Las Garantías Constitucionales en el Proceso Penal

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En el caso Montenegro, quien fue condenado por delito de robo, se tomó como base de las pruebas en su contra, su confesión prestada ante funcionarios policiales de manera compulsiva. Las constancias de la causa demostraban, los apremios ilegales a los que había sido sometido en dependencias policiales previo a su confesión. Pese a ello, la Cámara consideró que la declaración prestada en tales condiciones, constituía una grave presunción en contra del acusado. El acusado, interpuso recurso extraordinario ante alzada, pero le fue denegado, por entender que versaba sobre cuestiones de hecho y prueba propias de los jueces de la causa.

Finalmente recurrió en Queja, la Corte admitió la procedencia formal del recurso, expresando que la validez de una confesión obtenida mediante apremios ilegales constituía una cuestión federal. Al confirmar la condena impuesta en primera instancia, la Cámara había manifestado que si bien habían comprobado lesiones en Montenegro que, demostraban apremios ilegales, su declaración había permitido esclarecer un ilícito. La Corte, se pronunció, por la invalidez de la confesión, mas allá de su aptitud como prueba de cargo, citando precedentes de la Corte de EEUU y principios consagrados en la Asamblea del año 1813, entendió que atribuirle a una declaración como la de Montenegro, siquiera valor indiciario, implicaba una violación al Artículo 18 de la Constitución Nacional y que, de admitirse una declaración compulsiva, pondría en duda la buena administración de justicia, por resultar contradictorio fundar una sentencia de condena en pos de la ilegalidad policial.

Herrera, Nabila del Valle. (Matricula: 42390042)

Trabajo Practico N° 2.

Garantías Constitucionales

Derecho a ser oído –Declaración contra uno mismo.