Legislación Ambiental

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INTRODUCCION

El Proyecto de cascada chile, se llevará a cabo en la región de los Lagos, en la localidad de Bahía Ilque, ubicada a 20 kilómetros al sur - oeste de Puerto Montt, el proyecto consiste en la construcción y operación de un complejo industrial de procesamiento maderero, el que incluye una planta de producción de PANELES DE PLANCHAS DE OSB, MAS LA IMPLEMENTACION DE UNA SEGUNDA PLANTA DE ASTILLAS, UN PUERTO Y UN AREA DE OPERACIONES PARA BARCAZAS.

El bosque nativo templado de hoja perenne es una característica ambiental fuerte de las Regiones IX a XI en Chile. Por su importancia económica y su condición de componente fundamental de un ambiente natural particular y único, convergen en él los intereses de diferentes actores económicos y sociales de la región y también del nivel nacional. El recurso forestal y su ambiente natural están hoy en el centro de un conflicto que, dicho a grandes rasgos, opone un modelo de desarrollo económico basado en la tradicional explotación de los recursos naturales con bajo valor agregado, y actividades económicas no tradicionales ligadas a la adopción de un modelo de desarrollo sustentable y respetuoso del medio ambiente.

Analizaremos acá el caso del Proyecto Cascada Chile (PCC) como forma de identificar los diferentes actores, sus interacciones, estrategias, conflictos y alianzas. Se trata de un complejo industrial maderero y portuario que busca implantarse en la Región, y que en 1998 fue sometido para su aprobación a las autoridades regionales responsables de la calidad ambiental.

DESARROLLO

En enero de 1999 llegaba a su fin el proceso del Sistema de evaluación del impacto ambiental (SIEA) realizado por la CONAMA de la Región de Los Lagos, en cumplimiento de los Estudios de Impacto ambiental (EIA) presentado por el Proyecto Cascada Chile (PCC), que intentaba instalarse en Bahía Elqui, 20 km al sudeste de Puerto Montt. Según la información entregada por la empresa, el Proyecto es un joint venture de las empresas dilema Maderas Cóndor y la estadounidense Boise-Cascade, que se presentan como entidades con larga experiencia en la explotación forestal con vistas al aprovechamiento industrial de la madera. En este caso, el objetivo es realizar una inversión de USD $180 millones destinados a construir y operar un complejo industrial de transformación de la madera, y un puerto de gran calado para todo uso Se fabricarán y exportarán paneles de láminas de madera orientadas y astillas. Las autoridades del PCC afirman que se crearán empleos para los hombres y mujeres de la zona, tanto en la construcción como en la fábrica y el puerto.

En ese momento la empresa presentaba los Estudios de Impacto Ambiental de los tres proyectos que la empresa cuenta construir y operar a la Dirección Regional de la CONAMA de la Región de Los Lagos, para que fueran sometidos al SEIA (Sistema de evaluación del impacto ambiental). Una vez que PCC expuso el proyecto ante el Comité Técnico de Evaluación de la CONAMA, éste se dividió en tres subcomisiones: marítima portuaria, forestal, fábrica y aspectos sociales. Según las primeras conclusiones de las subcomisiones, comunicadas a las autoridades de PCC en el Informe consolidado, en varios puntos la información presentada en los EIA era insuficiente para evaluar el proyecto. Señalaron en particular las comisiones la insuficiente información en relación al recurso forestal: su sustentabilidad, los volúmenes a extraer según los usos, los modos concretos de apoyo a los proveedores de madera, y la localización y gestión de las áreas de compensación para algunas especies que serían taladas. Finalmente, las subcomisiones indicaron que el PCC no había dado información sobre las medidas tomadas o a ser tomadas para asegurar la participación ciudadana en el SIEA. Para cumplir con el requerimiento legal de asegurar la participación ciudadana, las autoridades de PCC decidieron realizar un Taller, cuya organización fue confiada a una empresa especializada. Su objetivo era informar acerca de las características de PCC a las personas implicadas e interesadas, y recoger las opiniones y observaciones del público para incorporarlas al Informe consolidado. Entre los 323 invitados había representantes de los sectores del turismo, forestal, de cría de salmón, portuario, comercio, así como de organizaciones no gubernamentales y asociaciones de base, empresarios, parlamentarios, medios de información, autoridades locales, universitarios, y vecinos en general.

En lo que respecta a la responsabilidad del PCC (Proyecto Cascada Chile), por el bosque nativo, se puede indicar que un especialista en ecología de la Región señala que el aprovisionamiento de la fábrica requiere la explotación de entre 2.500 y 9.000 hectáreas de bosque por año, de los cuales se extrae la madera palpable necesaria para la producción de tableros y astillas. Puesto que, según PCC, se utilizarán todas las especies cuyo diámetro sea igual o superior a 10 cm, el especialista afirma que la extracción de estas cantidades sólo puede tener efectos negativos sobre el bosque, aún si la empresa se compromete a mejorar las condiciones de explotación de sus proveedores, los pequeños y medianos propietarios forestales. Este mismo especialista hizo notar que, a diferencia de otros proyectos, la CONAMA (Comisión Nacional de Medio Ambiente), no exigió a PCC inventarios detallados de los recursos forestales a utilizar, ni la explicitación de las medidas que tornaría para resguardar el medio ambiente y la biodiversidad, y hacer las evaluaciones periódicas de los impactos atribuibles a la operación.

En cuanto a la posibilidad de controlar el impacto forestal de las operaciones de PCC sobre el bosque, los defensores del bosque reaccionan con alarma ante la idea que los planes de manejo de los propietarios forestales sean supervisados por la CONAF, que padece crónicamente de insuficiencia de personal y presupuestaria, En esas condiciones, el riesgo de destrucción del bosque es real, a tal punto que se reconoce la incapacidad de CONAF de supervisar eficazmente la explotación del bosque nativo.

Por lo demás, la Ley 19.300 es suficientemente clara en lo que se refiere a la protección del medio ambiente. Esa ley, relativamente reciente en esa año y por lo tanto experimentada, debía ser suficiente para proteger los recursos naturales y exigirle arbitraje de las autoridades públicas en conflictos distributivos como el que acabamos de presentar. Mejorar esa ley en ese año hubiese permitido hacer avanzar los principios éticos que se enfrentan a una realidad económica.

La Ley 19.300 establece el derecho de los ciudadanos chilenos a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y para ello apoya la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, ahora bien, lo que es grave, a la luz de la posición del Ejecutivo, es que por el momento el bosque nativo es la principal ventaja competitiva de la Región de Los Lagos, y también la única fuente de energía compatible con el modelo de desarrollo adoptado.

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