LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA COMUNIDAD BRISAS DE LAS MALVINAS A PARTIR DE LAS EXPERIENCIAS DE NUESTROS PUEBLOS ORIGINARIOS(WAYUU)EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.

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Palabras claves: Conflicto, convivencia, mediación

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Indicé General

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Acta de aceptación del Tutor

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Agradecimiento Dedicatoria

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Resumen

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Índice General

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Índice de anexos

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Introducción

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Fase I. Identificación del Problema

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1.1. Ideas Impulsadoras

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1.2. Interrogantes

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1.3. El problema

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1.3. Propósito General

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1.4. Propósitos Específicos

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Fase ll. Fundamentación Teórica

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2.1. Reseña histórica de la Comunidad

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2.2. Teorías Socio jurídicas de las categorizaciones

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2.3. Fundamentación Legal

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2.7. Referencias conceptuales

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Fase III. Recorrido Metodológico

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3.1 Paradigma de la Investigación

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3.1. Tipo de investigación

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3.2. Población y Muestra

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3.3. Descripción de los instrumentos y técnicas

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3.4.Procedimiento para la Recolección de Información

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Fase IV. Procesamiento y Análisis de la Data

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4.1. Categorización 4.3. Triangulación y Aseveraciones. Fase V. Propuesta de Acciones 5.1. Denominación de la Propuesta 5.2. Plan de acción 5.4. Cronograma Fase VI. Ejecución de las Acciones 6.1. Micro Plan de Acción 6.2. Resultado de las acciones 6.3.reflexiones de las acciones 6.4 Conclusiones 6.5 Recomendaciones Referencias Bibliográficas

Anexos

32 33 35 50 51 51 54 55 55 57 60

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Índice de Cuadros

Categorías y Sub Categorías 43 Plan de Acción General 48 cronograma de Actividades 49

Micro plan de Acción 51

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Introducción La justicia es un derecho humano fundamental que el Estado como garante del pode del imperio que le ha sido conferido por los administrados, está en el deber de impartir. Por ello, cada nación desde la óptica del hecho social que le da origen a sus instituciones ha interpretado de distinta forma lo que debe entenderse por la justicia y la manera como la misma debe ser administrada. En Venezuela, la justicia se concibe como el principio supremo ante el cual están supeditados todos los procesos judiciales, no en vano el ordenamiento jurídico refiere a groso modo que el proceso constituye el instrumento fundamental para la realización de tan magna garantía. Así las cosas, estando la mayoría de la población de la República Bolivariana de Venezuela en los estratos económicos más vulnerables, es de esperarse que el legislador asuma una actitud tendente a asegurar una reducción progresiva de los importes económicos que los justiciables deben soportar para acceder al sistema formal de administración de justicia. En ese sentido resulta imprescindible efectuar un análisis sobre todos los preceptos que se funden junto a la gratuidad para la efectiva prestación del bien jurídico perseguido por el Poder Judicial de la República Bolivariana de Venezuela que no es otro que la justicia. Esto hace necesario plantearse medios alternativos de aplicar la justicia ya que los existentes en estos momentos se hacen difíciles de alcanzar por los estratos sociales más vulnerables

El Código de Procedimiento Civil de Venezuela (1987) si bien se ha constituido como la norma rectora de todos los procedimientos civiles que se desarrollan en las instancias civiles y mercantiles, el mismo es de anterior aplicación a la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999); de allí surge la disyuntiva de que si sus disposiciones se acoplan perfectamente a las consideraciones que respecto a la justicia se encuentran consagradas sacramentalmente en la aludida

norma superior y las novísimas normas procedimentales que conforman el ordenamiento jurídico de la nación venezolana. Sobre este particular, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela en su Sala Constitucional como máximo intérprete de las normas y de los principios que se encuentran consagrados en el texto de la Constitución, ha examinado exhaustivamente el precepto de la gratuidad de la justicia, con el objeto de determinar el alcance y el enfoque definitivo de cómo debe ser observado el mismo a la hora de ser invocado por algún administrado. Por todo lo anteriormente expuesto, se procede a describir la estructura del cuerpo del trabajo, el cual se distribuyó de la siguiente manera: En el primer capítulo se trata el problema de los sistemas de justicia actuales que no existe forma de que sean alcanzables por todos los ciudadanos por igual, lo que nos lleva a la necesidad de proponer medios alternativos que sean manejados por las propias comunidades organizadas. En el segundo capítulo se abarca el marco teórico vinculante. El capítulo tercero, está constituido por el marco metodológico. En el capítulo cuarto, se presentan los resultados obtenidos con sus conclusiones y recomendaciones, y finalmente los materiales de referencia correspondientes.