Represión franquista femenina.

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Como se ha dicho la Segunda República animó a no pocas mujeres a salir de papel tradicional y a comenzar a vivir una serie de experiencias vedadas hasta el momento para ellas por una simple cuestión de sexo. Las concepciones franquistas sobre la función de la mujer cambiarán radicalmente aquel discurso republicano, en una vuelta al papel de ama de casa, mujer, madre e hija de excelente y recatado comportamiento que las relegaba a su rol más arcaico.

En su discurso teórico con relación a la mujer, el franquismo apuesta por el retorno a los más rancios cometidos, a doblegarse y la sumisión a las figuras masculinas de la familia y en definitiva de la sociedad, bajo unos postulados ultraconservadores. El extremo machismo del que hace gala su ideario tendrá un reflejo y un efecto directo en el tipo de castigos ejercidos contra ellas, ese tipo de “Represión sexuada”, llamada así por un doble motivo, primero por tener como objetivo directo a las mujeres y su anulación como personas, y segundo por utilizar mecanismos represivos que atacaban directamente a los elementos característicos de la feminidad o del sexo[6].

Pero comencemos por el principio. La violencia política ejercida por el régimen franquista se basa y está inspirada en el terror, infundiendo en la población el miedo hacía las consecuencias que pueden tener todos aquellos actos que no estuvieran en la línea de lo marcado por el régimen. El objetivo y sentido de este terror, es que se introduzca en las propias casas, en la intimidad de las familias y esto se conseguía mediante prácticas de crueldad extremas.

Como se ha dicho antes, el saber que las tropas rebeldes se acercaban a una u otra localidad, era motivo suficiente para que los habitantes huyeran, eran ya de sobra conocidos las prácticas y los mecanismos que serían puestos en marcha en el momento en el que tomaran el nuevo sitio. Aquellos y aquellas que huyeron, unos para siempre y otros sin más remedio que regresar, sufrirían las consecuencias.

Se procedía en primer lugar a los consabidos interrogatorios, no exentos de una brutal crueldad donde eran frecuentes las delaciones[7], era el inicio necesario para reconocer quién era fiel al régimen y quiénes eran los elementos a represaliar, en este aspecto no fue desdeñable la ayuda prestada por la Iglesia. Las mujeres sufrirían otra vez y en una doble vertiente esta violencia, por un lado las que se habían significado, afiliado o ayudado al bando republicano y por otro aquellas que sin haber tenido ninguna vinculación de tipo político eran familiares directas de los que defendieron la República o simplemente habían huido.

Estos brutales interrogatorios seguían casi siempre el mismo patrón, la violación, los insultos, las torturas dirigidas a los atributos femeninos o las palizas, destinados todos ellos a la consecución de una confesión que las implicase a ellas mismas o sus familias o a descubrir el paradero de los huidos. Como no era “suficiente”, una vez pasado ese interrogatorio, que se podría enmarcar en un ámbito más privado al llevarse a cabo normalmente en las dependencias por ellos elegidas de la localidad, tenía lugar después el escarnio público, desarrollado aún con más saña, respondía a la imposibilidad de castigar a sus padres, maridos o hermanos.

En este acto las mujeres veían como la humillación, las vejaciones y la dureza eran llevados al extremo[8]. La práctica más común era el rapado del cabello, otra acción que castigaba en una doble vertiente ya que desposeía a la mujer de uno de sus símbolos de feminidad y además la señalaba ante los demás como una “roja”, como un elemento indeseable de la sociedad, que ahora ya no podría esconder su condición; públicamente se les administraba también aceite de ricino, normalmente 1/4, lo suficiente para que se hiciesen sus necesidades encima, al tiempo que debían entonar cánticos pro-sublevados o llevar escapularios y carteles del cuello. La purga con ricino obedecía a una acción de carácter purificador, de limpieza, con un simbolismo higienizante de aquellas que se consideraban lo sucio y lo inmundo de la sociedad; otra de las prácticas era obligarlas a limpiar espacios públicos tales como la plaza del pueblo o la Iglesia, en conexión con el ritual de saneamiento y pureza.

Todas estas prácticas y castigos conseguían en la mayoría de las ocasiones que los padres, hermanos, hijos o maridos regresaran al conocer la brutalidad a la que estaban siendo sometidas estas mujeres con el consiguiente juicio sumarísimo que los llevaba directa y frecuentemente a ser ejecutados. En otro orden, el daño ya estaba hecho, es decir, la humillación y el escarnio público con la consiguiente pérdida de la dignidad de estas mujeres, aleccionaba de una forma inmediata al resto de la comunidad femenina, que se veía de esta forma desposeída de toda autoestima. Eran maltratos físicos, pero también psicológicos, que provocaban la inmediata interiorización del papel que el régimen tenía reservado para ellas, siempre secundario y siempre sumiso, bajo el yugo de un machismo y una masculinidad preeminente en la sociedad.

- La vida en las cárceles de mujeres

Como se ha hecho referencia en la introducción es gracias a Tomasa Cuevas, que se

comienza a tratar en la historiografía actual la represión femenina durante el franquismo, las penas y castigos infligidos a mujeres. Resulta aterrador comprobar los niveles de crueldad a los que se llegó en las cárceles franquistas, a lo que debemos sumar la falta de higiene, la imposibilidad de dar cabida al gran número de presas y la deficiente alimentación.

Consecuencia directa de aquellos interrogatorios y delaciones será el aumento proporcional de mujeres procesadas y encarceladas. Como se comprueba tras el análisis de los expedientes y fichas policiales, sobre muchas de ellas no pesaba acusación personal alguna fuera de sus lazos de parentesco[9], de aquellos familiares que habían huido o desertado y de los que no se conocía su paradero. Fueron sometidas a la que se conoce como Ley de Responsabilidades Políticas, que tenía además un carácter retroactivo, por lo que podrían ser juzgadas por cualquiera de los hechos que eran considerados delitos por el Régimen, aunque se hubieran cometido con anterioridad al alzamiento.

Las encausadas por lazos de parentesco eran sometidas a Consejos de Guerra, Sumarísimos y de Urgencia, en donde tras una revisión de sus expedientes[10], vemos que se las acusaba de «auxilio a la rebelión» y de «adhesión a la rebelión», siendo condenadas a penas entre doce y veinte años de prisión, y algunas a pena de muerte. Aquellas