FRAUDE DE SEGUROS

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En Estados Unidos la mayoría de los estados cuentan con agencias propias que persiguen a los defraudadores, equiparando en muchas cuestiones el fraude a la Hacienda pública con el realizado contra las compañías de seguros, lo que, desde luego, pone en valor la importantísima labor social que desarrollan desde más de un siglo. Sin la aportación de las aseguradoras, no siempre reconocida, los Estados se verían incapaces de hacer frente a las necesidades económicas y asistenciales generadas por los cientos de miles de siniestros que cada año afectan a todos los ramos y garantías. Que nos hace falta para imitar estas practicas?; la atención del sector en el mayor problema que afrontan.

Es de esta manera que debemos despertar en este problema complejo y desatendido jurídicamente, donde el sector asegurador debe sentirse llamado a destinar recursos en la investigación jurídica, las experiencias de otros países, diseño de estrategias para combatir el fraude en los seguros y ser uno de los actores en impulsar iniciativas legales para integrarlas a nuestra normatividad penal.

La actividad aseguradora ha sido incluida en el tema de la problemática social al legislar sobre la accidentalidad, la movilidad y el riesgo en las vías públicas a través del SOAT. De la misma manera en que se instituyo esta estrategia de seguros para los accidentes de tránsito, de igual manera debemos fundamentar una legislación clara y puntual que nos blinde del fraude asegurador. Cada día son más altos los índices de fraudes en sus distintas modalidades habiéndose creado un pensamiento ciudadano de trampa cuando de seguros se trata. El colectivo social cada día es más renuente a proteger sus bienes, su vida, su salud y seguridad sin pensar primero como engañar en alguna forma a las aseguradoras y producir el máximo de beneficio económico en las reclamaciones. De igual manera las bandas y mafias de la actividad aseguradora son el pan de cada día en este sector.

Es pues el momento de tomar las riendas y apropiarse de la búsqueda de estrategias que combatan el fraude del seguro y es imposible hacerlo si no se dedican recursos por parte de los afectados (compañías de seguros) para materializar iniciativas de tipo jurídico y de gestión en combatir este flagelo.

Adentrándonos en lo jurídico y la tipicidad del fraude del Seguro que en nuestra legislación es sinónimo de estafa esta no encaja en la estructura que la ciencia penal ha reconocido tradicionalmente en las defraudaciones a las aseguradoras, cuya especie más importante a la vista jurídica es la estafa. La función del engaño, el papel de la víctima, la confianza previa, el momento consumativo y el perjuicio patrimonial, resultan insalvables y nos mueven a abandonar esta senda que ha sido transitada por la doctrina con escasos resultados. Nos empuja a ello, además, entender que por encima de las categorías que la ciencia penal construye de manera analítica con EL DELITO DE ESTAFA DE SEGURO , ( figura aun no contemplada en Colombia) , que debemos legislar sobre esto.

En conclusión en nuestro país no hay normatividad específica para este fraude asegurador y podemos afirmar que como en los demás países del tercer mundo poco se ha legislado en esto. No así en países europeos como España, Bélgica, Irlanda donde existe una amplia y completa jurisprudencia sobre el fraude al seguro. Cualquier ciudadano colombiano es dado a relacionar los seguros como la manera de sacar provecho en una reclamación antes que pensar verdaderamente en la protección de sus bienes, derechos y obligaciones. Estamos pues en una cultura de ilegalidad con un terreno propicio para pensar así. Si el sector asegurador no estima las perdidas por este problema es porque sus resultados financieros los cubren ampliamente. Sera así? .