Las crisis del capitalismo democrático avance

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PARA LA ECONOMÍA DOMINANTE, desórdenes como la inflación, el déficit público y el endeudamiento excesivo, público o privado, son el resultado de un conocimiento insuficiente de las leyes que gobiernan la economía como máquina de creación de riqueza, o de desobedecer tales leyes en una búsqueda egoísta de poder político. La economía dominante no es sino la exaltación teórica de un orden social político-económico al servicio de los que disponen de poder de mercado, pues equipara sus intereses al interés general, representa las reclamaciones distributivas de los propietarios del capital productivo como imperativos técnicos de la buena gestión económica.

LAS TEORÍAS DE LA ECONOMÍA POLÍTICA, conciben la asignación de recursos determinada por el mercado solo como un tipo de régimen político-económico, regido por los intereses de los que poseen recursos productivos escasos y disponen así de una firme posición de mercado. Para la economía política, la presentación que la economía dominante hace de las disfunciones económicas como consecuencia de una brecha entre los principios tradicionalistas de la economía moral y los principios modernos y racionales es tendenciosa y falsa, porque oculta el hecho de que la economía “económica” es también una economía moral, al servicio de quienes disponen de las palancas de mando en el mercado.

En el lenguaje de la economía predominante, las crisis aparecen como un castigo ante el fracaso de los gobiernos que no respetan las leyes naturales, auténticas gobernantes de la economía.

Para las teorías de la economía política, las crisis son manifestaciones de las “reacciones kaleckianas” de los propietarios de los recursos productivos ante la intrusión de la política democrática en sus dominios, tratando de impedirles que exploten plenamente su poder de mercado y violando así sus expectativas de una justa recompensa por su astuta asunción de riesgos. La única política que tal teoría puede considerar implica intentos oportunistas de sustraerse a las leyes económicas.

La buena política económica sería apolítica, opinión no muy compartida por muchos para quienes la política es un recurso muy necesario frente a los mercados, cuyas operaciones interfieren con lo que ellos creen que es justo.

- LOS ACUERDOS DE LA POSGUERRA

El capitalismo democrático de posguerra sufrió su primera crisis durante la década de 1970, cuando LA INFLACIÓN comenzó a crecer rápidamente en todo el mundo occidental al mismo tiempo que el declive del crecimiento económico dificultaba el mantenimiento de la tregua político-económico entre capital y trabajo que había puesto fin a los conflictos laborales tras la Segunda Guerra Mundial.

Esta tregua significaba que la clase obrera organizada aceptaba el mercado capitalista y los derechos de propiedad a cambio de la democracia política, que le garantizaba seguridad social y un aumento del nivel de vida. Esta convicción popular llegó tras dos décadas de crecimiento ininterrumpido, convicción que se tradujo en expectativas políticas que los gobiernos se sentían obligados a satisfacer, pero que cuando el crecimiento comenzó a ralentizarse disminuyó su capacidad de hacerlo.

La estructura de los acuerdos de posguerra entre capital y trabajo era fundamentalmente la misma en todos los países donde se había institucionalizado el capitalismo democrático, por diferentes que éstos fueran en otros aspectos. Incluía:

- El Estado del bienestar.

- El derecho de los trabajadores a la libre negociación colectiva.

- Una garantía política de pleno empleo suscrita por gobiernos que recurrían a diversas herramientas keynesianas.

Cuando el crecimiento empezó a disminuir a finales de la década de 1960, esa combinación se hizo difícil de mantener. Los trabajadores obtenían mejoras salariales a través de los sindicatos. El compromiso de los gobiernos con el pleno empleo y el Estado del Bienestar protegían a los sindicatos de potenciales caídas en el empleo causadas por el desnivel entre el aumento de la productividad y los salarios acordados. A finales de la década de los 60 se produjo una oleada de militancia obrera, alentada por la convicción de que el nivel de vida creciente era un derecho político y por la pérdida del miedo al desempleo.

En los años subsiguientes los gobiernos de todo el mundo occidental afrontaron el problema de cómo lograr que los sindicatos moderaran sus reivindicaciones salariales sin tener que rescindir la promesa keynesiana del pleno empleo. La única salida posible era una política monetaria flexible que, aun permitiendo la coexistencia de la negociación colectiva libre y el pleno empleo, dio lugar a un aumento generalizado de la tasa de inflación que se iba acelerando cada vez más con el tiempo.

En sus primeras fases, LA INFLACIÓN no era un gran problema para los trabajadores, que estaban representados por sindicatos lo bastante poderosos políticamente como para conseguir mantener los salarios. La inflación afecta principalmente a los acreedores y poseedores de activos financieros, entre los que no se hallan en general los trabajadores, o al menos no en esas décadas.

Por eso la inflación se puede describir como un reflejo monetario del conflicto distributivo entre:

- una clase obrera que exige seguridad en el empleo y una mayor participación en la renta del país.

- y una clase capitalista que se esfuerza por maximizar el rendimiento de su capital.

Las dos ideas son incompatibles sobre lo que es suyo por derecho, uno insistiendo en los derechos asociados a la ciudadanía y el otro en los de la propiedad y el poder de mercado.

En este sentido, el sociólogo británico John Goldthorpe sugirió a finales de la década de los 70 que la elevada inflación no era erradicable en una economía de mercado democrático-capitalista que permite a los trabajadores y los ciudadanos corregir la influencia del mercado mediante la acción política colectiva.

Para los gobiernos que afrontaban las demandas de trabajadores y capitalistas en un contexto de declive de la tasa de crecimiento, una política monetaria laxa (poco rigurosa o severa) era la manera más fácil de evitar un conflicto social. En los años de la inmediata postguerra, el crecimiento económico había proporcionado a los gobiernos de los conceptos de justicia económica, bienes y servicios adicionales. Ahora tenían que hacerlo con dinero adicional, como

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