Tratado ambiental.

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La abstención y recusación constituyen sin duda una fundamental garantía en la Administración de Justicia propia de un Estado de Derecho, de ahí que deba considerarse inherente a los derechos fundamentales al funcionario o empleado público y a un proceso con todas las garantías desde el momento en que la nota de imparcialidad forma parte de la idea de funcionario o empleado público en la tradición constitucional. Ser tercero entre partes, permanecer ajeno a los intereses en litigio y someterse exclusivamente al Ordenamiento jurídico como criterio de juicio, son notas esenciales que caracterizan la función jurisdiccional desempeñada por funcionario o empleado público. A protegerlas se dirigen, sin duda, las exigencias de imparcialidad. La sujeción estricta a la ley garantiza la objetividad e imparcialidad del juicio de las instituciones, órganos e instancias, es decir, el resultado del enjuiciamiento”.

Aunque la doctrina sobre la abstención y recusación se ha enunciado básicamente en el ámbito penal, donde adquiere mayor y más trascendental relevancia por la naturaleza de los derechos a los que afecta el derecho penal, es aplicable al ámbito civil y administrativo sustituyendo las referencias a la culpabilidad por aquellas otras que se relacionen con la solución del fondo del asunto y, obviamente, han de ser acomodadas a la propia estructura del proceso[1] Abstención y recusación se conciben como instrumentos de garantía de la imparcialidad del funcionario o empleado público, de quien tiene que decidir la discrepancia existente entre las partes. Por lo tanto, carecen de sentido cuando el funcionario o empleado público no tiene que resolver la discusión jurídica, lo que ocurre cuando es quien debe decidir acerca de una recusación planteada, así como cuando la función del funcionario o empleado público no es resolutoria, lo que sucede si desarrolla funciones de auxilio judicial.

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