TP Doctrina.

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El artículo 14 bis de la Constitución Nacional consagra la garantía del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Como consecuencia de ello, LCT en su art. 116, lo define como la menor remuneración de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión. La DSI afirma algo similar, la necesidad de que le asegure al hombre y su familia una vida digna en el plano material, social, cultural y espiritual.

Lo cierto es que al observar la realidad del país, se puede afirmar que los salarios en general, no cubren las expectativas enunciadas por la Constitución, como tampoco las contempladas en la LCT, y son muy pocos los trabajadores que perciben ingresos cercanos al Salario Mínimo Vital y Móvil. La OIT afirma que se ha producido una desaceleración en el crecimiento del salario a nivel mundial, por lo cual Argentina no es ajena a esta situación.

En cuanto a legislación destinada al abordaje del salario poco se ha hecho. Se puede mencionar aquí la ley 24.013 (del año 1991), que en el Título I, articulo 2, inc. i, propone establecer mecanismos adecuados para la operatoria del régimen del salario mínimo, vital y móvil. Es importante destacar también que se reactivó el denominado Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil (que había permanecido inactivo durante más de diez años) en el cual los representantes de trabajadores y empleadores debaten el piso salarial, con el arbitrio del Ministerio de Trabajo. Si bien este Consejo no da respuesta a las deficiencias en materia salarial, al menos mantiene en discusión este aspecto fundamental de la dignidad del trabajador.

Es significativo aquí mencionar el pensamiento de la DSI, al sostener que el bienestar económico se logra por medio de políticas sociales de redistribución de la renta, “el bienestar económico de un país no se mide exclusivamente por la cantidad de bienes producidos sino también teniendo en cuenta el modo en que son producidos y el grado de equidad en la distribución de la renta”…[2]

Para concluir considero oportuno realizar algunas reflexiones finales sobre el tema abordado.

Si bien es cierto que los últimos años se han tomado diferentes medidas para disminuir las desigualdades sociales (tales como la Asignación Universal por Hijo), en materia laboral, el país tiene que afrontar seriamente el desafío social de reducir la disparidad de ingresos, reducir del sector informal y también ampliar la protección social.

Por un lado, es necesario que se mantenga activa la legislación destinada a evitar el trabajo no registrado y al establecimiento de una remuneración apropiada. Sin dejar de lado, por supuesto, los demás aspectos vinculados al trabajo tales como el régimen de la jornada, descansos, enfermedades y accidentes laborales, el trabajo de mujeres y menores, despido, indemnizaciones, entre otros.

Por otro lado, y para finalizar me parece trascendental que se establezcan mecanismos para el efectivo cumplimiento de leyes laborales, ya que de nada sirve una excelente legislación que no plasme en la realidad.

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