DERECHO INTERNACIONAL DE LOS REFUGIADOS

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La Convención sobre Asilo Territorial, de 1954, establece lo siguiente:

- El otorgamiento del asilo es un derecho que corresponde al Estado en el ejercicio de su soberanía.

- El asilo procede por la persecución de un Estado cuando obedezca a móviles políticos o a razones de estado.

- Los actos de un gobierno o de sus agentes contra la vida o la seguridad de una persona ejecutados en el territorio de otro Estado, aun cuando se hayan iniciado fuera de sus fronteras, constituyen una violación a la soberanía estatal.

- Ningún Estado está obligado a entregar o expulsar a personas perseguidas por motivos o delitos políticos y no procede la extradición en tales casos.

- Se reconoce la libertad de expresión y pensamiento a los asilados, salvo que constituyan propaganda sistemática por medio de la cual se incite al empleo de la fuerza o de la violencia contra el gobierno del Estado de origen.

- El Estado asilante deberá internar a los asilados a una distancia prudencial de sus fronteras, cuando fueren notoriamente dirigentes de un movimiento subversivo, así como aquellos de quienes haya prueba de que se disponen a incorporarse a él.

- Los internados políticos deberán dar aviso al gobierno del Estado asilante cuando resuelvan salir de su territorio. La salida será concedida bajo la condición de que no se dirijan al país de su procedencia.

- La Convención sobre Asilo Diplomático

En esta convención se dispone lo siguiente:

- El asilo concedido a personas perseguidas por motivos políticos será respetado por el Estado territorial.

- Se entiende por legación toda sede de misión diplomática ordinaria.

- Los navíos de guerra o aeronaves militares que estuviesen provisionalmente en astilleros, arsenales o talleres para su reparación, no pueden constituir recinto de asilo.

- Todo Estado tiene derecho a conceder asilo; pero no está obligado a otorgarlo ni a declarar los motivos por los cuales lo niega.

- No es lícito conceder asilo a las personas inculpadas por delitos comunes que se encuentren procesadas por tales delitos; salvo que sean solicitudes de carácter político.

- Las personas inculpadas por delitos comunes deberán ser entregadas al gobierno local.

- Corresponde al Estado asilante calificar la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución.

- El asilo deberá ser concedido solo en casos de urgencia y por el tiempo estrictamente indispensable para que el asilado salga del Estado territorial, a fin de que no peligre su vida.

- Se entiende por casos de urgencia aquellos en que el individuo sea perseguido por personas o multitudes o por las autoridades.

EFECTOS DEL ASILO

El derecho de asilo se compone de diversas facetas:

- El derecho del Estado a admitir una persona en su territorio.

- El derecho del Estado a permitirle permanecer en su territorio.

- El derecho del Estado a negarse a expulsarlo.

- El derecho del Estado a negarse a extraditarlo hacia otro Estado.

- El deber a no perseguir a la persona, castigarla o de alguna otra forma restringir su libertad.

CASO DE ASILO POLÍTICO

Su madre, Helene Villa longa, es una conocida activista pro derechos humanos y crítica del gobierno de Hugo Chávez. Cuando Juan tenía 11 años, en el 2000, la familia huyó de Venezuela debido a que eran víctimas de una persecución política, según sus declaraciones.

En Estados Unidos pidieron asilo político pero fueron estafados por dos abogados que no los representaron correctamente y al final se les negó la petición.

Hasta ahora los venezolanos exiliados no gozan de ningún privilegio migratorio aunque funcionarios de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) dijeron que el número de deportaciones de venezolanos ha disminuido.

Según cifras de ICE, más de 400 venezolanos fueron deportados anualmente entre el 2007 y el 2010. En el 2011, sin embargo, el número de deportaciones cayó a 290.

Juan se graduó en el 2007 con honores de la escuela secundaria y recibió varias becas, incluyendo la de la Lotería de la Florida. Fue aceptado en FIU pero por su condición de indocumentado no tuvo acceso al dinero de sus becas.

Apenas cursó su primer semestre de Psicología cuando se dio cuenta de que no podía seguir pagando de su propio bolsillo. Entonces decidió irse a Canadá, donde también lo habían otorgado becas en varias universidades.

Manejó por seis días en su Dodge Neón dorado y estaba cerca de la frontera con Canadá cuando, el 27 de junio del 2009, se detuvo a la orilla del camino en Vermont y fue detenido por un agente de la patrulla de carreteras.

“¿Usted sabe que tiene una orden de deportación?”, le preguntó el oficial, pero Juan no entendía de qué se trataba.

“Le expliqué que mi familia tenía un caso de asilo abierto pero fue ahí cuando me enteré de que nos habían puesto una orden de deportación y el abogado nunca nos avisó”.

Pasó por tres cárceles en dos meses y, a pesar de que su familia advirtió a las autoridades de inmigración sobre el peligro que representaba para Juan volver a Venezuela, una noche de agosto fue deportado sin tener tiempo de avisarle a nadie.

Llegó a Caracas a las 5 de la mañana con $195 en el bolsillo. Juan recordaba dos números de teléfonos de familiares en Venezuela, los de su tía Vivian y su abuela Blanca.

“Yo no sabía nada sobre Caracas porque nunca había estado allí”, recordó Juan, cuya familia es de la ciudad de Valencia, al oeste de la capital. “Pero sí sabía que es una de las ciudades más peligrosas de Sudamérica”.

Durante los dos años que Juan estuvo en Venezuela, Helene lanzó una campaña para demostrar que la vida de su hijo corría peligro.

En Venezuela, Juan recibió correos electrónicos con amenazas, según contó. Un día mientras estaba solo en casa de su tía, sintió que alguien entró por el patio.

Cuando salió a