Efectos Económicos Constitucion 1925

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Gráfico 1

[pic 1]Fuente: Bolt, J. And J. L. Van Zanden (2013). The First Update of the Maddison Project; Re-Estimating Growth Before 1820. Maddison Project Working Paper 4.

La Constitución de 1925 intentó solucionar los problemas sociales, políticos y económicos presentes en el país a través de la promulgación de distintas leyes, dentro de las cuales se caracterizó el cambio en los poderes del sistema de Gobierno, donde se termina con el régimen parlamentarista, pasando al presidencialismo. Este nuevo sistema se caracterizó fundamentalmente por la entrega de poder al Presidente, al cual se le otorgaron funciones administrativas, como por ejemplo la elección y cambio de sus ministros. A esto se le suma la prolongación del período presidencial.

Por otro lado, se estableció un “Estado de derecho”. Esto significó un estado en que se priorizó el trabajo, la industria, las obras de previsión social y la salubridad; en que además de la existencia de una clara y precisa división de poderes, las garantías individuales, como los derechos de propiedad sobre los recursos y los ingresos derivados de su utilización, estuvieron definidos legalmente con precisión.[2]

Dados estos cambios, se intentará explicar que la mayor estabilidad al Gobierno trajo consigo menor riesgo, incentivando la inversión en el país, la cual se ve reflejada en la pronta recuperación de la crisis.

Del parlamentarismo al presidencialismo

No se intenta afirmar que el presidencialismo es en todos los casos un mejor sistema de gobierno, sino que fue el indicado dadas las condiciones de desconfianza y desordenes presentes en el país. Tal como afirma Dieter Nohlen, “el éxito de una forma de gobierno reside en las adaptaciones que éste ha podido realizar dentro de los marcos del tipo ideal, pero en dirección a los requerimientos políticos y sociales”, y es bajo esta afirmación que este texto se basa: el cambio producido al pasar del parlamentarismo al presidencialismo fue lo que Chile necesitaba en ese minuto, la imagen de una persona firme en el poder, la cual se guiara bajo las preferencias del resto del país y no propias, además de la necesidad de que el poder recayera en un ente que no viera su poder como una herramienta de negociación y extorción para los beneficios personales, como sucedió en el período anterior.

Establecimiento de un estado de derecho y cambios en el país

La mayor estabilidad y claridad mencionada es explicada a través de distintos factores. Una de ellas es la regulación y estandarización de leyes. El establecimiento del estado de derecho fue clave, pues en esta Constitución se establecieron y definieron nuevas instituciones, como por ejemplo el Banco Central, o el mismo cambio de facultades del Congreso, y se establecieron leyes claras y precisas. La importancia de las instituciones es fundamental, ya que las sociedades son económicamente exitosas cuando tienen buenas instituciones económicas, y son estas mismas la causa de prosperidad (Acemoglu y Robinson 2005).

Esta mayor estabilidad es confirmada por Arturo Valenzuela, quien afirma que el año 1932 “volvió la estabilidad constitucional luego de un interludio durante el cual varios presidentes renunciaron a su cargo, incapaces de resolver las crisis políticas y económicas”. Se puede ver cómo efectivamente la Constitución de 1925 tuvo una importante participación en estos factores, acompañado de la afirmación de Isaac M. Katz en “La constitución y los derechos privados de propiedad” en que afirma en lo que es la definición de instituciones y de un marco legal, que el lugar más importante le corresponde a la constitución en la cual, además de establecer la estructura y las reglas generales de operación del Estado, se definan los derechos privados de propiedad así como los mecanismos legales para protegerlos.

Por otra parte, el establecimiento del “derecho de propiedad en sus distintas especies” (Capitulo III, articulo 10)[3] se puede mencionar como otro factor de estabilidad ya que tiene un impacto directo sobre la inversión, ya que el establecimiento de leyes que legislen claramente sobre los derechos de propiedad es fundamental para generar la confianza necesaria para invertir. “El agente económico que sacrificó consumo presente y ahorró para invertir en la acumulación del acervo de capital de la economía, y en consecuencia ampliar la capacidad de producción, requiere contar con la garantía de que sus recursos y el ingreso que se derive de su utilización no serán expropiados y que, en caso de que los bienes sean sujetos a la misma, que la indemnización que reciba el propietario a cambio, sea aquélla que reconozca el valor de éstos en el mercado.”[4].

El establecimiento de los derechos de propiedad “genera la confianza en los agentes para que realicen actividades comerciales, ahorren e inviertan en proyectos de largo plazo, entre otros” (Mies, Fuentes 2005). Acemoglu y Robinson, por su parte, afirman que los países con mejores instituciones, derechos de propiedad más seguros, y menos distorción política van a invertir más en capital humano y físico, y utilizarán estos factores de manera más eficiente para alcanzar un mayor nivel de ingresos.

Según el teorema de Coase, cuando existen derechos de propiedad y los costos de transacción son bajos, el mercado privado asignará eficientemente los recursos, independiende de quien posea los derechos de propiedad. La importancia del estabecimiento de los derechos de propiedad reside en que una de las fuentes de la ineficiencia es el Hold Up, que consiste en que disminuye el nivel de inversión porque la elite en el poder no puede comprometerse a respetar los derechos de propiedad una vez que se ha hecho la inversión. Este problema es eliminado al consagrar los derechos de propiedad privada, tal como fue el caso de Chile, cuando en la Constitución de 1925, se promulgó el siguiente artículo: “La inviolabilidad de todas las propiedades, sin distinción alguna: Nadie puede ser privado de la de su dominio, ni de una parte de ella, o del derecho que a ella tuviere, sino en virtud de una sentencia judicial o de expropiación por razón de utilidad pública, calificada por una ley…”

Evidencia empírica

Estos cambios comienzan a hacer efecto luego de la crisis de 1929, aproximadamente el año 1932, momento en el cual la principal preocupación del país ya no era hacerle frente a la crisis, y se comienzan a implementar todas las nuevas medidas de la nueva Constitución Política. Aquí se pudo apreciar una mejora en el país, reflejada