TEMA: LA SOCIOLOGIA DE LA PROSTITUCION (POLITICA, JURIDICA, CRIMINOLOGICA Y RELIGIOSA)

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Es importante fomentar y facilitar la decisión de denunciar a estas redes la prueba anticipada es un recurso que se utiliza en el caso de menores y se trata de que la declaración inicial grabada sirva en el juicio ya que en muchos casos en el momento del juicio las mujeres no son localizables y por tanto no hay declaración contra los delincuentes.

2. Incrementar la atención integral a las mujeres en situación de prostitución

Las mujeres víctimas de explotación sexual se han de situar en el centro de la atención de los poderes públicos impulsando medidas de apoyo a las víctimas y ofreciéndoles alternativas sociales y de vida.

Se debe desplegar un sistema para la atención, protección y recuperación de las víctimas y actuar coordinadamente desde los ámbitos jurídicos, sanitarios, sociales y policiales.

Si en algo coinciden las asociaciones que trabajan atendiendo a estas mujeres es en la falta de recursos de soporte a las víctimas y en que éstos sean adecuados a su nivel de vulnerabilidad su falta de información y de recursos sociales.

[pic 3] Garantizar la existencia y el acceso a una red de servicios de atención a las víctimas de explotación sexual en todo el territorio.

[pic 4] Ofrecer planes para posibilitar otras opciones de vida a estas mujeres facilitando su integración socio-laboral Impulsando por ejemplo una renta de inserción activa para todas aquellas que opten por abandonar la situación de prostitución.

[pic 5] Contemplar a la vez, su recuperación emocional y psicológica y destinar recursos a mejorar su nivel de formación, cultural y educativo.

[pic 6] Asegurar la asistencia a las víctimas de explotación sexual garantizando la protección de sus derechos e intereses.

3. Medidas de sensibilización para disminuir el fenómeno de la prostitución.

En este sentido las preguntas que debemos plantearnos son las siguientes:

¿Queremos que haya menos prostitución en nuestro estado?

¿Queremos que haya menos demanda?

La respuesta en ambos casos es sí la opción no es penar a los clientes ni prohibir la prostitución sino trabajar en la sensibilización de la sociedad con el objetivo de no normalizar la prostitución Para ello es fundamental que los ciudadanos y ciudadanas conozcan la situación degradante en que viven la inmensa mayoría de estas mujeres.

Una de las propuestas realizadas que más impacto informativo ha tenido ha sido que los medios de comunicación optasen a través de sus códigos deontológicos por no incluir anuncios de prostitución.

Tras las conclusiones de la ponencia del Congreso que opta por no regular la prostitución como un trabajo ni penar a los clientes sino intensificar la lucha contra la trata y la explotación sexual, aparecen ciertos tópicos y falsas creencias como que no regular la prostitución como un trabajo es equivalente a “no hacer nada”.

Este Informe propone un importante impulso de medidas es la primera vez que en democracia el Estado afronta el problema de la prostitución.

No hay una situación de legalidad en nuestro país las leyes no son ambiguas. La prostitución no está prohibida ni perseguida. Que una mujer esté en situación de prostitución no es un delito las actividades penadas es el proxenetismo (lucrarse de la prostitución de otra persona) y la trata de personas con fines de explotación sexual. Otra cuestión es que no es una actividad regulada ni considerada un trabajo.

El objetivo último debe ser disminuir la prostitución en nuestro país y luchar eficazmente contra el tráfico y la trata con fines de explotación sexual.

POLÍTICAS DE LA PROSTITUCIÓN

Una de la principales formas para erradicar este problema sería el de establecer políticas para si bien queda claro nunca se podrá erradicar la prostitución del entorno social por lo menos controlar los efectos negativos e impacto social que traen para la propia sociedad.

Promover una campaña de sensibilización entre los diversos sectores sociales preferentemente entre la población juvenil en su contenido se deben dar a conocer las graves consecuencias y peligros a la salud así como la degradación de la condición humana que provoca la prostitución como forma de vida ilícita e inmoral así como la incidencia delictiva que conlleva.

Se debe enfatizar también en estos mensajes de concientización a través de los medios masivos de comunicación que la prostitución definitivamente nunca podrá llegar a considerarse un trabajo auténtico en virtud de que no influye positivamente en el desarrollo armónico del individuo que la práctica por el contrario envilece a la persona y la denigra.

Y lo que es muy importante es que se vea este problema de frente y se legisle como parte de la vida ciudadana algo que tiene que hacerse es un Reglamento para el Ejercicio de la Prostitución.

Las autoridades pertinentes actuando en estrecha coordinación deberán instrumentar un programa especial dedicado a rescatar de la prostitución y del vicio a todas aquellas mujeres u hombres que se vieron obligadas por circunstancias socioeconómicas a comerciar con su cuerpo poniendo énfasis en la rehabilitación de esas personas así como en acciones de prevención de más casos apoyando la estabilidad económica de aquellas mujeres abandonadas y con hijos pequeños futuras candidatas a prostituirse.

Se debe implementar un operativo permanente para combatir a los que explotan a las prostitutas y además fomentan diferentes actividades entre jóvenes menores de edad necesitadas de obtener un empleo.

SOCIOLOGÍA JURÍDICA DE LA PROSTITUCIÓN

La prostitución en materia jurídica ha sido contemplada en normas que la han prohibido, regulado o simplemente tolerado. Estas diferentes posturas han dado paso a los siguientes sistemas:

1) El abolicionista es aquel en el que el Estado reconoce la existencia de la prostitución y lucha por su erradicación. Bajo sus argumentos la legislación que lo adopta despenaliza el ejercicio de la prostitución y observa a las mujeres que la ejercen como víctimas de la misma y se encarga de penar a aquellas personas que se benefician de la prostitución ajena.

2) El prohibicionista en el cual el Estado penaliza el ejercicio