Un Sistema penitenciario panameno.

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3. Objetivos del Sistema Penitenciario

1. Lograr la resocialización del privado o la privada de libertad sobre la base de un adecuado tratamiento penitenciario, el trabajo, la capacitación, la educación y la práctica de valores morales;

2. Mantener recluidas a las personas que se encuentran cumpliendo sanciones administrativas, de carácter penal y medidas de seguridad, garantizándoles el respeto de los derechos humanos;

3. Servir de custodia y seguridad de las personas sometidas a detención preventiva;

4. Brindar ayuda y labor asistencial a los privados o las privadas de libertad y a los liberados o liberadas, de modo que puedan reincorporarse útilmente a la sociedad;

5. Ejecutar las sentencias emitidas por los tribunales de justicia y las resoluciones de las autoridades administrativas de policía.

4. Dirección y Subdirección del Sistema Penitenciario

El sistema penitenciario estará a cargo de una unidad administrativa denominada Dirección General del Sistema Penitenciario, la cual estará adscrita al Ministerio de Gobierno, y tendrá a su cargo la planificación, organización, dirección, ejecución y supervisión del Sistema Penitenciario nacional. (Artículo 19 de la Ley 55 de 2003)

La Dirección General del Sistema Penitenciario tendrá un Subdirector General, que reemplazará al Director General en sus faltas temporales o accidentales. Para ser Subdirector General se deberá cumplir con los mismos requisitos que se exigen para ser Director General. (Artículo 21 de la Ley 55 de 2003).

Problemas SPP

No obstante, a pesar de lo anterior, existen problemas estructurales que afectan a las instituciones encargadas de impartir justicia y administrar centros penitenciarios, tales como:

- Administrativos

- Problemas jurisdiccional

- Falta de compromiso

- Ausencia de políticas públicas

- Falta de una defensa jurídica adecuada

- Falta de interés social

- Falta de voluntad estatal

5. Constitución Política de la República de Panamá La Constitución Política es el instrumento jurídico de mayor jerarquía en el que se cimienta el Sistema Penitenciario panameño, específicamente en el artículo 28, que señala que “se funda en principios de seguridad, rehabilitación y defensa social”. En la mencionada disposición igualmente se prohíbe la aplicación de “medidas que lesionen la integridad física, mental o moral” de las personas que están bajo detención, y ordena la capacitación en oficios, como mecanismo para que se reincorporen útilmente a la sociedad. Señala además, que las personas menores de edad “estarán sometidas a un régimen especial de custodia, protección y educación”. El rango jerárquico de la Constitución Política, determina que los otros instrumentos jurídicos que desarrollen el tema, no pueden bajo ningún concepto contravenir los principios ahí establecidos.

6. Ley 55 de 30 de julio de 2003 o Ley Penitenciaria

Es la normativa que actualmente regula al Sistema Penitenciario panameño. Fue promulgada el 30 de julio de 2003, y deroga la Ley 87 de 1 de julio de 1941, que hasta esa fecha, era la que reglaba nuestro sistema penitenciario. La ley 55 de 2003 nace como una respuesta a la necesidad de una legislación moderna que sustente y oriente las iniciativas, políticas y programas que harán posible las grandes transformaciones penitenciarias que reclama el país en los albores de su promulgación.

Esta ley introduce el concepto de “servicio público penitenciario”, como objetivo del Sistema Penitenciario Nacional, y le otorga una nueva estructura

orgánica moderna y más adecuada a la prestación de este servicio público.

Establece los principios generales de la Carrera Penitenciaria y la Escuela de Formación Penitenciaria, consagra el régimen de derechos y deberes de los privados o privadas de libertad, destaca el principio de presunción de inocencia como rector del trato que se debe dispensar a las personas en detención preventiva.

Incorpora el concepto de separación y clasificación de la población privada de libertad, de acuerdo a criterios criminológicos y penitenciarios; adopta el sistema progresivo técnico como fundamento conceptual del tratamiento penitenciario. Por último, y no menos importante, adopta como complementarias y supletorias, las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas sobre las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, y el Conjunto de Principios Para la Protección de Personas Sometidas a Prisión de 1988.

Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos

Son un conjunto de medidas adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977. Su objetivo no es el de describir en forma detallada un sistema penitenciario modelo, sino solamente instituir, los principios y las reglas de una buena organización penitenciaria y de la práctica relativa al tratamiento de los privados de libertad, inspirándose en conceptos generalmente admitidos en nuestro tiempo y en los elementos esenciales de los sistemas contemporáneos más adecuados.

La primera parte de las reglas son concernientes a la administración general de los establecimientos penitenciarios y es aplicable a todas las categorías de privados de libertad, criminales o civiles, en prisión preventiva o condenados, incluso a los que sean objeto de una medida de seguridad o de una medida de reeducación ordenada por el juez. Contiene normas generales para el registro, alojamiento, condición de los locales, higiene personal, ropa y camas, alimentación, ejercicios, asistencia médica, disciplina y sanciones, medios de coerción, información y quejas, contacto con el exterior, biblioteca, depósito de pertenencias, traslados, notificaciones, inspección y el personal penitenciario.

La segunda parte contiene las reglas que no son aplicables más que a las categorías de privados de libertad a que se refiere cada sección. Contiene temas como el tratamiento, la clasificación e individualización,