TRABAJO PRÁCTICO EVALUATIVO: GOLPES DE ESTADO Y RÉGIMENES AUTORITARIOS.

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Política durante la crisis española.

Las consecuencias que trajo consigo la crisis económica española afecta de manera directa a la sociedad, y al ámbito político, la reducción del PIB, un desempleo de 15.9% de la población activa que equivale a 3.6 millones de personas aptar para trabajar que no tienen ingresos. La caída de los precios y las inversiones fue sumamente notable, estos problemas por lo tanto acontecen no solo a la sociedad sino a un estado que no previo una situación de este tipo.

La crisis se remonta a una crisis política económica, donde el estado y los ayuntamientos tendrían que velar por cómo solucionar los problemas a corto plazo, ya que los economistas prevén que tal recesión no se erradicaría de manera fácil, por lo tanto, los ayuntamientos, cuyo plan principal debería de ser el de reducir gastos innecesarios, y tratar de generar fuentes de trabajo. sin embargo la situación ha sido difícil puesto que la crisis se ha producido por la crisis de los mercados inmobiliarios. El populismo ha sido un tema de demanda por parte de los inversionistas que solicitan dinero para reponer gastos que se han hecho de manera inapropiada y que se han utilizado de manera inapropiada.

Los niveles de gobierno que se manejan dentro del estado español tiene un alto nivel de autonomía, lo cual perjudica a la hora de tomar las decisiones, lo cual aleja de una solución inmediata, por los intereses personales que se manejan a nivel institucional.la descentralización ha llegado muy lejos, y las instituciones ha logrado tener poder gracias a esa autonomía que manejan y así se ha logrado que estas gestionen casi el 36% del gasto publico. Este aspecto a nivel Europeo iba muy por encima de las políticas que poseen los países federales que están dentro de la unión Europea (Alemania, Bélgica y Austria) donde solo se regula un 25% del gasto público total, las competencias reguladoras dieron lugar a unas fragmentaciones el mercado interior en varios sectores.

La administración judicial se volvió obsoleta que se pudo ver claramente reflejada en la desigualdad de los servicios públicos como en sanidad, la educación y discriminación lingüística en las diferentes regiones del país. Así mismo la inseguridad jurídica se ve más fuerte y es ahí donde recae en el organismo judicial, la organización estatal freno el proceso para una planificación de política hacia la salida de la crisis pues el estado carecía de recursos y los pocos que tuvo, fueron de uso para los sectores autónomos que pudieron disponer de ellos hacia intereses de los gobiernos regionales que estatales. En especial de aquellos que, influenciados por coaliciones nacionalistas, intercambian reconocimientos competenciales o dotaciones presupuestarias por su apoyo político en el Parlamento de la Nación. De ahí que sea impostergable la revisión del marco competencial de las diferentes Administraciones para resolver los principales problemas, también los económicos, que perturban a los ciudadanos. Esta es una tarea que tuvo que emprenderse a la vez que se abordaba la política económica para afrontar la crisis, lo que sin duda complico aún más las cosas al estrechar el margen de actuación del Gobierno.

La economía fue el eje principal para que todo los elementos que conforman el estado español se vinieran abajo, puesto que la fragmentación de los gobiernos e instituciones son los pilares que por no estar bien sementados, la recesión fue una crisis que afecto varios años y causo una inestabilidad en Europa.

Las empresas fueron, en su mayoría quienes tenían el poder. El entonces presidente, Mariano Rajoy, aprobo en diciembre de 2015 una prórroga de 60 años para la empresa papelera ENCE en Pontevedra. La exministra del PP Isabel Tocino es consejera de esa empresa, con un sueldo de 87.000 euros anuales. La corrupción se vio aumentada durante ese gobierno y las empresas tuvieron poder político asi como los políticos tuvieron el poder empresarial. Es decir que todo estuvo concentrado en un mismo grupo de personas

El fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido, reveló que en noviembre de 2009 se estaban tramitando un total de 730 causas contra cargos públicos por corrupción. PSOE y PP acumulaban entonces 464 del total de las causas (264 el PSOE y 200 el PP). En cuanto al resto de partidos políticos, Coalición Canaria acumulaba 43 causas, CiU 30, el Partido Andalucista 24, Izquierda Unida 20, el Grupo Independiente Liberal 17, Unió Mallorquina 7, Esquerra Republicana de Catalunya 5, Bloque Nacionalista Galego 3 y PNV otras 3.

Los partidos políticos eran extra financiados, y quedaron en deudas, en espala se tiene la obligación de explicar la situación financiera en los libros de contabilidad presentar anualmente ante el Tribunal de Cuentas de España. Seis meses después, el organismo tiene que emitir un informe sobre su adecuación o no a la legalidad. Sin embargo, el último informe sobre el estado contable de los partidos políticos es de 2007. Teniendo en cuenta este retraso de cinco años y que la nueva ley aprobada en 2012 establece un plazo de prescripción de cuatro años para los delitos de financiación irregular, es muy difícil que el Tribunal de Cuentas llegue a tiempo para penalizar comportamientos fraudulentos. La prescripción fue introducida en la Comisión Constitucional posterior al proyecto de reforma de la ley.

En 2007 la deuda de los partidos políticos con los bancos era de 227 millones de euros, 59,4 millones el PP y 59,9 millones el PSOE (el PSC tenía créditos por otros 10,4 millones). Un informe de marzo de 2012 revelaba la opacidad de los partidos políticos

En España, ser político es una profesión, a diferencia de Suiza donde hay políticos milicianos. Gozan de privilegios fiscales, entre los que destacan que los parlamentarios sólo necesiten siete años para cobrar la pensión máxima, mientras que los trabajadores normales, con 15 años de cotización, la pensión se iría solamente al 50%. Esta medida se implantó para permitir que los políticos exiliados durante la dictadura franquista pudieran acceder a una pensión al regresar a España tras la Transición, sin embargo, se ha mantenido a pesar de que ya ha perdido su razón de ser.

Por otro lado, el paro que les corresponde si cesa su actividad en el Parlamento es de una mensualidad por cada año de permanencia en las cámaras (el máximo es de 24 mensualidades a percibir) con un salario base de 3.126 euros mensuales, superior comparable con cualquier prestación normal por desempleo. Por otro lado, no es necesario ningún requisito de estudios, ni se realizan ninguna oposición o examen que habilite al político presentarse en una lista