECTOR

La sostenibilidad financiera del sector está íntimamente ligada al déficit del mercado ocasional. La tarifa media para clientes regulados en junio de 2002 alcanzó un valor de 5, 6 kWh y está congelada desde abril de 2002. El precio de eficiencia ha sido estimado alrededor de 10,4 i/kWh " con lo cual se conforma un rezago tarifario que requiere un ajuste de aproximadamente 21% para alcanzarla meta. La diferenciase concentra primordialmente en los usuarios residenciales cuya tarifa media en el mes de junio de 2002 fue de 5,7 i/kWh. Este valor esconde sin embargo un subsidio cruzado que favorece a los usuarios cuyo consumo se sitúa por debajo de la media de cada empresa