TEMA: Responsabilidad del estado frente a las víctimas del conflicto interno en Colombia, Argentina y Guatemala.

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El número de víctimas del conflicto armado registradas en Argentina desde 1955 empezó por el bombardeo protagonizado por 29 aviones de la Marina a una concentración de civiles en Plaza de Mayo, a la Casa de Gobierno y la residencia presidencial dejó un saldo de más de 300 personas muertas y cientos de heridos, en 1978 el resultado fue de 27 fusilamientos, un escándalo, que pasaría a la historia con el nombre de «operación masacre» Entre 1970 y 1972 se produjo alrededor de una docena de desapariciones una violencia inusitada. Por el nombre de Cordobazo, en 1969 se conoció el estallido social de tres días que dejó un saldo de 16 muertos, numerosos heridos y más de 2000 detenidos, entre 1973-1975 se dieron 900 asesinatos, ya en 1974 se llegó alcanzar la cifra de 5.182 casos al momento del golpe de Estado se logró evidenciar 8.960 casos de desaparición de personas a partir de la reunión de testimonios y documentación probatoria, de las cuales solo 1.300 fueron vistas en algún centro clandestino de detención antes de su desaparición final. Actualmente, los casos denunciados oficialmente alcanzarían aproximadamente los 10.000 casos, según la base de datos centralizada por Estado, datos provistos por los servicios de inteligencia que declaran unas 22.000 víctimas en 1978, que constan en los informes de la Embajada Norteamericana del Departamento de Estado (Catoggio, 2014).

Y por último se presenta a Guatemala, donde en un artículo histórico de la revista digital BRÚJULA, publicado el 1 de marzo del 2012 por Liza Noriega y escrito por Mónica Mazariegos, estudiante de Escuela de Ciencia Política de la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC); exponen el proceder del conflicto armado interno en un país como Guatemala, por medio de una “guerra civil entre el Ejército de Guatemala y el Estado enfrentados contra organizaciones civiles de distintos estratos sociales entre ellos se encontraban estudiantes universitarios y de institutos públicos, sindicatos, población indígena, campesinos, trabajadores, entre otros muchos (...) el cual se presenta entre los años 1960 y 1996.”

Noriega y Mazariegos (2012) afirman que “las causas de esta lucha son la cruda pobreza, la injusticia social, la carencia de educación, la baja remuneración para con los asalariados y los sueños frustrados de una generación que vivió ante la intromisión de Estados Unidos en la primavera democrática de este país” comenzando en la época del gobierno de Estrada Cabrera; expresan también que “ las causas no se limitaron a éstas; internacionalmente se puede ubicar este conflicto en la Guerra Fría, proceso en el cual se enfrenta EUA y la URSS dividiendo el mundo en dos bloques: países capitalistas y países comunistas y/o socialistas. El número de muertos ascendió la cifra de 200,000, innumerables poblaciones indígenas arrasadas, y otro tanto de exiliados que huyeron de la represión del país”, sufriendo violencia y crueldad de formas increíbles, sin que el Estado considerará examinar la normatividad para poder brindar alguna protección a los derechos fundamentales que se notaban seriamente afectados por estos cambios agresivos de gobierno.

Actualmente en Guatemala se presenta un conflicto interno con aspectos relativamente diferentes a los mencionados, según una columna publicada en THE IRISH TIME el 17 de julio del 2014 por Mary Lawlor, la ecologista Yuri Melini explica que en “la historia del país de Guatemala, no se ha presentado una guerra de independencia, sino una entrega negociada del poder de España para que 10 familias que controlaban todos los aspectos de la vida política y económica del país y se mantuvieran en el poder, en la actualidad se sigue reflejando” con esto, se puede llegar a dimensionar una responsabilidad en el Estado a causa de los malos manejos del gobierno Guatemalteco y conllevando a resultados poco beneficiosos para su pueblo reflejándose poco a poco con el tiempo, así como se presenta en la revista digital Los Angeles PRESS el 2 de marzo del 2015, con un artículo de Mary Lawlor, se menciona la culpa que tienen las víctimas del conflicto interno causado por la migración ilegal que se vive en Guatemala y la crisis humanitaria que se evidencia, revelando que la distribución del ingreso permanece sumamente desigual, lo que demuestra una posible falencia en la normatividad y en el orden Estatal, esto a su vez expone una gran responsabilidad por parte del Estado con el pueblo, para solucionar y apaciguar la crisis humanitaria en la que se esta viviendo; según el CIA World Factbook para Guatemala, se halla un análisis donde:

El 20% de la población, que representa a los más ricos, da cuenta de más del 51% del consumo general de Guatemala y más de la mitad de la población está por debajo de la línea nacional de pobreza y el 13% de la misma está sumida en pobreza extrema. Entre los grupos indígenas, la pobreza, que alcanza al 38% de la población, llega a un 73% y la pobreza extrema, al 28%. Casi la mitad de los niños guatemaltecos menores de cinco años sufren desnutrición crónica, uno de los índices de desnutrición más altos del mundo. (en línea) .

Lo anterior abre paso a inferir, que en cada uno de los países se tiene presente una responsabilidad en el Estado a causa de un conflicto interno con algunas variaciones para cada uno de ellos, claro está, que se pueden evidenciar diversas clases de víctimas y que cada uno de estos países posee una problemática social diferente, para casos como el de Argentina no solo es la problemática social una de las diferencias en la responsabilidad del Estado, también se puede evidenciar en la forma del gobierno, en este caso un Estado Federal el cual muestra que el manejo y la solución que se da a los problemas son diferentes tanto en la jurisprudencia, como la normatividad y la doctrina de Colombia y Guatemala que son Repúblicas; con un breve análisis histórico-político de los países antes mencionados, se plantea entonces el siguiente problema de investigación ¿Cuáles son los dispositivos jurídicos para determinar la responsabilidad del Estado frente a las víctimas del conflicto interno en Colombia, Argentina y Guatemala?.

OBJETIVO GENERAL

- Distinguir cuales son los dispositivos jurídicos para determinar la responsabilidad del Estado frente a las víctimas del conflicto interno en Colombia, Argentina y Guatemala.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar en la normatividad los indicadores de responsabilidad del Estado y como protege la Constitución a las víctimas de cada país.

- Revisar pronunciamientos jurisprudenciales en donde se haya condenado al Estado por la responsabilidad

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