COMO ACTUA LA DESCENTRALIZACION FISCAL EN EL PERU

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En específico el proceso de descentralización fiscal requiere la posibilidad de las instancias hasta ahora supeditadas bajo el gobierno central de poder llevar bajo su potestad y control la recaudación de los fondos e ingresos necesarios para poder implementar proyectos de desarrollo en pos del bienestar de cada región o localidad. Si bien el aspecto de la recaudación es importante, este no está completo sin la capacidad de cada región o localidad de estudiar, planificar y decidir la mejor manera de hacer uso de sus recursos para así poder cumplir los objetivos y metas planteados.

Es importante destacar también el connotativo social de este proceso, la intención de formar regiones con autonomía es la de poder plantear y desarrollar proyectos que puedan ser de una cobertura más amplia y así puedan ser mejor aprovechados los recursos, pues la por la integración económica y social que existe es necesario que el gasto se de también de una manera integral en todas las regiones con proyectos e ideas que impliquen a más de una localidad en su ejecución y posteriores beneficios para su población.

CAPITULO I

LA DESCENTRALIZACION FISCAL EN EL PERU

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Antecedentes

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Evolución del proceso de descentralización fiscal el en Perú

El Perú es uno de los países más centralizados de la región. Esta característica centralista de nuestro país está asociada a la trayectoria de gobiernos autocráticos, combinada con los fracasos económicos y políticos de los anteriores intentos de descentralización. Siguiendo de cerca la descripción histórica realizada por Zas Friz (1998), la división política del país en circunscripciones territoriales de departamentos, provincias y distritos se plasma en las primeras constituciones, sobre la base de elementos administrativos de la época virreinal que predominan hasta ese momento.

En los primeros cincuenta años de la República, periodo caracterizado por una alta inestabilidad política, se suceden distintos gobiernos militares, los cuales estaban basados en un férreo centralismo. Recién en 1849 se avanza hacia un proceso de desconcentración: se crean las figuras de las autoridades políticas locales, tales como prefectos en los departamentos, subprefectos en las provincias y gobernadores en los distritos. Estas autoridades eran representantes del Poder Ejecutivo y rendían cuentas al gobierno central. No es casualidad que con la entrada del primer gobierno civil, con la elección del presidente Pardo en 1872, se piense seriamente en un proceso de descentralización. Así, en 1873 se dictó la cuarta Ley de Municipalidades, tratándose de avanzar en esas instancias de los gobiernos locales. Desgraciadamente, este proceso se frustra por dos lamentables hechos: primero, por los problemas financieros en 1874 y luego, por la guerra con Chile. Estos hechos generaron una profunda crisis, que se tradujo en nuevos periodos de inestabilidad política y la reaparición del autoritarismo y centralismo como medio para evitar la inestabilidad.

El poco grado de avance logrado con la Ley de Municipalidades de 1873 y la presencia de gobiernos departamentales, se pierde durante el oncenio de Leguía (1919-1930), porque se eliminaron las juntas departamentales y se reemplazaron los concejos municipales por juntas nombradas por el gobierno, de tal forma que el autoritarismo estuvo fuertemente ligado con el centralismo. Después de la crisis de los años 1930 y como resultado del centralismo político, las precarias economías regionales pierden su dinámica y se acentúa la predominancia económica de Lima.

Un gran esfuerzo descentralizador se observó en 1932 y fue planteado por la Comisión Villarán, previamente a la Constitución de 1933. Sin embargo, esta iniciativa fue frenada por la misma Constitución, pues existía el temor que se podía resquebrajar la unidad nacional. A pesar de haberse promulgado la Ley de Descentralización Administrativa No 7809 en 1933, que implantaba los concejos departamentales, esta nunca se aplicó. Más adelante, los gobiernos civiles de 1945-1948 y 1963-1968 intentaron restablecer los gobiernos locales, tal es así que se promulgaron leyes para las elecciones municipales, las cuales solo se concretaron en aquel último periodo. Luego del gobierno militar entra en vigencia la Constitución de 1979, en la que se introduce el término ‘Región’ y se le reconoce autonomía económica y administrativa. En términos generales, el capítulo referido a la descentralización fue deficiente. Las regiones se definieron como entes subordinados al Ejecutivo y con competencias amplias que solo se podían ejercer mediante la delegación. Además, se reinstauraron las autonomías locales, incluyendo la libre elección de alcaldes provinciales y distritales. Paralelamente, se restablecieron las Corporaciones Departamentales de Desarrollo (Corde) como órganos desconcentrados del Poder Ejecutivo, con la finalidad de promover y realizar el desarrollo económico del departamento. Un fuerte impulso a la regionalización ocurre durante el gobierno de García y estuvo motivado básicamente por razones políticas. Basados en el Plan Nacional de Regionalización de 1984, en 1987 se aprueba una primera Ley de Bases de Regionalización, la cual se revisa y aprueba nuevamente en 1988. Como consecuencia de la iniciativa del Poder Ejecutivo, se crearon doce regiones sobre la base de los departamentos existentes. Las regiones eran un nivel intermedio de gobierno, con autonomía económica y administrativa, cuyo objetivo era lograr el desarrollo integral y armónico de la región. Sus competencias (delegadas) fueron amplias, aunque las autonomías limitadas. Así, las regiones no contaban con representantes elegidos directamente por voluntad popular ni con potestad tributaria, y las leyes regionales debían ser promulgadas por el Poder Ejecutivo. Durante los últimos meses del gobierno de García, y de manera apresurada, se empezaron a traspasar las funciones, el personal y los recursos materiales, financieros, presupuestarios y documentarios a los gobiernos regionales. La rapidez del proceso de transferencia por motivos políticos ocasionó un desorden y marcó la pauta para su fracaso.

El gobierno de Fujimori, a partir de agosto de 1990, intentó detener el proceso de consolidación de las regiones, cuyos presidentes pertenecían a los partidos de la oposición. Con el autogolpe de 1992, se suprimieron definitivamente las regiones. Aquel esfuerzo de regionalización puede considerarse un hecho artificial, manejado políticamente por el