LA LEY 789 DE 2002 Y SU IMPACTO SOBRE EL MERCADO LABORAL EN COLOMBIA

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Dicha reforma, que promocionó el primer gobierno del presidente Álvaro Uribe con el objetivo de crear 160.000 empleos por año en Colombia, y de la cual se dijo que de no aprobarse significaría privar al país de un sistema de protección social integral, durante los años posteriores a su implementación, genero un debate en torno a la efectividad de las políticas laborales, porque no logro demostrar su competencia para crear puestos de trabajo y, en cambio, se convirtió en una forma de generar un detrimento en la calidad de vida de los trabajadores colombianos y sus familias.

Tal fue el punto del inconformismo por parte de los trabajadores, que en el año 2007 fue interpuesta una demanda contra una serie de normas que se encuentran contenidas dentro de la Ley, la cual fue interpuesta por el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Carlos Rodríguez Díaz, quien argumentó que, a pesar de que esta ley ya había sido examinada por la Corte Constitucional en 2004, para ese momento no existían cifras disponibles ni estudios suficientes que ratificaran el daño que ciertas normas de la reforma estaban ocasionando sobre la calidad del empleo.

Básicamente, el tema de discusión se centra en varios artículos, como el 25, el cual amplió la jornada laboral diurna, antes estaba desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, a partir de la modificación de la norma esta jornada se amplio de 6 de la mañana hasta las 10 de la noche; el articulo 26 el cual redujo el pago adicional de los domingos y festivos trabajados; el 28 rebajó las indemnizaciones por despidos sin justa causa y finalmente el 51, les permitió a los empresarios y empleadores acordar entre ambos el horario de trabajo durante la semana según las conveniencias de cada uno. A raíz de esto, algunos sectores argumentaron que el efecto más notable de la reforma ha sido la disminución en la calidad del trabajo y el incremento de las utilidades de las empresas a costa de los ingresos de los trabajadores menos calificados. Otros arguyen que la reforma ha contribuido de manera notable a aumentar la demanda por trabajo y a impulsar la recuperación de la inversión privada. Por su parte, el gobierno hizo énfasis (en su momento) sobre los beneficios sociales aprobados por la reforma, los cuales constituyen, en opinión del mismo, un primer intento de brindar protección efectiva a los desempleados.

Con el fin de tener una idea cercana del impacto generado por la reforma sobre el comportamiento del mercado laboral a partir de la expedición de la normatividad, el presente trabajo tiene como propósito conocer de manera aproximada los alcances y fracasos que mantuvo la Ley 789 sobre la estabilidad laboral, el desempleo y la formalización de las relaciones laborales durante los cuatro años siguientes a su expedición, tiempo en el que dicha reforma debería demostrar los resultados para la cual fue creada, utilizando para ello una serie de artículos, muchos de estos con puntos de vista diferente acerca de esta situación. Asi mismo y con base en la misma información secundaria, se intenta identificar los efectos generados por la reforma sobre distintos aspectos del mercado laboral tales como el desempleo, el empleo y el nivel de formalidad.

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El mercado de trabajo es uno de los más importantes en cualquier economía. En él se determinan tanto el empleo como los salarios que resultan de un proceso complejo en el cual intervienen los individuos, los cuales ofrecen su mano de obra, las empresas que demandan trabajo y el gobierno, actor importante e influyente, ya que de una parte fija la normatividad relativa al campo laboral y en muchas ocasiones se convierte en una fuente de empleo considerable (Cárdenas, 2009).

Además este mercado es uno de los principales receptores de las transformaciones económicas con manifestaciones como la variación de las tasas de desempleo y ocupación o el incremento de los niveles de informalidad en el empleo y la precariedad de los ingresos. La búsqueda de la creación de empleos de manera perdurable y sostenible requiere de la implantación de políticas que propicien una alta dinámica de crecimiento en las diferentes ramas económicas, con programas focalizados que contribuyan a corregir algunos desequilibrios y situaciones críticas de empleo en los grupos más vulnerables de la población.

El conjunto de reformas laborales que se han llevado a cabo en América Latina ha sido uno de los temas centrales del debate económico y social durante las últimas décadas. Gran parte de los países de la región en el decenio de los noventa realizaron modificaciones, más o menos profundas, en su normativa de trabajo. Estas modificaciones vinieron justificadas por la necesidad de generar empleo o por la importancia de eliminar rigideces existentes en la legislación y en las instituciones de trabajo, que parecían impedir a las empresas adecuarse a la actividad económica en el marco de los procesos de apertura existentes.

Estos argumentos fueron cuestionados por las organizaciones sindicales y ciertos sectores académicos, al considerar que las reformas realizadas no sirvieron al objetivo de generación de puestos de trabajo y que, por el contrario, lo único que lograron fue la precarización del empleo, el crecimiento de la economía informal y una mayor desprotección social[1].

La evidencia muestra que los efectos esperados como consecuencia de las reformas no se alcanzaron. En efecto, si bien se generó mayor empleo, este fue de baja calidad, mientras que el número de trabajadores que integran la economía informal ha seguido creciendo con una paralela desprotección social y un escaso goce de beneficios. Sin embargo, y a la vista de tales efectos, con frecuencia se argumenta que el no haber alcanzado los objetivos esperados en la región es consecuencia de que, hasta ahora, se ha aplicado una reforma laboral sólo parcial e inacabada. Dichas modificaciones en la normatividad laboral resultan, en muchos casos, insuficientes al no proponer mecanismos adecuadamente flexibles en materia de modalidades de contratación y de facultades y formas de terminación de la relación de trabajo, aunque día tras día este argumento se ha venido debilitando[2].

Una muestra de ello es el menor número de reformas laborales emprendidas en los últimos años. En la actualidad, la existencia de todo un fenómeno social ligado a la firma de los tratados de libre comercio abre de nuevo el debate sobre la reforma con un enfoque particular y diferente; la necesidad imperativa de cumplir efectivamente con los derechos fundamentales en el trabajo, consecuencia