Tabla de contenidos: Historia Tyco Internacional

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- El fraude de Tyco Internacional

Los problemas en ADT México, al igual que los que se presentaron en otras partes del mundo, iniciaron en enero de 2002, cuando la empresa presentó problemas de facturación y una ola de irregularidades en los cobros a sus clientes.

ADT comenzó con retrasos en el envío de facturación al cliente, lo que detonó una ola de cancelaciones de contratos. El contrato entre ADT y el distribuidor establecía que el representante entregaría un cargo a ADT, en caso de que el cliente no cumpliera con el pago. Así fue como los roces entre ADT y los distribuidores iniciaron cuando el distribuidor descubrió que el cliente no pagaba porque ADT no facturaba a tiempo y ADT sí hacía el cargo al distribuidor.

Ante dicho desorden, los contadores de ADT México crearon una cuenta concentradora para que en ella los clientes depositaran sus pagos, pero el problema fue que, en unos meses, ya se registraban depósitos por 3 millones de dólares sin saber quién había pagado y quién no. Eran miles de mensualidades sin orden.

Además para cobrar a cada cliente, cada mensualidad debía solicitarse a través de un recordatorio enviado mediante correo certificado (esto por disposición de Profeco), pero ADT nunca envió los recordatorios.

ADT no generó facturas y en su cuenta acumuladora ingresó el equivalente a 90 mil mensualidades sin saber a qué clientes pertenecían.

Los equipos de alarma eran propiedad de los distribuidores, no de ADT, así que cuando un cliente cancelaba el servicio, ADT debía informar al distribuidor para que éste recogiera su equipo, pero tampoco lo hizo y en cambio si descontaba al distribuidor la comisión que le correspondía por ese cliente.

Jorge Hernández, ex directivo de ADT México, encargado de la operación del corporativo en toda América Latina define todos estos hechos como un “fraude” de la filial de Tyco Internacional.

Aunque no fue un problema exclusivo de México, dice, en el país los contadores manejaron que de los 250 mil clientes que tenía ADT, el 20 por ciento, es decir, 40 mil clientes no habían pagado a la empresa, por lo que el presidente de Tyco Internacional decidió cargar el cobro a los distribuidores.

Jorge Hernández recuerda:

“Mi jefe directo era el presidente de Tyco Internacional, y con él tuve como 50 reuniones en Estados Unidos junto con los encargados del área financiera del corporativo, su postura era que los contadores decían que los distribuidores tenían que saldar esas cuentas, mi postura era que le estaban mintiendo porque no existía tal información”.

En una reunión que tuvo lugar en enero de 2002 –relata Jorge Hernández- “el vicepresidente de finanzas de Tyco me dijo “tú tienes que hacer lo que te ordena el que te paga, haz que los distribuidores reconozcan que les vamos a cobrar 40 millones de dólares, dije querido amigo creo que ya la película es muy clara, hay un conflicto de intereses enorme, y eso se llama fraude, así que allí la dejamos”.

El 15 de febrero de 2002 Jorge Hernández haría pública su renuncia y posteriormente se enteraría que el área financiera de ADT canceló el contrato con los distribuidores y además, para no tener complicaciones fiscales, dejaba los saldos a cero.

El otro engaño

Sorpresivamente, sin ninguna notificación previa, a través de una carta enviada a cada uno de los distribuidores, fechada el 2 de agosto de 2002 ADT notificó la terminación del contrato del “distribuidor autorizado” con el único argumento asentado en el documento que indica: “por así convenir a nuestros intereses hemos decidió dar por terminado el contrato”.

A nombre de la trasnacional, la carta fue firmada por el ingeniero Patricio N. González, en su carácter de representante legal de ADT Security Services S.A de C.V justificando que “así convenía a sus intereses”.

La súbita ruptura entre la trasnacional y sus distribuidores es calificada por el ex directivo de ADT México como un fraude más de la empresa para encubrir el fraude de sus malos manejos financieros.

Jorge Hernández relata:

“A fin de cuentas la operación de ADT es un fraude montado sobre otro fraude, el primer fraude fue no cumplir con su obligación en el contrato, facturar a tiempo, cobrar al cliente y pagar al distribuidor y si no se pagaba, evidentemente informar al distribuidor y a los 90 días cancelar el servicio al cliente, porque así lo estipula el contrato, y allí hubiera acabado la historia”.

Pero la historia no terminó. En septiembre de 2002 los empresarios mexicanos demandaron a la trasnacional por fraude y abuso de confianza y es que luego de la arbitraria cancelación del contrato entre ADT y los distribuidores, la compañía no saldó los adeudos con los empresarios mexicanos y se adjudicó los 250 mil equipos –propiedad de los distribuidores- instalados en los domicilios de los clientes y siguió cobrando por un servicio ofrecido a través de quipos que no pertenecen a ADT sino a los distribuidores.

A raíz de la denuncia de los empresarios Raif Shahin Isaac, Gonzalo Quesada Suárez, David Calderón Isladas, Luis Montiel Vilchis y Horacio Cantú Díaz, un juez libró órdenes de aprehensión en contra del director de ADT en México, Patricio Napoleón González Villareal, contra el director de ADT para América Latina, Phil Mcvey.

Abascal Zamora, el abogado de Tyco.

ADT, en respuesta a la denuncia penal contra sus funcionarios, contrató al jurista José María Abascal Zamora, quien como abogado de Tyco Internacional promovió juicio arbitral contra cada una de las empresas mexicanas que demandaron a ADT. Dichos juicios se promovieron ante la Cámara de Comercio de la Ciudad de México (CANACO), misma, donde Abascal Zamora se desempeña como Presidente de la Comisión de Arbitraje; es decir, en la misma área donde la Canaco nombra los peritos que intervienen en las indagatorias sobre conflictos empresariales, lo que lo convierte en juez y parte en este conflicto.

Las demandas arbitrales contra los empresarios mexicanos van de los 2.5 a los 5.5 millones de dólares por “incumplimiento de contrato”.

ADT demandó a las empresas y para dar entrada a sus alegatos, los empresarios mexicanos debían pagar a la CANACO sus cuotas por tramitación de su alegato por montos de un millón de pesos cada uno, pero como la operación de ADT los dejó en