El Sistema Nacional de Planificación de Venezuela tiene entre sus objetivos contribuir a la optimización de los procesos de definición

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y sobre todo, como debe ser la participación de los ciudadanos en la vida política del país. En consideración a ello, los artículos desde el 158 al 185 indican el proceso de organización y legislación del Estado, normativas que deben ser acatadas por cada ente gubernamental integrado de manera democrática y en las respectivas funciones ejercidas, cada uno constituido de acuerdo a la presente Constitución.

Ahora bien, se indica los requisitos de las personas a optar por diversas entidades políticas como lo es Gobernador o Gobernadora, regido por el lapso de cuatro años y ser reelectos por el voto de manera democrática, a su vez, rendir cuentas ante el Contralor o Contralora de su gestión, como se refiere al poder público estadal. De igual manera, en cada Estado se debe crear un Consejo de Planificación y Coordinación Políticas Publicas en base a la representación de los legisladores y legisladoras elegidas por el Estado a la Asamblea Nacional. Inmerso los recursos del Estado que les correspondan por concepto situado constitucional. Seguidamente el poder Público Municipal constituido por la constitución de municipios y demás entidades locales regidos por la carta magna normas que establezcan los principios establecidos por las leyes orgánicas constitucionales.

Por otra parte, la Ley promueve la planificación pública para transformar y construir nuevas realidades interpretando los intereses de la sociedad. El artículo 299 de la Constitución Nacional, abre compuertas para que el parlamento legisle en torno al tema, fundamentando el régimen socio-económico en un conjunto de principios, así como el papel del Estado, promotor de una planificación estratégica, democrática, participativa y de consulta abierta, que garantice seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad en el crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza. encuentra sustento constitucional además, en la actuación coordinada en todos los espacios de gestión territorial de gobierno; la Carta Magna en su artículo 182 crea el Consejo Local de Planificación Pública a instancias del municipio; y en el artículo 166 el Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas a instancias de cada estado.

Dichas instituciones, expresión de la planificación participativa y protagónica, forman parte del novedoso Sistema Nacional de Planificación Pública, entendido éste como el conjunto de procesos políticos, sociales y técnicos cumplidos de manera continua por el Estado, integrado con las instancias de participación y protagonismo del pueblo, orientado a la definición de las metas generales de desarrollo económico y social a corto, mediano y largo plazo, su ordenación de acuerdo a prioridades y su instrumentación financiera, física y administrativa. es el resultado de un proceso iniciado en la alborada del presente siglo, para dar paulatina respuesta a un modelo de Estado que producto de su desgaste y su desfase frente a las aspiraciones populares, devino en una quiebra de legitimidad. Por supuesto que con estos antecedentes reflejados en una crisis de gobernabilidad, de la que se desprendían desviaciones en la cultura organizacional estatal propiciada por la deformación burocrática y las estructuras verticales desatadas, era natural que el modelo político sucumbiera a consecuencia de la pérdida del respaldo popular; en conclusión, no existía la articulación adecuada entre las instituciones del gobierno y las organizaciones del pueblo.

Así pues, la Comisión Central de Planificación, que está regida por la Ley Orgánica de Creación de la Comisión Central de la Planificación. Este es un órgano permanente de la administración pública y está integrada principalmente por el Vice-presidente y el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Desarrollo. Con esta Comisión Central de Planificación, se busca transitar hacia un modelo de sociedad socialista, que asegure la satisfacción de las necesidades del ser humano, con una justa distribución de las riquezas nacionales y la lucha incansable contra la pobreza, exclusión y opresión; además impulsará y pondrá en marcha un proceso intenso de revisión de los planes, presupuestos y estrategias de las empresas del Estado, a fin de reorientar su dirección y gerencia, sus modos de producción y de gestión, hacia el nuevo modelo de desarrollo económico y social.

Visto de esta manera, se puede inferir en el artículo 4 de La planificación pública y popular en el primer aspecto tiene por finalidad: Establecer un Sistema Nacional de Planificación que permita el logro de los objetivos estratégicos y metas plasmadas en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. Indicaría de esta manera, la conformación de estrategias que permitan el desarrollo en la nación, si bien, la CRBV, y las demás leyes tratadas en este informa tienen como finalidad la conformación de una sociedad plena, en base a la planificación estratégica de la misma, cada una aporta ciertos regímenes que son el soporte legal constituyente de una nación, y que apegados a ellos es como se debe regir.