La nueva Generación del ´80 (argentina)

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El propósito inmediato de Pellegrini (1890-1892) fue salvar al país de la bancarrota, luego de aquella dramática crisis económica y financiera.

Durante su gestión se sancionaron varias leyes impositivas con el propósito de mejorar la recaudación y, entre otras iniciativas, se le debe la fundación del Banco de la Nación Argentina en 1891, como medio para resolver los embates de la crisis económica que afectaba al sistema bancario, una medida consecuente con la posición proteccionista e industrialista que lo caracterizó. Lo sucede Luis Sáenz Peña, un gobierno caracterizado por múltiples crisis de gabinete, debido a su postura equidistante en medio de desacuerdos políticos que subsistían y que lo llevan a su renuncia en 1895.

Aquel período lo concluye el vicepresidente Uriburu.

El nuevo mandatario restableció la autoridad presidencial y consiguió la anhelada pacificación del país, por medio de un proyecto de amnistía general. Integró su ministerio con miembros del P.A.N. y de la Unión Cívica Nacional.

Durante su presidencia logró el cese de la crisis económica, la balanza comercial exterior arrojó un saldo favorable. La población aumentó a unos 4 millones de habitantes debido a la inmigración.

Luego de la segunda presidencia de Roca, asume el doctor Manuel Quintana hombre de recta conducta no representaba a una agrupación política determinada. Inmediatamente, tuvo que encarar las perturbaciones de la clase obrera, debidas a los problemas sociales. Pese a la agitación política mejoró la economía del país, continúa expandiendo la línea ferroviaria y la inmigración aumenta a cifras altísimas.

Finalmente la presidencia le es otorgada gracias al vicioso sistema electoral a Roque Sáenz Peña (1910- 1914), quien estaba dispuesto a imponer un amplio abanico de reformas políticas.

Trabajó en favor de una verdadera restauración democrática, lo que tuvo como consecuencia una Ley electoral que establecía que el voto era obligatorio a partir de los dieciocho años de edad (solamente hombres), individual y secreto.

Ley Sáenz Peña (p.6)

Durante el gobierno de Julio Argentino Roca, se promulgó una ley electoral que estableció un nuevo sistema, de circunscripciones uninominales, que permitía elegir diputados por distritos, esto significaba la descentralización de los comicios, que se harían no sólo en los atrios, sino también en las escuelas y centros culturales. Esto posibilitó el acceso al poder de candidatos populares.

Bajo el gobierno de Quintana, se retornó al sistema de lista completa.

En 1909, la Unión Cívica Radical, que había nacido como partido de oposición, el 1 de septiembre de 1889, como Unión Cívica Nacional de la Juventud, con el lema de “el libre derecho al sufrago, sin intimidación y sin fraude”, exigió una reforma comicial para impedir el fraude, pero no fue considerada desde el ejecutivo, alegando falta de tiempo. Ante esa respuesta la U.C.R. resolvió abstenerse de presentarse en los comicios.

Bajo la presidencia de Roque Sáenz Peña se dictó la ley 8871, conocida como Ley Sáenz Peña que impuso el voto secreto y obligatorio, para impedir el fraude y posibilitar que los electores voten individualmente en un “cuarto oscuro”.

Se establecía el sistema de lista incompleta o de voto restringido, donde el elector tiene la posibilidad de no votar por la lista entera que se le ofrece, sino por las dos terceras partes de los candidatos, siendo elegidos los que obtengan mayor número de votos, cualquiera sea la lista a la que pertenezcan, asegurándose, así la representación de la minoría.

Consideraba al sufragio como un derecho inalienable de los ciudadanos, y establecía la conformación de un padrón militar, para posibilitar la identificación de los electores.

Se consagró el sistema de sufragio universal, aunque dentro de esta posibilidad, no se incluyó a las mujeres a quienes recién se les reconocieron derechos electorales, por la ley 14032, de junio de 1951.

Por la ley Sáenz Peña se consideran electores a todos los ciudadanos, nativos y naturalizados, que consten en el padrón electoral, desde los dieciocho años de edad hasta los 70. A partir de esa edad el voto es opcional.

Se consideran afectados de incapacidad y privados de ejercer el derecho de sufragio, los dementes declarados en juicio y los sordomudos que no puedan expresarse por escrito.

Por su estado y condición se hallan imposibilitados de votar, los religiosos, los soldados y los detenidos por Juez competente.

Por causas de indignidad, no pueden sufragar los reincidentes condenados por delitos contra la propiedad, durante cinco años después de cumplida la condena, los penados por falso testimonio y por delitos electorales, por el lapso de cinco años.

Las juntas escrutadoras de votos son las encargadas del recuento de las votaciones, reuniéndose en la Cámara de Diputados de la Nación o en la Legislatura, constituyéndose dichas juntas en cada capital de provincia, integrada por el Presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, el Juez Federal y el Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia. En la capital de la república la integrará el Presidente de la Cámara Civil.

La primera aplicación de la ley Sáenz Peña sucedió en abril de1912 en Santa Fe y Buenos Aires, y permitió que accediera al poder en 1916 el candidato por la Unión Cívica Radical, Hipólito Yrigoyen.

Influencia de la inmigración (p.5)

Hasta 1880 se trató “poblar el desierto”, y de promover la agricultura, ganadería y la red de transportes con las dimensiones y calidades necesarias para la posterior industrialización del país.

Casi la mitad de la inmigración era italiana, sobre todo del sur de la península, una tercera parte era española y el resto se distribuía entre polacos, rusos, franceses y alemanes.

Luego de 1880, comenzó una segunda etapa. La tendencia fue la búsqueda de “mano de obra abundante para conseguir una producción masiva de productos agrícola - ganaderos”.

Como el plan de adjudicar la tierra en propiedad no tuvo éxito y encontró resistencia que no se salvaron, el inmigrante se transformó en arrendatario o peón asalariado, y la mayoría buscó asilo en los centros urbanos. El desierto no pudo ser poblado.

En 1884 el 39% de los extranjeros residía en Buenos Aires y el 52% se distribuía