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Enviado por   •  3 de Abril de 2018  •  3.977 Palabras (16 Páginas)  •  423 Visitas

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La Economía también se debe encontrar al servicio del hombre y de la sociedad. Su objeto es la formación y el incremento progresivo de la riqueza tanto en términos cuantitativos como cualitativos, pero todo ello, sin olvidar su dimensión moral: esto es, que en el afán de obtener beneficios económicos no se menoscaben derechos de seres humanos, de grupos sociales, o de pueblos enteros, sino que se practique la virtud de la solidaridad y una justa distribución de los bienes y servicios[12].

El Magisterio de la Iglesia considera que la iniciativa privada de las personas en el campo económico es un valor fundamental, que debe ser promovido y tutelado. El Estado sólo debe imponer restricciones cuando existe incompatibilidad entre la persecución del bien común y el tipo de actividad económica puesta en marcha, o en su modalidad de desarrollo[13].

De tal modo, se considera al libre mercado como una institución socialmente importante por su capacidad para garantizar resultados eficientes en la producción de bienes y servicios, siempre y cuando el intercambio se realice a través de una competencia sana y ordenada[14]. Dicho criterio se extiende también a las relaciones internacionales entre países, siendo ventajosas cuando las partes se encuentran en condiciones de igualdad, mas no cuando las condiciones son demasiado desiguales, ya que los precios que se forman “libremente” pueden acarrear resultados no equitativos[15].

En lo que respecta a la política fiscal, existe un principio que obliga a todos los miembros de una comunidad a contribuir, de acuerdo con sus posibilidades, para la cobertura de las necesidades que hacen a la organización social. Ello fundamenta la obligación natural de pagar los tributos que establezca la autoridad estatal.

El Magisterio eclesiástico ha advertido sobre esta cuestión: por un lado, Pio XII enseña que “No existe duda alguna sobre el deber de cada ciudadano de soportar una parte de los gastos públicos”[16]; y por su parte, Juan XXIII nos dice “Todos los hombres y todas las entidades tienen obligación de aportar una contribución específica a la prosecución del bien común”[17].

Sin embargo, Pío XII advierte que el Estado debe repartir las cargas en proporción a los recursos de los ciudadanos, evitándose que los impuestos lleguen a ser un medio cómodo para cubrir el déficit provocado por administraciones imprevisoras; y asimismo, remarca que se debe evitar el despilfarro del dinero público y prevenir los abusos e injusticias por parte de los funcionarios, así como también la evasión de quienes deben abonar los impuestos[18].

En materia de política monetaria, si bien la Iglesia no propone reglas técnicas, señala “…cuídese no dañar el bien de la propia nación o de las ajenas. Tómense precauciones para que los económicamente más débiles no queden afectados injustamente por los cambios de valor de la moneda”[19].

- Las cartas encíclicas más destacadas en materia económica y social

El 15 de mayo de 2012 se cumplirán 121 años de la divulgación de la carta encíclica Rerum Novarum, del mismo día del año 1891. Creada por el papa León XIII, tal como se refirió anteriormente, con ella se inicia lo que hoy se conoce como Doctrina Social de la Iglesia[20].

El contexto en el que nace el dictado de tal encíclica determinó el interés de la Iglesia en iniciar una reforma social cristiana orientada a solucionar la “cuestión social” que aquejaba a la parte de la población mundial más desvalida, tales como los trabajadores, campesinos, aborígenes, niños, mujeres y pobres.

Precisamente León XIII fue llamado el “papa de los obreros” y a él se le adjudican planteos que fueron revolucionarios para la época, ya que se manifestó abiertamente a favor de la asociación laboral, el descanso dominical, la limitación del trabajo diario, la prohibición del trabajo infantil, la especial protección de la mujer trabajadora, la fijación de un salario mínimo justo y la necesidad de encarar obras de previsión social. También abogó por el principio de irrenunciabilidad de los derechos conferidos al trabajador y el necesario control del Estado, interviniendo las relaciones particulares para garantizarlo.

Naturalmente, estas ideas implicaron adoptar una ideología particular en cuanto al derecho de propiedad. Así, asumió una doctrina alternativa entre el liberalismo económico y el socialismo. León XIII encuentra esta alternativa al plantear la necesaria inserción del derecho de propiedad en la ley natural, o bien, proclamar la función social de la propiedad.

A partir de ese momento, la propiedad constituye un tema central para la doctrina social de la Iglesia, encarada siempre como un derecho natural, inserto en su fin social. La propiedad es un derecho natural del hombre que, como todo derecho, se halla inserto en un orden común y que es el destino común de la tierra. De allí que la propiedad tenga un fin social o de utilidad común.

- Desarrollo posterior de la doctrina

El 15 de mayo de 1931 se publica la carta encíclica Quadragesimo Anno del papa Pío XI como homenaje a la labor de León XIII. Con ella se reiteró el mensaje destinado a concretar la retribución justa, haciendo hincapié en que “durante mucho tiempo, en efecto, las riquezas o capital se atribuyeron demasiado a sí mismos. El capital reivindicaba para sí todo el rendimiento, la totalidad del producto, dejando al trabajador apenas lo necesario para reparar y restituir sus fuerzas”. La recomendación de la encíclica fue entonces que “a cada cual, por consiguiente, debe dársele lo suyo en la distribución de los bienes, siendo necesario que la partición de los bienes creadores se revoque y se ajuste a las normas del bien común o de la justicia social, pues cualquier persona sensata ve cuán gravísimo trastorno acarrea consigo esta enorme diferencia actual entre unos pocos cargados de fabulosas riquezas y la incontable multitud de los necesitados”[21].

El 15 de mayo de 1961 tiene lugar el nacimiento de la encíclica Mater et Magistra del papa Juan XXIII, donde se resalta el lugar de vanguardia, como Madre y Maestra, que debe ocupar la Iglesia, para mostrar su preocupación por los trabajadores y sus aflicciones, que agobian a las multitudes y subyugan a pueblos y naciones.

Dos años después, el 11 de abril de 1963, Juan XXIII reedita estas cuestiones en Pacem in Terris, en cuanto al salario digno y la libertad de asociación, ello en el contexto mundial de la Guerra Fría.

Paulo VI continúa esa línea directriz en la encíclica Populorum Progressio

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