Brasil: Desigualdad(e) en la educaciónIntroducción a los Estudios de Paz y Conflicto

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Tras el Golpe de Estado y Revolución de 1930, el nuevo Gobierno creó por primer vez un Ministerio Federal de Educación y Cultura (Mota, 2009: 45). Los objetivos de este Ministerio eran establecer educación obligatoria para los niños y niñas de 7 a 10 años. Sin embargo, la administración escolar no tuvo en cuenta a la población que vivía en zonas rurales o alejadas de las capitales por lo que una gran parte de los niños y niñas del país no acudían a la escuela.

En una economía basada en las materias primas y productos básicos, pocos pensaban en la necesidad de que los estudiantes recibieran más allá de unos pocos años de educación, siendo esta muy práctica, limitada y enfocada a la post-incorporación a espacios de trabajo. Dentro de Sudamerica, Brasil fue el último país en desarrollar la educación superior y la universidad.

A partir del 1950, se estableció un proceso de alfabetización de la población (ya que todavía el 64% de ella era analfabeta) que se vio alterado por el inicio de una dictadura en el 1964. No fue hasta el 1988, con el fin de la dictadura y comienzo de la democracia, que se estableció una estructura democrática en la que se garantizaba el derecho a una educación gratuita para todos los niños y niñas de 7 a 15 años en todo el territorio del país (Mota, 2009: 50).

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Efectos y consecuencias en la educación brasileña

Como vislumbra el apartado anterior, la desigualdad en Brasil está relacionada de forma directa con la cuestión histórica. En cuanto a la educación, ésta se ha visto afectada por la forma de organización del estado, la forma de proveer la educación, la desigualdad económica y de renta y el crecimiento de la población brasileña. Es decir, los factores político, ecónomico y social han marcado estructuralmente al sector educativo.

En primer lugar, la organización del Estado es un reflejo de la estructura de la colonización, que estructuró la sociedad privilegiando a determinados grupos. Esta forma de gestionar los derechos y privilegios en favor a lo que comúnmente se denomina como élite, que tiene como origen los latifundios de la época de la esclavitud (Mota, 2009: 47), ha generado una desigualdad en todos lo status de la sociedad. Además, y tal como lo explica la experta sociología brasileña y profesora de universidad en el Estado de Paraná, Eliane Oliveira, los grupos pertenecientes a esa élite entienden el derecho como privilegio y tienen mucha resistencia a abrir sus privilegios para que el resto de la población pueda tener sus mis derechos en la sociedad.

Por lo tanto, esa estructura, esa forma de organizar el Estado en base a los privilegios se ha visto reflejado en un proyecto de educación precario que aún perdura; el sistema educativo de Brasil es un reflejo del sistema de privilegios de la sociedad brasileña. Al entender la educación como privilegio de solo unos pocos, la educación nunca ha sido importante en Brasil desde una perspectiva social y política (Barros, 2000) .

A pesar de la la importancia social y económica de la inversión en educación para cualquier país, el área educativa fue históricamente desprivilegiada frente a otras áreas de inversión en el estado brasileño; el gobierno nunca tuvo gran interés en invertir en educación. Según Barros, Brasil tenía una educación típica de un país que tiene la mitad de renta per cápita de la que tiene Brasil hasta principios del siglo XXI. Además, el gobierno brasileño invirtió en áreas que no son típicas de gobierno como en empresas estatales de petróleo, de energía o telefonía. Por lo tanto, al invertir en demasiados sectores tuvo que dividir el ornamento gubernamental dejando de lado a sectores como la educación o la salud. La manera de estructurar el sector publicó perjudicó a la educación.

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Otro factor que ha ido perjudicando la desigualdad en el sistema educativo es el aumento masivo de población. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), en el 1950 Brasil tenía cincuenta millones de habitantes. Actualmente, la población brasileña supera los doscientos millones, es decir, en poco más de cincuenta años la población ha crecido cuatro veces más. Esto se traduce en una necesidad mayor de plazas y escuelas públicas para garantizar el derecho a la educación tipificada en la Ley 1.394 del 1996.

Como explica la socióloga Eliane Oliveira, en los últimos sesenta y cinco años Brasil ha pasado de ofrecer educación exclusiva para la clase media-alta, a abrirse para toda la población. Este hecho, junto a la poca inversión por parte del Gobierno en educación y el aumento de población ha significado que las instituciones públicas escolares se masifiquen, y por ende, la enseñanza pública haya sufrido un gran proceso de precarización. El sector público no ha conseguido proveer toda la estructura de educación básica y superior que Brasil necesitaba, o sea, el gobierno no garantizó plazas para toda la ciudadanía brasileña en instituciones publicas.

Según el Ministerio de Educación brasileño (MEC), en el 2014 el 70% de las instituciones educativas de enseño fundamental (lo que en España corresponde a educación primaria) son públicas y el 30% restante privadas. En cuanto a la educación secundaria, que allí se denomina enseño medio, las instituciones públicas ocupan el 80% y las privadas el 20%. Estos datos muestran que el Estado cubre gran parte de las plazas de la educación llamada de base (ocho años de enseño fundamental y 3 de enseño medio), por lo tanto gran parte de la población brasileña tiene asegurada la educación básica necesaria. Sin embargo, la desigualdad en cuanto a educación privada y pública se incremente mucho más cuando se trata de educación superior e universitaria.

Según el Censo Escolar de Educación brasileño (CED) del 2015, el 75% de las universidades son privadas y tan solo el 25% publicas. Brasil tiene veinticinco millones de jóvenes de entre 18 y 24 años. De esos, siete millones trescientos mil están matriculados en algún curso universitario. Y de esos siete millones de universitarios, tan sólo un millón seiscientos mil estudian en instituciones públicas y gratuitas. Es decir, el Gobierno solamente puede cubrir las plazas del 25% de los alumnos universitarios; el resto ha de formarse en instituciones privadas.

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Cabe recordar que con la masificación