PROPÓSITO DE LA VIOLENCIA DELICTIVA

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Para el año 2016, un informe estadístico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), informaba que los índices de delincuencia, criminalidad e inseguridad ciudadana afectaban en orden de importancia a las ciudades de La Paz, Santa Cruz de la Sierra y El Alto, cometiéndose a diario 40 hechos delictivos en La Paz, 29 en Santa Cruz de la Sierra y 22 en la ciudad de El Alto, estas tres ciudades concentraban el 85% de los índices de criminalidad. Sin embargo, a principios de mayo de 2017, el Ministro de Gobierno Dr. Carlos Romero, anunciaba que la ciudad El Alto es la urbe donde se comenten más homicidios, asesinatos, feminicidios e infanticidios y ubicaba en un segundo lugar a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y luego a las ciudades de Cochabamba y La Paz.

En función de esta realidad descrita se considera que violencia e inseguridad ciudadana se instalan como una de las mayores preocupaciones tanto en autoridades nacionales, regionales y locales como en instituciones públicas y privadas que trabajan sobre ambas problemáticas sociales. Si bien es cierto que estos actores sociales e institucionales han desarrollado ciertas acciones preventivas y punitivas con el afán de promover y garantizar la seguridad ciudadana, también es evidente que la mayoría de ellas han fracasado o han resultado insuficientes. En tal sentido, con el afán de superar o por lo menos mitigar estas deficiencias en la implementación de políticas públicas de seguridad ciudadana se recomienda el desarrollo de dos acciones principales: posicionamiento institucional y empoderamiento social.

Por un lado, desarrollar un “posicionamiento institucional” implica que los mecanismos de seguridad pública recuperen y ofrezcan una imagen confiable, favorable y adecuada con el propósito de que la población identifique, apoye y asuma que el sistema policial y judicial son los responsables de planificar, coordinar y desarrollar acciones en la lucha contra la violencia e inseguridad ciudadana. Esto significa revertir el escepticismo ciudadano, pues como se ha llegado a constatar la mayoría de la población no confía en policías, abogados, jueces y fiscales y, por otro lado, desplegar un “empoderamiento social” que englobe esfuerzos institucionales y locales dirigidos a obtener la participación y el apoyo de la sociedad en su conjunto para el desarrollo y el cumplimiento de las acciones planificadas en la prevención y atención de situaciones de violencia e inseguridad ciudadana, es imprescindible tomar en cuenta que si una política pública no tiene sentido y significado claro, concreto y favorable para la comunidad, es decir, no genera un “valor público” en la ciudadanía su implementación tendrá serias dificultades.

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