La Ley General de Víctimas en México, un esfuerzo legislativo para atender la necesidad de justicia que demanda nuestro país

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El dolor que para una persona puede representar el no saber nada sobre el paradero que ha tenido un ser querido es fuerte, de hecho son muchos los familiares que prefieren hacer a un lado cualquier otro aspecto de su vida mientras se enfocan plenamente a la búsqueda de su ser querido, una tarea que debería ser encabezada por el Estado, aunque ahí están ellos, realizando la tarea de alguien más. La pérdida no sólo es humana, sino que verdaderamente afecta la economía de las personas debido a que el desaparecido puede ser sostén económico, o bien, simplemente dejan de recibir algunos de los beneficios como atención médica o cuidado de los niños.

Hay una premisa con la que parte esta OSC, la cual me gustaría citar a continuación: “…Los casi 250 casos documentados en este informe no representan en absoluto la totalidad de las desapariciones ocurridas en México durante el gobierno del ex Presidente Calderón…” y ahora las cúpulas panistas, y sin necesidad de agregar el calificativo “las altas” quieren imponer a su esposa como la candidata, Margarita Zavala, ¿Qué destino podríamos tener si tendría como consejero cercano a un hombre que posee esas cartas credenciales?.

Las entidades federativas se vuelven una parte fundamental del problema, debido a que no actúan por cuenta propia los criminales, por ejemplo, el caso del estado fronterizo de Coahuila, tuvo casos de funcionarios que indicaban que entre el 2006 y 2012, se tenía un registro de 1,835 personas, tan solo en ese territorio. Supongamos pues que esa cifra multiplicada por 31 entidades más fuera el dato real. Al menos estaríamos hablando de 60,000 personas que se encuentran en esa situación, sin necesidad de recurrir forzosamente a los datos presentados por HRW[10].

Los cinco años que el presidente Calderón hizo a un lado el creciente problema de las desapariciones, los organismos autónomos como la CNDH y el mismo gobierno, no hizo absolutamente nada para adoptar medidas o estrategias para abordar el grave problema al que se enfrentaban. Podría atreverme a afirmar que éste es el origen de la crisis de derechos humanos en materia de desaparición forzada que vivimos hasta ahora y ha tenido un alto impacto en todo el mundo.

Hasta ahora el gobierno de Peña Nieto ha decido terminar con la controversia que existía con esta ley, y ha puesto a trabajar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Además en el estado de Nuevo León, frente al ocaso del gobierno del gobernador Rodrigo Medina y recién asumido el cargo por el ahora titular del ejecutivo de esa entidad, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” tuvo un cambio rotundo en el manejo que se llevaba a cabo por las autoridades, ya que las autoridades del Ministerio Público dejaron de lado los patrones de falta de diligencia e inacción y se ha tomado la iniciativa de crear un grupo específico de casos de desapariciones.

Podríamos llegar a pensar que los esfuerzos de los funcionarios no han servido en lo absoluto, pero esto permitió que los familiares de las víctimas pudieran recuperar la confianza en las autoridades, y de esta manera ellos mismos se involucran en las investigaciones, ayudando a encontrar nuevas pistas y generar pruebas valiosas. Aunque son pocas las personas que han sido halladas bajo este esquema de trabajo, por lo menos se ha visto voluntad de las autoridades políticas para abordar el tema. Por eso la importancia de la Ley General de Víctimas y el funcionamiento que tenga la CEAV.

De acuerdo a la página oficial de la misma CEAV, se define como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía técnica y de gestión, encargada de garantizar la representación y participación directa de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, propiciando su intervención en la construcción de políticas públicas, además el ejercicio de labores de vigilancia, supervisión y evaluación de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Atención a Víctimas con el propósito de garantizar un ejercicio transparente de sus atribuciones. Es el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

De igual manera, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tiene como principales tareas, y sus esfuerzos se centran en:

- Construir el Registro Nacional de Víctimas. Este registro, que será alimentado por las comisiones ejecutivas estatales, facilitará el acceso de las víctimas a la ayuda prevista en la Ley.

- Definir las reglas de operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

- Determinar las medidas de Asesoría Jurídica que los tres órdenes de Gobierno brindarán a las víctimas.

Sin embargo, sus objetivos de acuerdo a la propia Ley General de Víctimas son:

- Fungir como órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas;

- Garantizar la representación y participación directa de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil en el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, propiciando su intervención en la construcción de políticas públicas en dicha materia;

- Realizar labores de vigilancia, supervisión y evaluación de las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, con el objetivo de garantizar un ejercicio transparente de sus atribuciones, y;

- Ejercer las funciones y facultades que le encomienda la Ley General de Víctimas y demás disposiciones aplicables.

Normalmente cuanto se trata de la legislación, el panorama nacional e internacional se puede pintar de manera idealista, pensando siempre en el bien común de las y los ciudadanos, pero también es importante mencionar que a veces el Estado no cuenta con la capacidad suficiente para cumplir los objetivos principales, no solamente en materia de víctimas, sino en general sobre muchos aspectos que se ven relacionados a la justicia.

Si es un pacto federal el que da vida a nuestro país, sería importante que pudieran alcanzarse las metas y grandes objetivos nacionales previstos de manera conjunta, las entidades federativas suelen pensar que no deben responder ante el Gobierno Federal, o que los colores partidistas se convierten en una de las razones principales para no ir en sintonía. Pero el responsable: el Gobierno Federal. Es poco el alcance del análisis que como ciudadanos podemos hacer objetivamente, sin pensar en una serie de consideraciones que se ven inmiscuidas en la difícil tarea de gobernar.