EXPROPIACION DE YPF POR PARTE DEL GOBIERNO ARGENTINO

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RESEÑA HISTORICA DE YPF SA[2]

Pueden encontrarse los antecedentes de YPF en el descubrimiento de petróleo en la zona de la ciudad de Comodoro Rivadavia en el año 1907[3]. Posteriormente, se creó la Dirección General de Explotación del Petróleo, con el objetivo de regular la actividad de las compañías extranjeras que comenzaban a establecerse en el país a este fin.

Durante la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, entre 1916 y 1922, se realizaron varias obras para fomentar la extracción de petróleo.

El 19 de octubre de 1922, pocos días después de asumir la presidencia de la Nación Argentina Marcelo Torcuato de Alvear, Enrique Mosconi fue nombrado Director General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), donde permanecería por ocho años, dedicando grandes esfuerzos para incrementar la exploración y desarrollo de la extracción de petróleo.

Con YPF, Argentina fue el primer país en todo el mundo en tener una petrolera estatal integrada verticalmente, excluyendo a la URSS. Cuando se estaban por firmar los protocolos de acuerdo, se produjo el golpe de Estado de 1930, que derrocó a Hipólito Yrigoyen en su segundo gobierno e inauguró la Década Infame.

Desde su fundación, la empresa realizó todas las actividades que fuesen necesarias para la explotación de petróleo, incluyendo la fundación o rápido engrandecimiento de pueblos cercanos a zonas con reservas de petróleo, como la citada Comodoro Rivadavia en la provincia de Chubut, Las Heras, Cañadón Seco, Caleta Olivia en Santa Cruz y Plaza Huincul en Neuquén.

De acuerdo con la doctrina del general Mosconi y de Hipólito Yrigoyen, la empresa tuvo el monopolio legal del petróleo durante toda su existencia como Sociedad del Estado, a pesar de que también existía una considerable participación en la industria de las multinacionales Shell y Esso, lo que se acentuó durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional. De todos modos, su producción siempre superó con creces la del sector privado, lo que de hecho era el objetivo buscado por Mosconi: el fisco debía contar con una gran empresa, para poder hacer frente a reclamos individuales que fueran contra el interés general del país.

El Edificio YPF fue diseñado por el Departamento Técnico en septiembre de 1936 e inaugurado en 1938, en la Diagonal Norte, entre las calles Esmeralda y Juan D. Perón, en Buenos Aires.

PRIVATIZACIÓN DE YPF

La productividad de hidrocarburos se encontraba regida por la ley 17319,( VER ANEXO A) la cual expresamente en su art 1 dispone que todo yacimiento petrolífero que se encuentre dentro de la Republica Argentina, pertenece al Estado Nacional. Mientras que, posteriormente se fueron dictando otras normas que transformaban a YPF en Sociedad Anónima, hasta el dictado de la ley 24.145, en 1992 (VER ANEXO B). Esta ley disponía de la federación de los recursos hidrocarburíferos una vez vencidas las concesiones otorgadas, determinaba la privatización de la compañía. Este traspaso a las provincias fue refrendado en la reforma constitucional de 1994 (articulo 124)

Se observa que El primer paso en este proceso de enajenación fue el cambio de tipo societario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (que era una Sociedad del Estado) para convertirse en una Sociedad Anónima (YPF S.A.).

En 1993 el Estado mantenía el 20% de las acciones y la acción de oro, y un 12% quedaba en manos de los estados provinciales. El sector privado era propietario del 46% del accionariado y lo componían bancos y fondos de inversión de diversos países.

En esta etapa hasta 1997, Argentina sobrepaso con abundancia el objetivo de autoabastecimiento que había venido buscando desde el inicio de su historia petrolera. La producción de crudo tuvo un aumento de 20,4 millones de m3 y la de gas 14 millones de m3; a esto se le sumaba una expansión del 60% sobre red de transporte y distribución. . En 1998, el sector privado ya poseía casi el 75% de las acciones, aunque el Estado mantenía la acción de oro

En 1999 como consecuencia de la crisis económica local la caída internacional del precio del crudo, generaron una merma en la inversión extranjera que desencadeno una nueva crisis sectorial. El gobierno ante esta crisis vendió el 14,99% de las acciones de YPF del Estado a la empresa Repsol, y pasa a ser conocida como Repsol-YPF S.A.

La transacción le costó a la petrolera española 13.437 millones de euros y permitió a Repsol convertirse en la octava productora de petróleo y la decimoquinta compañía energética del mundo. El Estado argentino percibió ingresos por la privatización de YPF entre 1992 y 1999 por 20.269 millones de dólares, de los cuales 15.169 millones de dólares correspondieron a la adquisición realizada por Repsol en 1999.

En diciembre de 2007, el Grupo Petersen, conglomerado empresarial argentino al mando de Enrique Eskenazi, compró el 14,9% de YPF S.A., pasando al año siguiente a tener un 15,46%. El 4 de mayo del 2011 aumentó su participación accionaria en la compañía en un 10%. Para el 31 de diciembre de 2011 el Grupo Petersen poseía el 25,46% de YPF, la compañía Repsol el 57,43%, el 17,09% restante estaba en manos de inversores privados, flotando en bolsa, y un 0,02% en poder del Estado argentino, que conservaba la acción de oro. En el año 2012, YPF controla el 32% de la producción de hidrocarburos y el 23% de la de gas.

NACIONALIZACION

El 16 de abril de 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó el proyecto de ley «De la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina» para la estatización de YPF (VER ANEXO C) Este proyecto de ley se redactó de acuerdo al artículo 31 la Ley de Hidrocarburos 17319/67, en la que especifica que los concesionarios petroleros deben efectuar las inversiones que sean necesarias para la ejecución de los trabajos que exija el desarrollo de toda la superficie abarcada por la concesión, [...] asegurando la máxima producción de hidrocarburos compatible con la explotación adecuada y económica del yacimiento y la observancia de criterios que garanticen una conveniente conservación de las reservas y el autoabastecimiento de hidrocarburos. La disminución de las reservas de petróleo durante la gestión de Repsol en YPF fue el principal motivo aducido para su expropiación. Desde la adquisición por Repsol en 1998 y hasta fines de 2011 esa caída fue del 54% en petróleo y del 97% en gas, por lo que se declaró el 51% del patrimonio de YPF de utilidad pública y sujeto a expropiación. Hernán Lorenzino, ministro de Economía