Reforzar el Acervo Moral del Pueblo Venezolano

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Los espacios de aprendizajes y formación deben adecuar los planes de estudio en todos los niveles para la inclusión de estrategias de formación de valores cónsonos con la nueva sociedad que estamos labrando. Desde la familia, la escuela, el liceo, la universidad y las mismas instituciones de los cinco Poderes Públicos deben ser espacios naturales de formación ciudadana crítica, contralora y de acción a favor del bien público, cuidado y uso racional del bien común para que se constituyan en modelos de praxis educadora.

Sin lugar a duda, el objetivo estratégico más vinculado al tema que me animó a hacer este artículo se trata del que establece el “Fortalecer la contraloría social”. Creo que desde 2010 cuando se aprobó la Ley de Contraloría Social este ha sido el documento oficial que apoya la posibilidad de construir una cultura y una acción sociopolítica contralora, que a su vez refuerza los otros objetivos nacionales. El Plan define como objetivo general “Continuar promoviendo la contraloría social como estrategia para el ejercicio de la potestad y la capacidad del Pueblo para supervisar la gestión de los organismos de la administración pública en el manejo de los fondos públicos y en la eficacia en el alcance de las metas de gestión pública, dotándola de herramientas que fortalezcan su desempeño.

Se trata de democracia directa y escucha de los saberes del pueblo para prácticas emancipadoras y revolucionarias en el tiempo. “Desatar la potencia contenida en la Constitución Bolivariana para el ejercicio de la democracia participativa y protagónica” y de “Establecer un sistema de comunicación permanente, para escuchar al pueblo organizado y al pueblo despolitizado, como parte del esfuerzo para la construcción colectiva del Estado Socialista, bajo el principio de “mandar, obedeciendo”. Sin esto no hay contraloría social.

No se olvida este Plan de la necesidad de los funcionarios o servidores públicos, las sanciones, los trámites innecesarios. Para “Forjar una cultura revolucionaria de servicio público, en todos los ámbitos, fortaleciendo el criterio de que los funcionarios de la Administración Pública son ante todo servidores públicos y están allí para servir al pueblo de forma expedita y honesta”; “Profundizar y ejecutar los mecanismos de sanción política, administrativa y penal, según sea el caso, para los servidores públicos que incurran en ineficacia administrativa, política y en hechos de corrupción” ; y por último, “Suprimir todos los trámites innecesarios en los requerimientos exigidos a los ciudadanos y ciudadanas para realizar operaciones legales con el Estado o para obtener licencias, registros, diplomas, certificaciones, etc.”