Antecedentes y Calidad de Seguridad Pública en Morelos.

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Frente a los conflictos sociales, el gobierno panista ha preferido no tomarse la molestia de escuchar y dialogar con los inconformes; por el contrario, les aplica la misma táctica que a los pobladores de Tlalnepantla: primero minimiza los problemas; después busca desprestigiar las protestas y sus demandas; y cuando se desborda la situación por acciones desesperadas de la gente, los reprime con la fuerza pública. En la mayoría de los casos, convierte las luchas sociales o políticas en tramas judiciales para intimidar a los disidentes.

Desde el inicio de su administración el gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, reveló una alarmante superficialidad y una forma de entender y ejercer el poder que, por lo menos, puede calificarse de irresponsable. Alguien hizo crecer los humos del gobernador y no sólo dedicó mucho de su tiempo a viajes turísticos, a su divorcio, a sus nuevas relaciones, a su boda, a la farándula de segundo nivel, sino que además, fue convencido de que todo eso podía ser menor porque el gobernador se había convertido, repentinamente, en un experto en temas de seguridad. Y a sus desplantes sobre el tema, recuperación armada de una cabecera municipal incluida, se sumaron, como advertimos hace meses, la convicción de que, en realidad, Cuernavaca era pequeña para sus aspiraciones que se localizaban, más bien por la capitalina avenida Bucareli, en el Palacio de Covián.

En esa lógica de que todo se puede, el gobernador Estrada Cajigal ignoró advertencias sobre su jefe de policía, José Agustín Montiel, ahora preso en La Palma por protección del narcotráfico (el ex procurador del estado asegura incluso que la propia PGR informó al gobierno estatal los antecedentes de Montiel antes de su designación relacionándolo con el narcotráfico y la violación de derechos humanos en diversos casos de tortura, una información que cualquier gobernador suele solicitar a las autoridades federales antes de una designación de esa naturaleza), sobre las relaciones de su familia política con el tráfico de drogas y el robo de vehículos, sobre lo que estaba ocurriendo en el aeropuerto de Cuernavaca. Ahora deberá pagar el precio y, antes de lo que él cree, si el gobierno federal no quiere dar una imagen de indolencia y falta de control, deberá operar para que la caída del gobernador morelense se rápida y lo más indolora posible porque Estrada se ha convertido en el principal factor de desestabilización de su propio estado.

Estrada Cajigal ganó, trepado en la ola del foxismo, la elección del año 2000, con una sola carta para compensar su falta de experiencia política y administrativa: iba a ser honesto. Obviamente no fue suficiente, más aún cuando comenzó a comprobarse que las irregularidades del gobernador y de su entorno iban en aumento en forma geométrica desde el inicio mismo de su gobierno. Estrada Cajigal, cuyos principales asesores son sus hermanos, comenzó entonces a rodearse de supuestos expertos en seguridad que eran, son, personajes relacionados con el crimen organizado: fue convencido de la vieja y comprobadamente ineficaz tesis de que se necesitaban personajes que "conocieran" la delincuencia para frenarla. La mejor demostración de ello fue el nombramiento de José Agustín Montiel al frente de las fuerzas policiales del estado: sabiendo que el mayor problema de seguridad en el estado es la relación que se da con las redes del narcotráfico y los secuestradores que operan entre Morelos y Guerrero (incluyendo algunos grupos armados), no tuvo mejor idea que colocar en esa posición a un hombre que provenía de las fuerzas de seguridad de Guerrero y que estaba acusado de relaciones con esos dos tipos de actividades de la delincuencia organizada. En el que estaba señalado como uno de los principales centros de operación del narcotráfico en la entidad, el aeropuerto de la capital (un aeropuerto pequeño y mal equipado, ubicado a 30 kilómetros de la ciudad, alejado, con un solo vuelo comercial al día de una aerolínea que quebró pero que en muchas ocasiones se sospechó que pudiera tener relación con el narcotráfico y cuyos vuelos, casualmente se dirigían casi sin excepción a los principales centros de esa actividad en el norte del país), colocó a su ex suegro, un hombre sin experiencia alguna en el tema.

De esa forma, con el nombramiento de un jefe de policía cuyos antecedentes conocía perfectamente (porque fue informado de ello por la propia PGR y porque algunas de las acusaciones en su contra eran públicas), con designaciones de sus propios familiares en puestos claves en áreas permeadas por el crimen organizado, fuera de los numerosos escándalos relacionados con su vida privada (alguna vez interrogado sobre el tema, dijo que lo que hiciera de su bragueta "para adentro" era asunto suyo), Estrada Cajigal está sellando su suerte. Si el gobierno federal y el PAN (que tuvo, al igual que el dirigente perredista Graco Ramírez un importante papel en la caída de Carrillo Olea) quieren mantener su coherencia y mostrar integridad tendrán, necesariamente, que deshacerse de un gobernador como Estrada Cajigal y ahondar las investigaciones sobre lo que realmente ocurre en el estado.

Para el posterior gobierno, que también ha sido incrustado en el ojo del huracán, comandado por el panista Marco Adame Castillo (periodo 2006-2012).

A finales de 2008, Adame Castillo enfrentó su primer reto como gobernador. Miles de maestros sindicalizados presionaron al gobierno local mediante el paro de labores durante más de un mes y la toma de casetas para cancelar la Alianza por la Calidad de la Educación en Morelos. Los principales accesos a la ciudad de Cuernavaca fueron bloqueados y, ante el conflicto magisterial, fueron los padres de familia quienes tuvieron que reabrir las aulas. El PRD llegó a amenazar con exigir un juicio político en contra del mandatario panista por su incapacidad para resolver el conflicto. Y como la ineficiencia de los gobernantes casi nunca se castiga, Adame celebró el fin de 2008 con un aguinaldo de 300 mil pesos.

El segundo escándalo de su administración no tardó en llegar. Durante el mes de mayo de 2009, tras una ola de actos violentos (el levantón de 11 jóvenes; operativos federales para detener a sicarios del cártel de los Beltrán Leyva, en la misma calle donde vive Marco Adame, y la aparición de narcomantas), los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública local, Luis Ángel Cabeza de Vaca Rodríguez, y, Francisco Coronado Rodríguez, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, presentaron su renuncia. Al día siguiente de su salida, los dos ex funcionarios fueron detenidos y trasladados a las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia