El Defensor del Pueblo: Igualdad de Oportunidades
Enviado por Albert • 3 de Enero de 2018 • 754 Palabras (4 Páginas) • 452 Visitas
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Es un organismo autónomo, independiente de toda autoridad o partido político, de alto prestigio moral y de rango constitucional.
Esta institución no tiene por objetivo sustituir a los organismos de control, al contrario, es una herramienta que busca prevenir y reprimir conductas irresponsables, sugiriendo sanciones disciplinarias para evitar su repetición en el futuro, asimismo proponiendo mejores aplicaciones de las leyes para el mejor bienestar del pueblo.
El hombre tiene derecho a vivir una vida segura sin la necesidad de vivir atemorizado. La seguridad se representa como estar libre de amenazas que pongan en peligro a la libertad y al bien estar del ser humano. Para que exista la seguridad total en una nación debe haber una autoridad que alce la voz y determine cuales son las inseguridades que atentan contra los ciudadanos.
El defensor del pueblo ofrece protección a los que más necesitan junto con ello perfeccionándolo para así vivir una vida más justa y resguardada.
Para resumir podemos decir que los mecanismos de justicia son insuficientes para proteger nuestra seguridad, por eso debemos exigir este derecho.
El derecho a la seguridad social protege a los miembros más vulnerables de la sociedad. Garantiza que todas las personas accedan a los bienes y servicios mínimamente necesarios para una vida digna. Es obligación del Estado asegurar que todas las personas que habitan su territorio estén protegidas contra accidentes, dificultades y enfermedades. La ley debe garantizar que todos los sectores de la sociedad, incluyendo los jóvenes, los ancianos o cualquier ciudadano, para que así vean satisfechas sus necesidades y logren su autonomía. La instauración del Ombudsman generaría el perfeccionamiento y mejor logro de los objetivos de un sistema democrático junto con ello combatiendo contra la desigualdad, los abusos, los errores y la injusticia, exigiéndole a las autoridades públicas que se adecuen a la resolución de los problemas que comprometen el interés público.
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