Políticas de reintegración social para los desmovilizados

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Como se ha dicho en el acuerdo final, es fundamental propiciar un sistema laboral que sea próspero para los individuos afectados por el conflicto. Además, es conveniente crear una igualdad de oportunidades para que este proceso que se está llevando sea favorable y genere así una estabilidad social y económica.

Por otro lado, es necesario defender el derecho de los insurgentes de acceder a un trabajo digno y tener igualdad de oportunidades que la demás población civil ya que como colombianos ellos también deben estar cubiertos por la ley, de modo que puedan cubrir sus necesidades básicas, como lo es la alimentación, educación, salud y vivienda, esto con el fin de garantizar que cada uno de los componentes fundamentales nombrados ayude para una subsistencia digna. Por ello se hace relación con la Defensoría del Pueblo, al derecho fundamental del trabajo:

Es un derecho fundamental no consagrado expresamente en la Carta, pero que se desprende de una interpretación sistemática de la Constitución y de los derechos (…), a través del cual se garantizan los requerimientos básicos indispensables para asegurar una subsistencia digna de la persona y su familia, no solamente en lo relativo a la alimentación y vestuario sino también lo referente a la salud, educación, vivienda, seguridad social y medio ambiente. (Defensoría del Pueblo, 2004)

En lo expuesto anteriormente es de vital importancia destacar que hay organizaciones como la Defensoría del Pueblo y Personería Municipal, que están encargadas de velar que estos puntos pactados anteriormente sean cumplidos a cabalidad, y no se generen discordias entre la población civil afectada y los reinsertados.

El tercer punto a desarrollar es la creación de medidas de protección, pieza fundamental para el sistema de reinserción y desmovilización, ya que este garantiza la seguridad y el cumplimiento de los derechos humanos de cada uno de los participantes del grupo guerrillero de las FARC. En este sentido, la política de seguridad para las organizaciones sociales de izquierda puede ser empleada para establecer unas garantías significativas de la protección y no repetición de masacres, como las cometidas hacia el grupo guerrillero de la Unión Patriótica (UP). Por esta razón, desarrollar organismos de seguridad con el apoyo del Estado, permite establecer pautas para asegurar que el uso de la fuerza y de las armas, no se promueva más.

Dentro de esta perspectiva, las garantías de seguridad son favorables para la integración individual y colectiva. Es por eso que también los espacios de reconciliación deben ser efectivos, para disminuir las amenazas y muertes violentas hacia los desmovilizados. Se plantea entonces en la página 186 del Acuerdo Para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable lo siguiente:

El Gobierno Nacional y las FARC-EP solicitarán a las Naciones Unidas a través de la Asamblea General, una Misión Política con el mandato de verificar la reincorporación de las FARC-EP y la implementación de medidas de protección y seguridad personal y colectiva. Dicha misión iniciará sus actividades una vez concluya el mandato de la misión de verificación de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Reconociendo la importancia de contar con un mecanismo internacional de verificación que asegure la implementación de lo pactado en materia de reincorporación y garantías de seguridad, el Gobierno Nacional y las FARC-EP consideran que el sistema de verificación que se ponga en marcha debe asegurar su funcionamiento por un período de tres (3) años, renovables si fuera necesario.

Con respecto al acompañamiento que se efectuara por parte de los organismos internacionales cabe resaltar que resulta de gran apoyo su experiencia dentro de este tema, para contribuir con la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz contando con los recursos y las condiciones necesarias tanto en un sentido fáctico como legal.

En atención a lo expuesto anteriormente, otra de las importantes garantías exigidas al estado es la protección de los derechos humanos. Estas se exponen también en el Acuerdo Para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, 2016, pag.167:

El Gobierno Nacional en representación del Estado colombiano reitera su compromiso con la protección de los derechos humanos y de quienes trabajan por esta causa. Es deber del Estado Colombiano promover, proteger, respetar y garantizar, los derechos humanos, incluyendo los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con un enfoque diferencial y de género, atendiendo a los principios de igualdad y progresividad, y garantizar el derecho a la paz, especialmente en los territorios más afectados por el conflicto.

Dentro de esta consigna, el Gobierno Nacional busca promover el desarrollo humano, proteger su integridad social, hacer respetar y avalar la sana convivencia teniendo en cuenta los derechos humanos, económicos y estableciendo doctrinas culturales y ambientales que permitan tener un enfoque de crecimiento para garantizar el derecho a la paz en sitios marcados por la violencia, para que de esta forma las personas afectadas en los sitios rurales se sientan más seguras y tranquilas.

Y como último punto a desarrollar está la necesidad de acompañar en procesos psicosociales a las personas en cuestión de desmovilización. Esto es de suma importancia puesto que plantea que se debe acoger con responsabilidad a los individuos afectados por la violencia, ya que en consecuencia la población que ha estado en su mayoría expuesta a entornos de conflicto, suele presentar bajos niveles de participación afectiva. Como la interacción social en contextos familiares, políticos, económicos y culturales. Con este apoyo psicosocial, los desmovilizados podrán lograr una importante reconstrucción tanto personal como colectiva.

Los desmovilizados que han podido ingresar a programas de apoyo psicosocial, consideran que este ha sido el aspecto que más ha influido en su proceso y, que el hecho de asistir a este fortalecimiento de competencias psicosociales ha hecho que el enfrentar el proceso de la reintegración a la vida civil y laboral, sea más sencillo(Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2008).

Como resultado de la información descrita anteriormente, es posible concluir que se han generado a través del tiempo grandes problemas de inseguridad sobre los reinsertados. Esto afectando notoriamente a los desmovilizados ya que estos al no poder desarrollar políticas orientadas al proceso de reintegración social, difícilmente podrán crecer como individuos. Por este motivo es menester recordar que a lo largo

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