Situación económica y la conformación de un nuevo modelo económico

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La falta de experiencia de los nuevos banqueros y su afán de obtener ganancias rápidas llevaron a la banca privada al fracaso. A finales de 1994 estalló otra crisis económica, la más grave de los últimos años, las tasas de interés se incrementaron y causaron un mayor endeudamiento de las empresas y de las familias que habían contratado créditos bancarios.

Para evitar que el sistema financiero colapsara, el gobierno recurrió al Fondo Bancario de Protección al Ahorro, creado en 1990 con el propósito de capitalizar a los bancos mediante créditos.

- Instauración del neoliberalismo.

Con el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado comenzó lo que se ha llamado el “adelgazamiento del Estado”. Este modelo económico llamado neoliberalismo, gira alrededor de la liberalización del comercio y el mercado interno para su competencia internacional, la privatización de empresas estatales, la desregulación financiera y la reducción de la participación del Estado en la economía. Las privatizaciones solo beneficiaron a un pequeño grupo de inversionistas y empresarios mexicanos y extranjeros. En suma, entre 1982 y 19993 se privatizaron 942 empresas de las mil 157 que estaban a cargo del Estado.

En lo general, la política económica neoliberal no ha resuelto los problemas del país. El campo mexicano también ha sufrido de los efectos del libre comercio. Las consecuencias sociales de las políticas neoliberales han sido desastrosas para la mayoría de los mexicanos: desempleo, aumento de la pobreza extrema, migración, crecimiento desordenado de ciudades, acumulación de riqueza en unas cuantas manos, ineficiencia de los servicios de salud, etc.

- Reformas a la propiedad ejidal.

Las presiones del Banco Mundial y del gobierno norteamericano, que establecieron una serie de condiciones para firmar el TLCAN, fueron uno de los motivos del gobierno de Salinas de Gortari para reformar el artículo 27 constitucional. Con esta reforma se dio por concluido el reparto agrario y se autorizó a los ejidatarios para asociarse, vender o rentar sus tierras a nacionales y extranjeros. La propuesta salinista provocó protestas de organizaciones campesinas, académicos de izquierda y partidos de oposición.

La reforma fue aprobada en la cámara de diputados con la mayoría conformada por los diputados del PRI y el PAN. Con su aplicación, amplias extensiones de tierra cambiaron de dueño sin ninguna regulación y las zonas urbanas crecieron desordenadamente. Esto provocó la concentración de grandes extensiones de tierra en pocas manos y, en muchos casos, acabó con la agricultura de autoconsumo. El cambio en la propiedad ejidal también contribuyó a agudizar la crisis alimentaria.