TRABAJO FINAL DEL CURSO DE PRINCIOIOS DEL PROCESO PENAL

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La manifestación del poder penal del Estado tiene tres momentos: Un primer momento, en el que se determina los actos que la ley considera que deben reprimirse (derecho penal); un segundo momento, en que luego de cometida la conducta tipificada en la ley penal, en que luego de cometida la conducta tipificada en la ley penal, se desarrollan los actos tendientes a su investigación y juzgamiento (derecho procesal penal); y un tercer momento, el de la ejecución de la sanción impuesta (derecho de ejecución penal).

CAPITULO I

- PROBLEMA DE INVESTIGACION

- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Sobre el tema de los Principios Relativos al Proceso Penal existen diversas formas de manifestación no sólo en el Perú, sino en otras partes del mundo, al respecto, existen muy pocos estudios acerca de la vulneración de estos principios en los Procesos penales y las sentencias judiciales, el tema es complejo y sus resultados siempre son discutibles. Por consiguiente el diseño de mecanismos transparentes que permitan evaluar la correcta aplicación de los principios relativos al Proceso Penal.

Es sabido que en el proceso penal moderno, fruto del Estado de Derecho, la Constitución adquiere una gran relevancia, no sólo porque ocupa la posición de primer nivel en el ordenamiento jurídico (art. 138°, segundo párrafo), sino porque materialmente en el proceso penal los derechos en conflicto son fundamentales, de relevancia constitucional, al estar integrados –de un lado- por el derecho de penar que ejercita el Ministerio Público (art. 159°, incs. 4 y 5 Const.) y -de otro- por el derecho a la libertad del imputado que hace valer la defensa (arts. 2°.24 y 139°.14 Const.). Lo expuesto es consecuencia de haber adoptado Constituciones rígidas [que no pueden ser modificadas por la ley ordinaria] y normativas [que se integran al ordenamiento como normas supremas].

En este orden de ideas, la Constitución, especialmente en el art. 139°, ha reconocido un conjunto de derechos y principios procesales que es del caso desarrollar en este capítulo, sobre la base de la necesidad del proceso penal o principio de jurisdiccionalidad, a tenor del art. 139°.10 de la Ley Fundamental. Esta garantía jurisdiccional tiene un doble componente, pues, por un lado atiende, a que la pena se impone sólo por los tribunales y, por otro, a que la pena se impone por los tribunales exclusivamente por medio del proceso.

Del conjunto de esos derechos y principios procesales, como es obvio, se derivan un conjunto de consecuencias en orden tanto a los derechos y garantías de los justiciables, cuanto a los límites de los poderes públicos. Es de recordar que en tanto el proceso es una estructura constituida por una serie ordenada de actos que se realizan en el tiempo, el quehacer de los sujetos procesales se halla gobernado por principios, que son categorías lógico jurídicas, muchas de las cuales han sido positivizadas en la Constitución o en la Ley, cuya finalidad es señalar el marco dentro del cual debe desenvolverse la actividad procesal.

La Constitución ha incorporado un conjunto de garantías genéricas y una extensa relación de garantías específicas. Se trata, en ambos casos, de una vasta relación de cláusulas de relevancia constitucional que definen los aspectos orgánicos de la jurisdicción penal, la formación del objeto procesal y régimen de actuación de las partes (proceso), así como de la actuación formal de la pretensión punitiva y de su resistencia hasta la sentencia definitiva (procedimiento). Estas garantías, en cuanto tales, se proyectan en bloque en todo el ámbito procesal penal; son expansivas y polivalentes, pues una misma garantía tanto se la encuentra en una fase del proceso como en otra.

Sostiene Luigi FERRAJOLI que mientras las garantías penales o sustanciales subordinan la pena a los presupuestos sustanciales del delito (lesión, acción típica y culpabilidad), las garantías procesales o instrumentales permiten la efectividad de esas garantías en tanto se afirme la presunción de inocencia, la separación entre acusación y juez, la carga de la prueba y el derecho del acusado a la defensa. De igual manera, insiste el mismo autor, la principal garantía procesal, presupuesto de todas las demás, es la de jurisdiccionalidad (nulla culpa sine iudicio), que tiene su origen en el art. 39° de la Carta Magna inglesa de 1215 y que incluía garantías contra la detención, la reserva de jurisdicción (juicio legal de un sujeto imparcial e independiente) y la presunción de inocencia; en tal virtud esta garantía de jurisdiccionalidad, en sentido estricto, exige la acusación, la prueba y la defensa.

- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Qué nivel de conocimiento tienen los estudiantes del III Semestre sección A, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez Sub Sede Puno, referente a los Principios Relativos al proceso Penal; como son Principio de Legalidad, principio de Pluralidad Instancias y el Principio de Gratuidad, en el Proceso Penal?

- JUSTIFICACIÓN

Como Estudiantes del Derecho, somos conscientes que la presente monografía es el resultado de observar el problema existente en el contexto universitario, este problema ha provocado nuestra preocupación por investigar en qué medida este desconocimiento afecta el entendimiento sobre el principio de legalidad, principio de pluralidad de instancias y el principio de gratuidad, lo que perjudica su pleno entendimiento para su futuro desenvolvimiento profesional.

- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

- Objetivo General.

Determinar la correcta aplicación del Principio de Legalidad, Pluralidad de Instancias y Gratuidad en un determinado Proceso Penal, según los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes.

Así mismo determinar que los estudiantes del III Semestre Sección A, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, CAP Derecho, asimilen adecuadamente los conocimientos sobre los principios rectores en el Proceso Penal, a fin de ponerlos en práctica en su desempeño laboral.

- Objetivo Específico.

Conocer sobre los principios y garantías fundamentales del Proceso Penal y analizar las circunstancias y/o modos en las cuales estos principios son vulnerados por os órganos jurisdiccionales

CAPITULO II

- MARCO TEORICO