Desaparicion forzada es un fenómeno preocupante hoy en día, no solo en México

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operaciones de contrainsurgencia lanzada contra pequeños grupos armados en varios estados, donde las diversas organizaciones familiares y de derechos humanos registraron entre 1200 y 1800 desapariciones forzadas por motivos políticos.

De 1994 al 2000 tras la aparición pública de movimientos sociales armados como el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional en 1994 y el Ejército Popular Revolucionario en 1996.

Estos casos no han sido esclarecidos y muestran una clara violación a los derechos humanos que desafortunadamente continúa hasta nuestros días y cada vez incrementa más de manera alarmante.

Aun que se tienen antecedentes históricos de suma importancia uno de los más emblemáticos en México es el caso de Rosendo Radillas Pacheco, quien era un profesor y líder social que fue desaparecido por los elementos de la fuerza militar durante un retén en la carretera que va a la población de Atoyac de Álvarez en el Estado de Guerrero, el 25 de agosto de 1974, y de quien hasta el día de hoy se desconoce su paradero. A este caso se le reconoce públicamente por dos cuestiones de suma importancia:

 Primero que nada porque se obtiene una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 23 de noviembre del 2009, donde se le reconoce de manera internacional al Estado Mexicano responsabilidad por la desaparición forzada de Rosendo Radillas Pacheco.

 La segunda y más grave, es por la falta de acceso a la justicia y la notoria impunidad entorno al destino de la víctima y en torno a la identificación y sanción de los responsables, pues hasta el día de hoy no hay ninguna persona condenada por la desaparición de Rosendo Radilla.

Es así como de manera muy evidente se nota la impunidad que se mantenido desde la llamada Guerra Sucia hasta la actualidad, pues se ha permitido que las desapariciones forzadas vallan cada día en aumento de una manera desproporcional. Desde entonces se identificó como parte de un patrón sistemático por parte del Estado mexicano, tal y como lo reconoció la propia Corte Interamericana en la sentencia del caso Radilla Pacheco, al reconocer a la desaparición forzada como “una violación múltiple de varios derechos protegidos por la Convención Americana (de Derechos Humanos) que coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, acarreando otras vulneraciones conexas, siendo particularmente grave cuando forma parte de un patrón sistemático o práctica aplicada o tolerada por el Estado.

1.4 SITUACION ACTUAL DE MÉXICO

Desde el 2006 México, vive un contexto marcado por la política de seguridad impulsada por el gobierno federal, la cual se expresan en la llamada guerra contra el narcotráfico. El resultado de esta política de seguridad, tal como lo indican los diversos informes de las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, es el incremento de la violencia estatal, la militarización, la paramilitarización y los ataques en contra de defensores y defensoras de derechos humanos y de la población en general.

La desaparición forzada de personas ha resurgido en México con una fuerza estremecedora desde que en 2006 que comenzó la llamada “guerra contra la delincuencia organizada”. A diferencia de lo que se vivió en nuestro país en los años de la llamada Guerra Sucia en que las desapariciones se cometían con motivos políticos, hoy en día no solo se comete en contra de líderes sociales, activistas políticos o integrantes de grupos insurgentes, sino que se extiende a amplios sectores de la población.

Personas sin alguna militancia social o política, sospechosos por cualquier circunstancia o señalados por funcionarios públicos de los diferentes gobiernos de pertenecer a bandas del crimen organizado, han sido víctimas de desaparición forzada.

Con el inició de la “guerra” contra el narcotráfico por el ex presidente Calderón se le asignó a las fuerzas armadas -incluidas la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR)- un papel central en la estrategia de seguridad pública lo cual ha provocado un estado de violencia, impunidad y de violaciones graves a derechos humanos. Esta política ha superpuesto las premisas de la seguridad nacional o interior por encima de la vigencia de los derechos humanos; incluso de aquellos que no pueden ser suspendidos.

El Informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias en su Misión a México presentado en 2012, se menciona que organizaciones de derechos humanos tenían documentadas hasta el 2010, alrededor de 3000 desapariciones forzadas en el país, sin embargo, a partir del 2011 organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales comenzaron a mencionar que el número de desapariciones forzadas podía ascender a 10 mil e incluso se ha llegado a hablar en el 2012 de hasta 30 mil desapariciones forzadas, sólo en el período del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012).

Recientemente la Secretaría de Gobernación publicó una cifra de 26.121 personas desaparecidas durante la administración del presidente Calderón, pero en dicha cifra no se especifica cuáles de estas son desapariciones forzadas, cuales hacen referencia a personas extraviadas, o incluso ausentes.

Dentro del sexenio actual de Enrique peña nieto de los casos más sonados de desaparición forzada podemos señalar el caso de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, bajo el cobijo y la total impunidad de distintas autoridades del Estado mexicano, donde se vieron involucradas policía municipal, policía estatal, policía federal y elementos del ejército mexicano (además de grupos de delincuencia organizada), que por acción y omisión permitieron la desaparición de 43 estudiantes en la noche del 26 de septiembre de 2014, tal y como se señala en el Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, encargado de realizar investigaciones en torno a las desapariciones de los estudiantes de Ayotzinapa.

Además de las desapariciones forzadas más comentadas en lo que va del año 2016 podemos citar las de:

 El caso de los cinco jóvenes arrestados el 11 de enero por agentes locales de Tierra Blanca, Veracruz, y supuestamente entregados a la delincuencia organizada

 Desaparición de 3 jóvenes el pasado 19 de marzo, donde presuntamente participaron elementos de la policía municipal de Papantla.

2. CONCEPTOS Y DEFINICIONES

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