Características del gobierno de Benito Juárez.

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Éste sistema tan estricto resulta insuficiente para controlar la arbitrariedad del presidente investido de facultades omnímodas, quien dio en llamarse " alteza serenísima " Y anteponer sus grados y condecoraciones en las disposiciones que dictaba, adoptando maneras de tinte monárquico. Bajo esa apariencia se decretaron medidas que perjudicaron intereses de pueblos y personajes en diversas partes del país, y se ordenó la persecución y destierro de los desafectos al régimen, quienes no eran muchos actos Del gobierno, señalando entre los más graves la venta Estados Unidos el territorio de la Mesilla, que pasó formar parte del Estado de Nuevo México. Esta situación se uniendo gobernantes, líderes locales y liberales notables, quien es por una razón habían sido desconocidos, perseguidos y desterrados. Muchos de ellos se adhirieron al plan de Ayutla, firmado en ese lugar el 1 de marzo de 1854 y modificado en Acapulco a los pocos días. El movimiento cobra importancia y se extendió desde las costas de Guerrero hasta el norte del país, uniendo a quienes se consideraron liberales por principios y, particularmente, por su empeño en echar abajo la dictadura de Santa Anna y el proyecto monárquico que prosperaba a su sombra.

Cuando la revolución de Ayutla triunfo en agosto de 1855, aparecieron las diferencias que separan a los liberales, pues mientras no sádica les proponía que las reformas se hicieran cuanto antes, Los moderados advertían que era conveniente dar tiempo para no crear situaciones extremas y evitar la mala disposición de una ciudad, como era la de entonces, apegada intereses y principios tradicionales. Cumpliendo con el principal propósito de la revolución, el General Juan Álvarez, presidente interino, convoco al congreso General extraordinario, encargado de laborar la nueva constitución del país y de revisar los actos del gobierno de Santa Anna.

El congreso constituyente se reunió en febrero de 1856 y concluyó su labor año después, cuando aprobó la Constitución federal de 1857, en la que se estableció en las garantías individuales y un sistema para protegerlas mediante el juicio de amparo. Por lo que hace a la organización de los poderes públicos, el congreso imponía serías limitaciones para el ejecutivo y el predominio de legislativo, pues creo un congreso sin cámara de senadores y le negó el poder de veto al ejecutivo, pues aunque el presidente de la República podía hacer observaciones a las disposiciones del congreso y devolvérselos para su revisión eventual Reforma, quedaba a la arbitrio de este considerarlas o no. Ejecutivo se ay llama así más limitado que no épocas anteriores, lo cual tiene una explicación circunstancial si tomamos en cuenta que el congreso contribuyente era a la vez órgano revisor de los actos de la dictadura de Santa Anna Y se hallaba dominado por los radicales, quien especial ser minoría lograron imponer su proyecto constitucional y de reformas políticas y económicas, para asombro y disgusto de los moderados.

No faltaban razones a uno y otro bando liberal, pues si bien las reformas eran necesarias, también era patente el malestar Y la reacción de la sociedad. Éstos eran notorios desde que, triunfante la revolución de Ayutla, el presidente Álvarez promulgó la ley sobre la administración de justicia y orgánica de los tribunales de la nación, el 23 de noviembre de 1855, por la que se abolieron nos fue eclesiástico y militar en materia civil y penal y se establecieron los tribunales federales, deslindándonos de los del fuero común de los estados y territorios. Después el 25 de junio de 1856, cuando el progreso discutir proyecto de Constitución, se aprobó la ley de desamortización de las fincas rústicas y urbanas de las corporaciones eclesiásticas y civiles, en virtud de la cual las comunidades tenían que deshacerse de sus propiedades raíces para ponerlas en manos de propietarios individuales, con excepción de las dedicadas directamente al objeto de su institución, a fin de que la propiedad de la tierra no quedar estancada en corporaciones de duración y propósitos indefinidos, pues se consideraba que el individuo responsable, velando por sus propios intereses, activaba la producción y el comercio, por lo que no ocurría con las comunidades tradicionales, en las que el interés y la responsabilidad desaparición. La idea era antigua, se nutría del racionalismo individualista de siglos anteriores, y se había tratado de poner en práctica bajo la dominación española y también del distrito y en algunos estados de la primera República Federal, provocando abusos y disgustos. Pese a que se tomaron precauciones para evitar efectos negativos en los intereses de quienes disfrutaban de sus bienes, dando preferencia a los arrendatarios de las corporaciones, no faltaron los abusos de especuladores, ni tampoco grandes alteraciones en los pueblos indígenas, cuyas comunidades se vieron afectadas y avanzar en su trabajo, el gobierno de Ignacio Comonfort, liberal moderado que se hizo cargo de la presidencia de la República desde finales de 1855, tuvo que enfrentar alarmantes levantamientos.

El primero es más grave fue que surgió en la Sierra de Puebla contra la ley sobre administración de justicia y que ocupó la capital del estado, ciudad natal del presidente, sometidos sólo después de un largo y brutal sitio que terminó en marzo de 1856 con la intervención de los bienes del clero poblano para resarcir los daños causados. Tras aprobarse la ley de desamortización, El gobierno tuvo que combatir levantamientos de pueblos indígenas en diversas partes del país. Miguel Lerdo de Tejada, Secretaría de hacienda y autor de la ley, procuro aplicarla y dar constancia de sus efectos; así en la memoria de hacienda advirtió que de julio a diciembre de 1856 se bien desamortización bienes cuyo valor superaba los 23 millones de pesos y que se habían creado más de 9000 propietarios individuales en operaciones que cubrían casi todo el territorio del país. Si esto había provocado disgustos y levantamientos, lo cierto es que los intereses creados se firmaban y los beneficiados por la desamortización estaban dispuestos a defender los contra la reacción de las corporaciones afectadas. Era evidente que hombres de nuevas generaciones, nacidos entre 1810 y 1830, habían llegado los cargos públicos y estaban dispuestos a reformar la sociedad. La caída de Santa Anna marcaba el eclipse político de su generación, nacido en la última década del siglo XVIII. Sin embargo, los años más difíciles estaban por venir, pues la Constitución de 1857 fue rechazada por una parte considerable de la sociedad, que contaba con el apoyo del clero y del ejército, y también de hombres y mujeres de generaciones jóvenes apegadas a los usos y costumbres de sus mayores.

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