Un enemigo para la Nación Orden interno, violencia y “subversión”. 1973-1976 Marina Franco

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La palabra subversión será en adelante la causante de todos los problemas del país, instalada por los medios de comunicación así como también desde el mismo gobierno, tanto de Perón como posteriormente de su muerte por el de Isabel Martínez de Perón, y también de la Dictadura Militar a partir de 1976.

El ámbito obrero: al regresar Perón de su exilio y ganar las elecciones, el movimiento obrero se encontraba en acciones reivindicativas y movilizados en acciones directas y en rebeldía, estos movimientos desde las fabricas desconocían a los grandes sindicatos peronistas desprestigiados desde 1969. En noviembre 1973 el Congreso aprobó la Ley de Asociaciones Profesionales, que buscaba acabar con los denominados “sindicatitos” por los jefes sindicales de primer orden, y esa Ley también les devolvió el poder a estos jefes sindicales. La restricción al derecho a huelga, un único sindicato por rama y la posible intervención de la Gendarmería Nacional para custodiar fábricas con posibles foco de subversión o infiltración marxista, o estar amenazadas por la guerrilla; fueron algunos puntos de esta Ley, que solo fue resistida por la UCR, en ambas cámaras y por las organizaciones peronistas de base, ya que limitaban cualquier reclamo sindical e instalaban una organización piramidal en el movimiento obrero. Si algún sindicato era sospechado o acusado de subversión, sus dirigentes eran removidos o directamente el Estado Nacional lo intervenía, claro son los ejemplos que Marina Franco da: el de SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor) y el de Luz y Fuerza, ambos de Córdoba y el gremio de los gráficos, intervenidos y removidas sus cúpulas, por considerar que realizaban actividades subversivas. De esta manera se ató de pies y manos al movimiento obrero combativo, ya que el término subversión y movimiento obrero se plantearon como una asociación directa. La irrupción de las Fuerzas Armadas (en 1974) en los conflictos laborales, junto con los grupos parapoliciales instalo el terror entre los obreros.

Las dos leyes de Prescindibilidad fueron golpes al movimiento obrero, la primera durante el gobierno interino de Lastiri, en función de discontinuar la administración pública heredada de la dictadura anterior y la segunda con el mismo Perón como presidente, pedida por los sectores peronista para acabar con los enemigos del gobierno dentro de la propia casa. Los que se opusieron a esta segunda Ley, incluso cuando había votado la primera, la consideraban anticonstitucional, más específicamente por contradecir el Artículo 14 bis.

Otro foco de subversión era la educación superior, especialmente las universidades por ser consideradas como movilizadora de jóvenes y de la clase media. Las universidades fueron presas de la legislación restrictiva y la violencia represiva clandestina. La Ley Universitaria de marzo de 1974 volvía a la Ley de 1947 impulsada por Perón, donde las universidades perdían nuevamente la autonomía y se alejaba de aquella Ley Universitaria de 1918. Además se la agregaba la prohibición del proselitismo político así como también se prohibía cualquier idea contraria al sistema democrático que es propio de la organización nacional. La intervención llego a las universidades nacionales, en primer lugar a la UBA, en septiembre del mismo año, amparándose en su artículo 51(incumplimiento legal, de grave alteración del orden público, de conflicto insoluble dentro de la universidad o de subversión contra el Estado Nacional), que clausuro los centros de estudiantes. Desde la revista oficial Las bases dirigida directamente por López Rega, se calificaba y se tejía el triángulo universidad-comunismo-jóvenes capturados por la doctrina marxista-guerrilla/guerra-caos; totalmente opuesta a Perón y la doctrina justicialista pura y antimarxista. Desde la revista se planteaba la depuración que consistía en la clausura ideológica y la represión física abierta. El caso de la Universidad del Nordeste sostiene lo que la investigadora plantea, ya que el mismo gobernador reclamaba la limpieza ideológica de la educación pública para un peronismo puro en la educación pública, al mismo tiempo denunciaba a los directivos de esa universidad y los estudiantes denunciaban detenciones de compañeros por tener en sus manos supuesto material marxista.

No solo el movimiento obrero y la educación pública fueron víctimas de este orden institucional desde 1973, sino también el periodismo, diarios y revistas partidarias que afectaban el orden público o incitaban a la subversión, una buena cantidad de decretos lo afirman. Hasta revistas peronistas fueron censuradas como es el caso de El Descamisado, El Peronista y Militancia, acusado el primero de utilizar simbología peronista en forma encubierta para la subversión; y El Peronista de promover la desunión de las fuerzas militares debido a Montoneros. Diarios como Crónica, La Opinión, Satiricón fueron también censurados, acusados por intentar alterar el orden público con diferentes notas. Ya en 1974 con Isabel Martínez de Perón en la presidencia, se censura Noticias, y luego la revista La causa Peronista, acusando su director Rodolfo Galimberti por presentar el secuestro y asesinato del General Pedro Aramburu en 1970 como “General, el tribunal lo ha sentenciado a la pena de muerte. Va a ser ejecutado en media hora.” Esa publicación dio nacimiento a Montoneros, hasta ahí amparados por la Ley de Amnistía de 1973(en 1974 y luego de esa censura Montoneros pasa a la clandestinidad) y esa publicación fue considerada apología del delito, único caso encuadrado dentro de un marco legal, algo que las otras censuras no tuvieron: un sustento legal o un apoyo jurídico en el cual sostener las censuras, ilegales por eso.

A partir de 1973 se comenzó una estatización de canales de televisión privada y la censura de programas de televisión como Almorzando con Mitrha Legrand y se levantó del aire la programación de la radio Rivadavia. El cine también fue puesto en cuestión y varias películas censuradas o nunca exhibidas en algún cine del país. Hasta en cuestiones literarias se prohibió la entrada de libros que alteren el orden institucional de la Nación y la prohibición de escritos que dejen mal parado al gobierno de Perón en el exterior del país. Todo esto fue acompañado por asesinatos de periodistas, extorsiones y atentados a los canales, redacciones y editoriales. Se limitó la opinión extranjera y hasta se prohibió cualquier informe periodístico internacional que afectara la seguridad nacional y la imagen del país. Esto determinaba el cerco ideológico que armaba el gobierno en los distintos sectores antes mencionados, la autora de esta investigación rescata que este método era o fue idéntico al utilizado por la Revolución