“Evolución histórica de la discapacidad y su exclusión en chile”

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como garante al estado. Lentamente y en un proceso no exento de críticas desde la sociedad civil, se ha ido transitando desde el enfoque clásico asistencial de caridad centrado en lo biomédico, hacia uno basado en los derechos humanos, que reconoce a los niños, jóvenes y adultos con discapacidad, como sujetos de derecho y no de caridad, poniendo énfasis en las barreras sociales, más que en la deficiencia física ya que es estas agudizan la exclusión, obstaculizando el logro de la inclusión e integración. Este enfoque centrado en los derechos de las personas, exige que los discapacitados sean vistas como personas objeto de derecho, principalmente el derecho que tenemos todos los ciudadanos de acceder a una mejor calidad de vida posible, lo que conlleva encontrar y disponer libremente de los servicios adecuados para la satisfacción de sus necesidades.

Con el retorno a la democracia en nuestro país se vuelve a poner en agenda nacional el tema de la discapacidad y la inclusión e integración de quienes la sufren, logrando poner en la agenda social estatal la creación de políticas públicas que vallan en pro de la anhelada inclusión e integración social de los discapacitados. Es por ello que en 1994 de la mano de Teletón que en nuestro país se logra la promulgación de la Ley 19.284 sobre integración social de personas con discapacidad, la cual establece normas para la plena integración social de las personas con discapacidad, la cual de la mano de MIDEPLAN crea el primer Fondo Nacional de Discapacidad (FONADIS), servicio público autónomo cuyo objetivo es contribuir a resguardar los derechos de las personas con discapacidad, facilitando y potenciando su inclusión en el sistema de protección social y promoviendo la igualdad de oportunidades y la no discriminación mediante una gestión coordinada, eficiente, participativa y ética. La ley 19.284, faculta a FONADIS para destinar recursos públicos con el fin de:

-Financiar total o parcialmente, la adquisición por parte de terceros de ayudas técnicas, destinadas a personas con discapacidad de escasos recursos o a personas jurídicas sin fines de lucro que las atiendan.

-Financiar total o parcialmente, planes, programas y proyectos en favor de las personas con discapacidad, que sean ejecutados por terceros y que, de preferencia, se orienten a la prevención, diagnóstico, rehabilitación, capacitación e inserción laboral y equiparación de oportunidades.

La ley 19.284 además obliga la creación de accesos para personas discapacitadas los cuales faciliten el normal traslado de las personas con discapacidad, es por ello que la Empresa Metro S.A. a instalar accesos en cada una de las nuevas estaciones construidas en Santiago desde 1994, lo que hoy en día ya es una realidad y obligación.

En los años siguientes nuestro país suscribió una serie de acuerdo y tratados internacionales, adhiriéndose a los avances que logran organismos internacionales como la ONU, OIT y la Organización Mundial de Personas con Discapacidad, Chile ha alcanzado grandes avances, en el camino para reconocer los derechos especiales de las personas con discapacidad. Por ellos en 2002, ratificó la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y en 2008 firma como Estado parte la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con discapacidad y su protocolo facultativo.

En el año 2004, se aplica el Primer Estudio Nacional de la Discapacidad, ENDISC, que reflejó de manera fidedigna la situación de las personas con discapacidad en aquel entonces. Pese a la relevancia de los datos arrojados por el estudio no se ha vuelto a realizar, solo en el último año se han realizado diálogos ciudadanos, con el fin de aproximar los datos a la realidad denominándolos ENDISC II, dejando desde la ENDISC 2004 a la fecha no se cuenta con cifras y datos estadísticos fidedignos, por lo que nos deja hasta hoy sin sustento teórico y estadístico confiable la formulación de las políticas públicas a favor de la inclusión e integración de las personas con discapacidad. Si bien otras encuetas realizadas por el INE, como lo son la CASEN y el CENSO que también consultan por la situación de las personas con discapacidad, no cuentan con el nivel de confiabilidad que se requiere, pues no se basan en las recomendaciones de rigurosidad.

Posteriormente, el 10 de Febrero de 2010 se publica la ley 20.422 que establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, la que a su vez crea el Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS), servicio público funcionalmente descentralizado y desconcentrado territorialmente, que tiene por finalidad promover la igualdad de oportunidades, inclusión social, participación y accesibilidad de las personas con discapacidad, cuya relación con el Presidente de la Republica se genera por medio de Ministerio de Planificación (MIDEPLAN). Desde este servicio se han creado una serie de oportunidades para las personas con discapacidad, promoviéndose la participación social y el pleno ejercicio de sus derechos.

A pesar de los significativos logros que se ha tenido en materia de discapacidad con la promulgación de leyes y la firma de tratados internacionales, así como convenios de protección laboral de la OIT, entre otros, la situación de las personas con discapacidad en Chile sigue siendo adversa, ya que aún existen a diario barreras para el disfrute y goce de nuestros derechos, sobre todo en materias vitales como Salud, Educación, Trabajo y Transporte.

Cuando hablamos de las personas discapacitadas y la posibilidad de que puedan realizar un trabajo remunerado tendemos a creer que no podrán realizar debido a sus limitaciones. Sin embargo, contrario a la creencia la mayoría de ellos puede desempeñarse en algún puesto de trabajo. De acuerdo a lo expresado en el Convenio 159 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) se estipula que debe respetarse la igualdad de oportunidades y de trato para trabajadores inválidos y respecto de las medidas que son encaminadas a lograr la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre los trabajadores inválidos y los demás trabajadores, no deberán considerarse discriminatorias respecto de estos últimos.

A nivel estatal existen una serie de políticas sociales enfocadas en la inserción laboral de las personas con discapacidad, para ello el Servicio Nacional de Discapacidad FONADIS, cuenta con el “Programa de Intermediación Laboral” el cual busca generar mayor integración social, el objetivo principal es satisfacer la necesidad de asesorar directa y técnicamente tanto a los empleadores como a los trabajadores con discapacidad respecto de las formas de colocación laboral, mediante la creación de un modelo de