INFAMIA EN EL PUEBLO WAYUU

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¿MERECE COLOMBIA QUE SIGA EXPIDIENDO LEYES PARA BENEFICIOS DE PROPIOS O QUE DE VERDAD IMPLEMENTE SOLUCIONES CON LAS LES QUE HOY EN DÍA ESTÁN VIGENTE FRENTE A LOS DERECHOS DE LOS INDÍGENAS?

Sorprendente Magistrada Consejo Superior de la Judicatura de La Guajira declaro improcedente Acción de Tutela que pedía garantizar el derecho a la vida de los niños wayuu pese a alarmantes casos y cifras de morbimortalidad infantil.

En febrero de 2014 cesar Arizmendi director de planeación departamental instauro una tutela contra el estado colombiano en general y contra 77 entidades públicas para que desarrollaran unas acciones urgente de la protección de la niñez indígena del departamento que vine siendo azotado por el hambre, la pobreza y el abandono estatal.

Fundamento su acción con base en los resultados estadísticos oficiales de morbimortalidad publicados por el DANE desde el año 2008 hasta el año 2013 el cual indica que habían muerto oficialmente 2.969 niños menores de cinco años, de los cuales 278 correspondieron a desnutrición, los restantes 2.691 casos corresponde a otras patologías, algunas posiblemente asociadas a desnutrición, donde muchas podían haber sido prevenidas si los servicios de salud y demás entidades hubieran asumido sus competencias como lo consagra la ley.

La meta del milenio exige que la muerte de niños menores de 1 año deba ser máximo de 14 por cada 1000 nacidos vivos.

Estas cifras quedarían pequeñas si se pudieran adicionar los subregistros, es decir, aquellas muertes que ocurren al interior de las comunidades indígenas y que por sus usos y costumbres no son reportadas a las autoridades y que según la percepción podrían cuadruplicar las cifras fácilmente.

En un documento publicado por el Departamento de la Prosperidad Social, entidad a la cual está adscrita el ICBF en el Consejo de Seguridad Alimentaria y Nutricional Región Caribe –Choco del año 2013 señaló que la Seguridad Alimentaria de la Guajira está en el 59.1% y la desnutrición crónica en niños de 0 a 5 años está en el 29.7%, superando en 14 puntos porcentuales al mismo departamento del choco.

Pese a esto, el Director del ICBF, que depende del DPS, acusa que las cifras de mortalidad infantil están sobre dimensionadas.

Estas cifras se quedan cortas desafortunadamente porque el principal problema que tienen los niños wayuu es que no se saben cuántos son, donde viven y cuál es su estado actual de salud, se sabe que viven en rancherías, en forma dispersa, pero no existe un censo georreferenciada de las mismas.

Si a estos se anexa las tasas de pobreza extrema de esta población, que supera el 90%, cero ingreso económico, la falta de fuentes de agua potable, solo una mínima parte tiene acceso a pocos pozos profundos, la mayoría debe tomarla de jagüeyes con aguas estancadas y putrefactas, y donde muchos se han secado producto de casi dos años de sequía continua, y si le sumamos los efectos del cambio climático en un semidecierto agreste y difícil, podremos deducir que la situación de la etnia wayuu y de sus niños es la menos esperanzadora posible.

El artículo 44 de la Constitución Política ordena proteger y garantizar los derechos de los niños, señalándolos como prioridad en la actuación estatal, pero si no se sabe cuántos, son, donde viven y en que condición están, difícilmente se podrá garantizar su protección y sus derechos.

La esperanza de estos niños se vio reflejada en la acción de tutela instaurada que exigía que las entidades del estadio asumieran con eficiencia sus competencias, que garantizarán la seguridad alimentaria y de salud al 100% de los niños, que se garantice el acceso a fuentes de agua, incluso de carreteras para poder llegar a los centros de salud a salvar sus vidas, sin embargo, y contra toda apuesta posible, contra la razonabilidad misma, contra el sentido común, contra el sentido humanitario, la magistrada Anatulia Lamboglia Rodríguez, del Concejo Seccional de la Judicatura de La Guajira, quien actuó como juez de tutela, no hallo esta situación como grave y considero que no se están afectando los derechos de los niños, razón que la llevo a negar la tutela.

Es más, en el fallo de tutela la magistrada Lamboglia incluso pone en duda las estadísticas del DANE y las descripciones de la difícil situación de los niños al decir que esto “no está probado”.

Aparentemente la magistrada no entendió la finalidad de la tutela, la cual no era salvaguardar los derechos de los niños que ya murieron, sino la de salvaguardar los derechos de los que aún están vivos y en riesgo de morir.

Tampoco se logra entender que es una situación de crisis para esta magistrada, o cuantos niños deben morir para que ella pueda considera que la vida de toda una comunidad está en riesgo.

Es difícil entender la motivación que llevo a la magistrada Lamboglia para dedicar la totalidad de la tutela a desvirtuar las acciones impetradas por el Actor Tutelante, se observó una carga motivacional, una doble intención, un sabor insano e injusto, indolencia y con frialdad calculada en su palabras e intenciones, una extraña moral no atribuible a una mujer, una profesional, posiblemente una madre, y aun mas, en una funcionaria que tiene como misión impartir justicia pero que labora en una de las áreas más cuestionadas del sistema judicial colombiano como lo es el Concejo Seccional de la Judicatura, altamente politizadas, ineficiente e ineficaz, pero que por actos del demonio, ese que gobierna el infierno a donde María Fernanda Cabal quería mandar a nuestro Nobel Gabriel García Márquez, le ha dado la funciones de impartir injusticia.

Preocupante son las estadísticas que se pueden abarcar, observando la desnutrición de los niños wayuu, en el departamento de la guajira es preciso decir que existe un nivel de desnutrición cerca de 37.000 mil infantes y 18.000 mil adultos mayores en condiciones desfavorable e invivibles.

La nación indígena más grande de Colombia (wayuu), situada en el extremo del país, está siendo exterminada y aunque se escuche un tanto fuerte, es sin duda la breve realidad que amenaza nuestros indígenas. Puesto que mueren de sed y de hambre debido a la falta a la indolencia de estado colombiano.

Estos momentos asumimos nuestra desfavoribilidad e inconformidad porque el rio de él que miles de indígena se suministraba en la región fue represado y su agua privatizada para el servicio de la industria agrícola y explotación de la mina de carbón de cielo abierto más grande del mundo.

Esto sumado a la inminente presencia