Ensayo politicas publicas en latinoamerica

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Por ende: “El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan” (artículo 103).

Un ejemplo de esta normatividad consagradas en la constitución y legisladas a favor de la sociedad está la Ley 1098, por el cual se expide el código de infancia y adolescencia, El cual tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado; Ley 1641 el 12 de julio de 2013, La cual tiene por objeto establecer los lineamientos generales para la formulación de la política pública social para habitantes de la calle dirigidos a garantizar, promocionar, proteger y restablecer los derechos de estas personas, con el propósito de lograr su atención integral, rehabilitación e inclusión social.

Lo anterior, escrito en la Constitución política Colombiana, no se ejecuta, sino medianamente se lleva la realidad debido al contexto de corrupción, clientelismo e ilegalidad, anomalías adheridas al sistema político, como efecto de unas dinámicas clientelistas triangulares, engendradas en cada uno de estos tres momentos previos, que han dificultado el fortalecimiento de las instituciones en todos los niveles territoriales. El tercer desafío que enfrentan las políticas públicas se da por estas relaciones entre funcionarios, políticos y empresarios. Donde los funcionarios necesitan de los políticos para alcanzar sus cargos y mantenerlos, los políticos necesitan de los empresarios para poder financiar sus campañas y los empresarios de los políticos para crear leyes que beneficien a sus empresas. Estas dinámicas recíprocas han sido uno de los principales obstáculos de las políticas públicas, pues crean un triángulo de hierro que concentra el poder y lo utiliza para el beneficio propio de sus actores, excluyendo a la sociedad civil organizada y no organizada, e impidiendo la construcción de una gobernanza. Dado que surgen muchos problemas al momento de implementar las políticas públicas en Colombia. Arroyave (2013), afirma que: “Las políticas públicas se han sustentado a nivel nacional en tres antecedentes: primero, la burocracia como elemento depositario de una previsión universal que trasciende los intereses particulares del ciudadano, es decir, una forma social fundamentada en la organización racional de los medios en función de los fines; segundo, la teoría de las organizaciones, que busca responder a la complejidad de las sociedades modernas a través de una organización corporativista que ha promovido la consolidación del institucionalismo colombiano; y, tercero, el Management Public, que consiste en aplicar dentro de la administración pública prácticas gerenciales propias del sector privado”. Es decir, que se propende por favorecer a los particulares y no al pueblo, quien es el que los elige.

Por ello, Arellano (2013); menciona que es indispensable en una sociedad democrática, que el gobierno rinda cuentas a los ciudadanos antes, durante y después de sus acciones. Por lo anterior, salvo muy contadas excepciones (como por ejemplo ciertas situaciones de seguridad nacional o desastres naturales tras los que hay que responder con suma prontitud), el gobierno no debe actuar de manera unilateral y aislada. Es aquí donde las políticas públicas entran en escena, como un instrumento de gobernanza que posibilita y promueve la deliberación y participación de los diferentes grupos de la sociedad en la formulación, acompañamiento y evaluación constante de la labor gubernamental en todos sus niveles (pg. 10).

Por ende, “Así como los ciudadanos hacemos valer nuestra opinión en el proceso electoral, también tenemos la posibilidad y obligación de dar seguimiento permanente al gobierno en sus acciones” (pág. 9).

Se puede comparar el caso colombiano con un trabajo hecho por, Luis Aguilar, en titulado El estudio de las políticas públicas, se refiere a éstas como “decisiones de gobierno que incorporan la opinión, la participación, la corresponsabilidad y el dinero de los privados, en su calidad de ciudadanos, electores y contribuyentes”.11. Así, Parsons señala la necesidad de comprender las causas, razones y consecuencias de las acciones del gobierno como un proceso de construcción política que inicia por determinar el propio carácter problemático y público de una situación particular. En términos muy generales esto quiere decir, que no todas las situaciones son igualmente valoradas como problemas públicos por los múltiples actores sociales, y que las valoraciones de algunos necesariamente triunfan sobre las de otros (políticamente hablando), para merecer la acción gubernamental.

Por su parte, Mény y Thoeing introducen una distinción importante al incluir las dimensiones “poder público” y “legitimidad” como un componente sustancial de su conceptualización de política pública. Al extender esta definición en un entorno democrático, podemos decir que la acción pública vista a través de sus productos, medios y resultados debe satisfacer la condición de legitimidad en tres momentos:

legitimidad de origen, cuando la acción proviene de una autoridad cuyo poder fue delegado por la ciudadanía mediante una elección con base en el voto libre, universal y secreto; legitimidad de medios, cuando se logra un acuerdo social respecto de los instrumentos válidos y adecuados para resolver problemas específicos; y legitimidad de fin último u objetivo, cuando dicha acción busca efectivamente favorecer el interés público por encima de los intereses privados (lo que no quiere decir que excluya a estos últimos, desde luego).

Finalmente, es Luis Aguilar quien retoma de manera más evidente el componente democrático de las políticas públicas, al vincularlas explícita y permanentemente con la participación corresponsable de la ciudadanía en el ejercicio de la acción pública. Desde esta perspectiva las políticas públicas no son monopolio exclusivo del gobierno, sino unas actividades compartidas y constantes que requiere el trabajo conjunto y constante de gobernantes y gobernadas.

En suma, con todo lo anterior, podemos