Fronteras de papel: archivos, colecciones y la cuestión de límites en las naciones americanas de Irina Podgorny (12)

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3- Archivos, anticuarios y fronteras:

Trelles hizo frente al desorden provocado por el tiempo o la acción de sus contemporáneos. En el Museo Publico, del Archivo General o de la Biblioteca, poner orden a los documentos y monumentos de la historia se transformaría en el móvil de su vida. Como archivero general y promotor de revistas, muchas con su propio patrimonio, adoptaría una actitud militante para hacer públicos los documentos de los archivos. Coincidiendo con la Guerra del Paraguay, Trelles inicio la publicación de documentos que permitieran testimoniar los derechos argentinos a diversos territorios ubicados en las fronteras nacionales y provinciales que aun se estaban configurando.

Este problema definido en el cruce de los asuntos diplomáticos, archivísticos e históricos, se enfrentaba con las tecnologías de recopilación, almacenaje y procedimiento de la información, ya usadas con las monedas y los objetos de la historia natural.

En el Archivo, Trelles encontró desorden acumulado. Y ordenando los documentos en épocas, reparticiones y materias, empezó a descubrir aspectos desconocidos y a detectar los títulos necesarios para cimentar los derechos territoriales de la Nación. Y a partir de 1863 empezó a surgir una lista de documentos coloniales originales y en copias que se debían recopilar en el archivo de Indias por parte del cónsul argentino en Sevilla. Asimismo, estableció una red de intercambios de documentos y de datos con distintos corresponsables, todos preocupados por la misma cuestión. Desde Chile, el embajador Félix Frías enviaba recortes de periódicos, copias documentales, investigaciones de las “fuentes chilenas originales”, para acumular y popularizar los títulos argentinos al estrecho de Magallanes y a la Patagonia. De igual manera, Frías escribía a Perú y Bolivia en busca de nuevos datos que también transmitiría a Trelles, quien, por su parte, despechaba copias del Archivo General y viejas publicaciones españolas.

En octubre de 1871, Trelles estuvo en La Nación de Buenos Aires que la cuestión de límites con Bolivia no presentaba dificultades, dado que ambos gobiernos habían reconocido el principio de utis possidetis de 1810, al ocuparse de los limites orientales de Bolivia y analizar los títulos que supuestamente comprobaban el dominio de la Argentina cobre las provincias de Trija y el territorio del Chaco. En enero de 19872, Agustín Matienzo, representante de Bolivia en Argentina y respondió vehementemente a los argumentos de Trelles: cuestionaba la manera de plantear el utis possidetis y señalaba que los argentinos consideraban a Bolivia como una desmembración de la Argentina. Matienzo apuntaba al método e insistía en que había que dejar de mirar en los sobre archivos de los reyes para empezar a analizar la voluntad de los pueblos. A lo anterior sumaba una frase sobre la relación entre documentos e historia: “es evidente que lo que debe consultarse primeramente es la historia, porque los documentos acerca de límites, que no hayan producido hechos públicos son letras muertas”. Es decir, los documentos podían existir y ser auténtico, pero de allí a generar hechos, había un largo camino.

Trelles acepto el debate y definió los archivos de modo bastante similar al que se usaba pare el territorio: lejos de tratarse de los “archivos de los reyes, esos archivos nos pertenecen como legado de la madre patria, como depositarios de la historia colonial y como conquista de nuestra emancipación”. Asimismo, recordaba que las naciones no podían modificar las reglas usadas en las controversias con otras naciones, mencionando que Bolivia había aceptado el utis possidetis de 1810 en su cuestión de límites con Chile.

Desde la provincia de Salta, Juan Martin Leguizamón se sumo a la polémica en abril de 1872, al aportar documentos de la antigüedad Provincial del Tucumán. En el escenario de la cuestión de límites, Leguizamón se correspondió con Frías y Trelles y empezó a dar una serie de artículos a la prensa local.

Leguizamón accedía a los documentos de los archivos coloniales y a otros almacenados por sus allegados y, al igual que Trelles, se apoyaría en sus proveedores de datos y documentos, activando redes locales para la recopilación de las evidencias del pasado local. Y se dedico a demostrar, por un lado, los derechos argentinos sobre el Chaco; por otro, la antigüedad pertenecía de la provincia boliviana de Tarija a la jurisdicción de la Provincia de Salta, contaba en su poder con una cedula que se daba como perdida, por lo menos desde 1825, cuando la provincia de Traja se separo efectivamente de la jurisdicción de Salteña. Mientras los escritores bolivianos sostenían que Tarija había dependido solo del obispado de Salta y no había cambiado de jurisdicción; Leguizamón mostraba que la Real Cedula de 1807 ordenaba que el intendente de Potosí facilite y remita al de Salta los autos, documentos y papales que existían en su Archivo, respectivos al citado partido de Tarija, así en la gobernación, como lo contencioso. Los archivos se usaba como prueba de ese cambio de jurisdicción. Por su parte, en Bolivia se negaban a reconocer la existencia de esta Cedula.

Los territorios y los archivos se habían desgranado durante décadas y nadie podía remitir lo segundo como garantía y guardián de la verdad de los papeles. Como en Bolivia se dudaba de su autenticidad. Leguizamón operaba con testimonio legales de documentos obtenidos en otros archivos y recordaba los archivos donde debían existir copias de los documentos reales y virreinales, títulos y pruebas del derecho territorial: Sevilla, Chacras, entre otras, además subrayaba que en Buenos Aires debía existir lo mismo muchos otros comprobantes sobre este particular; pues la mayor parte de nuestros archivos fueron levados allí, en los primeros años de la revolución. La historia de los archivos mostraba la inestabilidad de las jurisdicciones y la fragmentación territorial a lo largo de la historia.

Trelles y Leguizamón no se consideraban historiadores, ni escritores. Ambos dejarían habla a los documentos, subordinando la narrativa al orden y a la articulación de los fragmentos que probaban los derechos argentinos a estos territorios en disputas y terminaban fijando el esqueleto del territorio nacional. Aunque en los papeles creían encontrar una legitimad que el presente no otorgaba, el problema mayor residía en reconstruir el movimiento de las cosas en el pasado: la historia daba constancia del desplazamiento de los archivos, las jurisdicciones, las fronteras, los cursos de rio, etc. En ese marco, la dispersión y el reordenamiento de gentes y territorio configuran el núcleo antropológico de la Argentina de 1870.