"Diplomacias y soberanía" Argentina y Gran Bretaña (1982–1989) Malvinas

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La lucha diplomática en las Naciones Unidas pre–guerra de Malvinas 1960–1976

De acuerdo con la Resolución[12] 1514, "Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales" –aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1960– el colonialismo impedía el desarrollo económico, social, cultural y económico de los pueblos dependientes. La liberación –continúa– era un proceso de liberación irresistible e irreversible. Al año siguiente, se reclamó una solución pacífica a través de la Resolución 1654. Asimismo se creó un Comité Especial –que en última instancia dependía de la Asamblea General– encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración de Concesión de la Independencia a los países y pueblos coloniales. Este Comité ganó más fuerza cuando en diciembre de 1963 se disolvió la "Comisión para la Información sobre territorios no autónomos" pasando las funciones a su esfera. En este Comité se debatió, en septiembre de 1964, la cuestión Malvinas. Poco después el delegado argentino José María Ruda expuso la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas en las Naciones Unidas[13]. El informe definitivo fue finalmente transformado en diciembre de 1965 en la Resolución 2065. Allí se instaba a proseguir las negociaciones. En 1967 se presentó un informe del Comité Especial ante la Asamblea General sobre la situación de los territorios no autónomos, según lo había establecido la Resolución 1654 de 1961. Allí se encontraba la información suministrada por la potencia administradora y las novedades sobre el proceso de descolonización ocurridas ese año. En septiembre, el canciller argentino Nicanor Costa Méndez se dirigió una vez más a la Asamblea General sosteniendo que la soberanía de las Islas Malvinas era una prioridad permanente e indiscutida del gobierno argentino[14].

Una nueva Resolución, la 2621, fue aprobada en la Asamblea General en octubre de 1970. En la misma se hacía mención explícita a las Islas Malvinas, se urgía a aplicar las anteriores Resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad relativas a los territorios bajo dominación colonial. Otra Resolución, la 3160, fue aprobada en la misma sede en diciembre de 1973, reiterando la necesidad de aplicar las indicaciones previstas en la Resolución 2065. Tres años más tarde, en diciembre de 1976, se aprobó la Resolución 3149 en la que se reconocían los esfuerzos del gobierno argentino para facilitar el proceso de descolonización y promover el bienestar de la población de las Islas[15].

Aumenta la tensión

Para mediados de la década de 1960, la situación colonial de las Islas Malvinas era un anacronismo y una carga para la metrópoli. El retiro de los territorios por parte de Gran Bretaña, la creciente presión de las Naciones Unidas, y una revisión de la política de defensa operaban en este sentido[16]. En enero de 1966, el Secretario de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, Michael Stewart, visitó la Argentina. Luego de reunirse en más de una oportunidad con el canciller argentino Miguel Ángel Zavala Ortiz, suscribieron un comunicado conjunto. Por esta declaración, Gran Bretaña aceptó la validez de la Resolución 2065 y accedió a iniciar negociaciones con la Argentina. A partir de ese momento la relación entre ambos países se desarrolló en dos planos de negociación: el multilateral en las Naciones Unidas, y el bilateral.

Sin demasiados avances, a mediados de la década de 1970 Gran Bretaña decidió emprender exploraciones en las aguas adyacentes a las Islas Malvinas para constatar la presencia de petróleo[17]. A través de su Cancillería el gobierno argentino respondió, en marzo de 1975, con un comunicado de prensa afirmando que no reconocía el derecho a la exploración en ningún sentido. A fines de ese año se llevó a cabo en París una reunión para el diálogo Norte–Sur en la que el canciller argentino, Manuel Aráuz Castex, se encontró con el Secretario del Foreign Office, James Callaghan. Los intentos de acercar posturas fracasaron debido a las diferencias en el tema de la soberanía. Más aún, en enero de 1976 arribó a las Islas Malvinas una misión económica británica encabezada por Lord Edward Shackleton[18]. A partir de ello el gobierno argentino congeló las relaciones sin llegar a la ruptura diplomática, y el canciller Aráuz Castex fue reemplazado por el embajador Raúl Quijano. El 16 de enero, un buque de transporte de la Armada Argentina desembarcó en Puerto Stanley[19] con equipos y personal. El Foreign Office calmó la tensión de los isleños informando que era un desembarco legítimo con el objetivo de extender la pista de aterrizaje, según lo acordado en 1972. Al mes siguiente, el 4 de febrero, el destructor de la Armada Argentina ARA Almirante Storni detuvo al buque de investigación oceanográfica, RRS Shackleton, aduciendo que navegaba dentro del límite de la jurisdicción argentina de las 200 millas alrededor de las Islas. Hubo disparos sobre este último, que logró llegar a las Islas Malvinas.

En Argentina la tensión internacional quedó supeditada a un segundo plano –desde hacía varios meses– por el inicio de la más terrible de las dictaduras de su historia. El 24 de marzo de 1976 una junta militar que representaba al ejército, armada y fuerza aérea ocupó el gobierno[20]. El canciller del nuevo gobierno militar, contraalmirante César Guzzetti, reinició el diálogo sobre la cuestión de las Islas entre julio de 1976 y febrero de 1977. Se mantuvieron tres encuentros, aunque las conclusiones de estas conversaciones se mantuvieron confidenciales. Entre 1976 y 1977 el rompehielos argentino ARA General San Martín y el transporte ARA Bahía Aguirre transportaron material y personal para instalar una base en las Islas Sandwich del Sur –Estación Científica Corbeta Uruguay–. Esta vez fue el Foreign Office que, a inicios de 1977, solicitó explicaciones al encargado de negocios argentinos en Londres. Días después respondió oficialmente afirmando que el objetivo era la instalación de una estación científica en jurisdicción argentina[21]. A ello, Gran Bretaña protestó denunciando que se estaba violando la soberanía británica en las Islas Sandwich del Sur. Pero la protesta no fue acompañada de un ultimátum, esperando ser informado de la conclusión del programa científico.

Con este nivel de tensión y desconfianza se llegó a 1982. Para entonces, la Fuerza Armada argentina había proyectado la instalación de una nueva base científica en Puerto Leith (Islas Georgias del Sur - operación llamada Alfa) apenas la delegación británica BAS (British