La organización del sistema educativo nacional

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Estas orientaciones serian materia de discusión, tanto en el sector mas tradicionalista y otro mas moderno e la oligarquía. Cada una de la posiciones en juego provenia de un imaginario distinto: algunos soñaban con un país de estancias donde una autoridad fuerte pusiera frente a los peligros sociales y, otros imaginaban posible un país de gente industriosa, con fuente de trabajo y modernas instituciones.

Desde 1880 hasta la llegada del radicalismo en 1916, la política nacional fue hegemonizada por distintas fracciones de la oligarquía. La generación del 80 comenzó con el gobierno de Roca. Una disociación profunda atravesada la cultura de todas las fracciones de a clase dirigente y de los sectores más moderno de la sociedad, creían posible colocar al país en la senda del progreso comprendían que el estado requería reformas entre esas era lograr una educación laica en las escuelas nacionales.

La década del 1880 fue de progreso en el marco del país oligárquico y dependiente. En 1882 Dardo Rocha fundo la ciudad de la Plata y en 1897 creo la universidad de la Plata, que presidia Joaquín V. González, un político y humanista amante de la ciencia y fue orientada por un grupo de positivista encabezados Rodolfo Rivarola y otros. La concepción de la modernización fue estética e intelectual. La investigación científica comenzaba a desarrollarse. Se fundó la sociedad científica Argentina y el círculo medico darwiniano. Roca estaba convencido de que el orden era la base del progreso.

En las últimas décadas del siglo XIX el modelo educativo liberal alcanzaba una expansión en todo el mundo: en México en 1867 dicto una ley de educación pública. En Italia en 1877 se establece la gratuidad, obligatoriedad y laicidad de la educación; en Francia por leyes se sustituyó a los maestros religiosos por laicos. En 1884 se dictó la primera conferencia internacional de la educación en Londres.

En la Argentina se sentía la falta de una legislación que unificara los proto-sistemas creados en las provincias y reglamentara las relaciones entre la nación y las provincias en materia educativa. En 1871 se dictó la ley de subvenciones escolares que sistematizo la ayuda escolar de nación a las provincias, destinada a la construcción de escuelas, adquirir mobiliario, libros y útiles y pagar sueldos de los docentes.

En 1881 un decreto firmado por Roca y su ministro Manuel Pizarro creo el consejo Nacional de Educación del cual fue designado su presidente y los vocales José Wilde y Alfredo Van Gelderen. Las tenciones con los vocales que respondían a la jerarquía eclesiástica que provoco la renuncia de Sarmiento. De esta manera se acentuaba el enfrentamiento entre la iglesia católica y los intelectuales laicos.

La Oposición Nacionalista Católica

Uno de los mayores puntos de conflicto era la garantía constitucional de la libertad de cultos, así como de la libertad de enseñanza y aprender. La iglesia consideraba que era su derecho ejercer el monopolio religioso y pedagógico.

En la segunda mitad del siglo XIX la concepción de la dirigencia católica era menos localista. En córdoba se estaba formado una fuerza ideológica que llegaría a construir un proto-partido político nacionalista católico. Su aspiración era hegemónica a nivel nacional.

A partir de 1862 el nacionalismo católico fortaleció su posición en los medios de comunicación, aquella corriente se difundió en gran parte del país pero constituyo un núcleo duro en noroeste.

En Santa Fe hubo una política secularizadora en la década de 1860, pero fue derrotada y luego se instaló durante años una estrecha relación entre los sucesivos gobiernos. Toco a los Colegios Nacionales y especialmente a las escuelas normales llevar adelante una intensa lucha por la secularización de la enseñanza y de la formación docente.

Pese al avance liberal, la iglesia logro mantener la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en todas las constituciones provinciales. Pero los intelectuales que militaban en el catolicismo no tuvieron una opinión homogénea. Dos publicaciones de la época muestran sus divisiones. La voz de la Iglesia expresaba a la jerarquía conservadora y la unión a los católicos liberales encabezados por José Manuel Estrada.

La Legislación Educativa

En 1884 el congreso de la nación debatió ampliamente y luego aprobó la ley 1420 de educación común, laica, gratuita y obligatoria, cuya jurisdicción abarcaría la capital federal y los territorios nacionales. Se estableció un consejo escolar en cada distrito de la campaña y en cada parroquia de la capital, y un consejo nacional de educación. En el texto de la ley se abrió la posibilidad de su subordinación a la burocracia y de un ejercicio centralizado del poder. La ley reconoce la importancia de las sociedades populares de educación y las bibliotecas populares y aconsejar promoverlas, pero como organismos complementarios.

En 1885, por iniciativa del presidente Avellaneda, el congreso de la nación sanciono la ley universitaria. La ley 1579 establecía una forma parcial de autonomía universitaria y aunque en forma limitada.

En 1905 el gobierno presidido por Manuel Quintana sanciono la ley Láinez, que autorizaba a la nación a instalar escuelas de su jurisdicción en las provincias que así lo solicitaran. Entre 1875 (ley de educación de la provincia de Buenos Aires) y 1905 (Ley Láinez) quedo organizado el sistema educativo argentino

Organización de la educación Primaria Argentina

La educación primaria argentina está organizada por la ley de educación común 1420 promulgada en 1884. La ley consta de nueve capítulos que contiene numerosas disposiciones que determinan las características fundamentales de la enseñanza primaria y rigen su organización técnica, económica y administrativa.

En su artículo 1° asigna a la escuela primaria como único objetivo el favorecer y dirigir simultáneamente el desarrollo moral, intelectual y físico de todo niño.

Obligatoriedad de los estudios primarios

El artículo 2° de la ley 1420 establece la obligatoriedad de la instrucción en forma terminante. Se da un gran paso en el adelanto cultural del país para que la escuela pueda cumplir con la función social que le asignan los estados modernos.

La ley 1420 determina, en sus artículos 3°, 4° y 5°, la forma en que deberá hacerse efectiva la obligación escolar. Dispone que ella comprende a todos los padres, tutores o encargados de los niños en edad escolar.