La mujer y el trabajo.

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A través de las presiones socio-culturales que se ejercen sobre las mujeres, desde empujar a las mujeres “correctas” a limitar “voluntariamente” sus opciones a aquello que se espera de las buenas hijas, esposas, madres y amas de casa, hasta la desvalorización que se ejerce sobre las que se apartan de los modelos impuestos (lesbianas, madres solteras, prostitutas, etc.), se busca controlar a las mujeres no estigmatizadas y disuadirlas de infringir los modelos vigentes. La correlación inversa que se da entre logro económico y prestigio social, que se puede ver en las tareas tradicionales femeninas, llega a su mayor expresión en el caso del trabajo sexual, ya que las ventajas de sus ingresos se anulan socialmente con un incremento, a la violencia simbólica de negarle a su actividad, la condición y dignidad de trabajo. De esta forma, se sitúa este empleo en el mismo campo de denigración que la sociedad reserva para los delincuentes y personas afectadas por las drogas.

La prostitución constituye una actividad refugio con la que se ganan la vida en cada país miles de mujeres con cargas familiares o necesidades económicas urgentes. Ante la pobreza de ofertas atractivas del mercado laboral femenino, el trabajo sexual es visto como una forma dura de ganar dinero pero algo más rentable que las otras opciones que están al alcance de las mujeres pobres y/o con poca formación profesional.

Otro caso que ocurre constantemente es el de las mujeres que migran a otros países, que se encuentran en el país destino en forma ilegal con lo que se facilita su explotación por parte de empresarios inescrupulosos y se las deja indefensas ante mafias y traficantes. Al no tener ningún tipo de reconocimiento legal de su actividad, no recibe una atención como posibles ciudadanas sino como víctimas o cómplices de delitos, esto permite que se ejerza sobre ellas violencia institucional: acoso policial, trato arbitrario, detenciones y deportaciones.

Cuando las profesionales del sexo solicitan asistencia en centros médicos pueden ser víctimas de más abuso, por ejemplo cunado los médicos no están debidamente capacitados pueden ejercerle un tratamiento prejuiciado o abusivo. Los servicios de salud, también pueden negarles el tratamiento, y amenazarlas con denunciarlas a las autoridades. La violencia contra las trabajadoras sexuales es uno de los factores que aumenta la epidemia de VIH en muchos países, porque la violencia contra las mujeres y las niñas está vinculada con su imposibilidad de insistir para usar condones, y en consecuencia su imposibilidad de protegerse, y proteger a sus clientes.

Trabajo Sexual en América Latina y el Caribe.

En Argentina, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR), nació como respuesta al constante asedio y violencia de la Policía a las trabajadoras sexuales. Esta organización esta contantemente buscando que se reconozcan los derechos de las trabajadoras sexuales.

Buscan la aprobación de una ley que regule este trabajo y otorgue a las profesionales del sexo derechos como a cualquier miembro de la clase trabajadora. Además, buscan que medios de comunicación y políticos reflexionen al respecto ya que el trabajo sexual no es ilegal pero tampoco cuentan con un marco normativo que les garantice sus derechos.

Argentina se definió Abolicionista en el año 1951. El país prohíbe la explotación ajena sin penalizar el ejercicio independiente. El sistema abolicionista reconoce la existencia de la prostitución pero pugna por su desaparición sancionando el proxenetismo o la administración del trabajo sexual ajeno. En este marco, el trabajo sexual no se encuentra reconocido como un trabajo ni cuenta con ninguno de los deberes y derechos que involucran al resto de las y los trabajadores.

En 19 provincias argentinas continúan llevando presas a las trabajadoras que ejercen en la vía pública. En distintos municipios, además esta prohibidos los cabarets, y los departamentos privados de Trabajadoras Sexuales Autónomas son allanados por los operadores estatales.

Otra organización que lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales es RedTraSex (Red de Trabajadoras Sexuales de América Latina y el Caribe), está compuesta por organizaciones de 15 países: Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.

Trabajo Sexual en el mundo.

En el Reino de los países bajos, trabajar en la prostitución es legal desde 1911, incluido Amsterdam son 9 las localidades donde se permite, en una zona específica de la ciudad, que las mujeres se ofrezcan desde una vitrina como trabajadoras independientes. Este trabajo es reconocido como tal y las autoridades lo han regulado ampliamente, especialmente el trabajo en burdeles.

En el 2002, se legalizo en Alemania el Trabajo Sexual, con esto las personas profesionales del sexo consiguieron acceder a seguros médicos. Sin embargo la ley dictada ese año tiene sus fallas, por ejemplo, las ciudades pueden determinar que en ciertas zonas no se admitan burdeles y por lo tanto son desplazados hacia las zonas periféricas o industriales. También, los policías pueden irrumpir en los espacios de trabajo sexual sin tener que demostrar alguna razón, en consecuencia, esto genera desconfianza y genera discriminación hacia los trabajadores.

En Suecia, Noruega e Islandia, es legal ofrecer servicios sexuales pero no consumirlos, por lo tanto si un hombre es descubierto con una prostituta él será penalizado pero ella no.

Francia y el Reino Unido, han prohibido numerosas actividades vinculadas al trabajo sexual, como la publicidad o la solicitación, la gestión de un prostíbulo y también el ‘proxenetismo’, definido de manera general como vivir de las ganancias de una persona que ejerce el trabajo sexual.

La organización Global Network of Sex Work Projects (NSWP) está compuesta por redes organizaciones regionales de Trabajo Sexual de todas las regiones globales (África, Asia y el Pacífico, Europa, Latinoamérica y el Caribe, y Norteamérica). Buscan que se reconozca la prostitución como un trabajo, se oponen a la criminalización y apoya la auto-organización y la autodeterminación de las personas que ejercen este trabajo.

En Nueva Zelanda la ley de despenalización de la prostitución fue aproada en 2003.Esto significa que las personas profesionales del sexo, las personas clientes, los directores de burdeles y terceras partes relacionadas pueden trabajar dentro de un marco legal donde las malas prácticas puedan ser abordadas a través de un marco