Quiero expresar mi agradecimiento a las personas que contribuyeron, directa o indirectamente, en la realización de la tesis.

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Esta investigación busca conocer la realidad de las personas con discapacidad física adquirida, y el nuevo escenario social al que se ven enfrentados, evaluando la pertinencia de la oferta municipal dirigida a esta población, desde el discurso de las necesidades expresadas por los sujetos. Lo anterior, entendiendo, que la discapacidad ha evolucionado desde un prisma biomédico, centralizado en la deficiencia presentada en el sujeto, a un enfoque de justicia en el cual se reconoce al sujeto por sobre la diferencia.

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3.- Formulación del problema de investigación

Históricamente, la discapacidad ha sido concebida como un problema particular del sujeto afectado por una condición de nacimiento y / o adquirida que limitaba, restringía y/o obstaculizaba su plena participación en un contexto social. Desde esta perspectiva, el abordaje de la discapacidad ha sido contemplado como un tema de orden pre-sociológico o, definitivamente, no sociológico.

“En un primer momento se consideró que la discapacidad tenía un origen sobrenatural, centrado en motivos religiosos, en el castigo de los dioses. Las personas con discapacidad se asumían como innecesarias ya que se consideraba, que no contribuían a las necesidades de la comunidad, eran portadoras de una desgracia, de mensajes diabólicos, situaciones todas ellas que incluso las hizo ser consideradas no merecedoras de vivir” (Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación -CIDE-, 2010, p. 39).

Más contemporánea en la idea que “surge por lo que se entiende como Rehabilitación Profesional, se inicio con gran énfasis en el mundo occidental a partir de 1914, cuando los países europeos y más tarde los Estados Unidos, vieron regresar del frente a numerosos jóvenes integrantes de sus ejércitos, con secuelas físicas y mentales adquiridas en los enfrentamientos bélicos”. (Ospina, 2007, p.6).

Luego, en 1919 se firmó el tratado de Paz de Versalles y se creó la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T), “entidad que ha tenido un papel decisivo en la promulgación de leyes y normas gubernamentales que buscan proteger los derechos de las personas con discapacidad, en promoción y desarrollo de programas de Rehabilitación profesional en el mundo”. (Hernández, 1999)

Luego, la Organización de las Naciones Unidas decreto que “toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. (Naciones Unidas, 1998, p.87).

De esta forma, los cambios tanto sociales, culturales y científicos ocurridos en el siglo XX, han impulsado al surgimiento de nuevas reflexiones, concepciones y enfoques de investigación e intervención de la discapacidad.

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El 13 de diciembre de 2006, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó formalmente la Convención acerca de los derechos de las personas con discapacidad. Con el objetivo de “promover, proteger y asegurar el pleno y en condiciones de igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales por las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente” (Organización de las Naciones Unidas, 2006).

A su vez, Chile, el 25 de agosto de 2008, se adhiere a la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, que establece un cambio de paradigma, “donde la discapacidad es asumida como una cuestión de derechos humanos donde el problema se encuentra en el entorno socio- cultural y físico y no así en el sujeto”. (Servicio Nacional de la Discapacidad –SENADIS-, Ley N° 20.422. Instrumentos internacionales. Centro de documentación).

El Servicio Nacional de la Discapacidad trabaja con una política pública, basada en la nueva ley N° 20.422, que establece las normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Esta política se divide en tres puntos esenciales que permiten poseer una mayor comprensión y conocimiento de los objetivos propuestos:

- El Sello de Inclusividad es un instrumento a través del cual el Estado reconoce y distingue públicamente a las instituciones que dentro de un territorio determinado, se destaquen por su disposición para incorporar de modo efectivo, en igualdad de derechos, a las personas con discapacidad.

- Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad en Chile, el cual debe tener información estratégica sobre el estado actual de la población con discapacidad en los diferentes ámbitos que componen a la sociedad, es decir, cuan grande es la brecha de acceso a las personas con discapacidad en temas de salud, educación, infraestructura, rehabilitación, entre otras, en comparación con el resto de la población.

- Plan de Acción para la inclusión social de la Personas con Discapacidad, este se refiere a que deben existir mayores espacios de participación e integración social y laboral de personas con discapacidad. Este plan posee un sistema de monitoreo y seguimiento para que los compromisos suscritos por el Estado en materia de Discapacidad sean llevados a cabo.

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Anabella Capetillo, Coordinadora del Programa Pensionados de Mutual de Seguridad que “estos objetivos no han podido ser fiscalizados en la sociedad pública, ya que no se ha concretado el reglamento de la ley, lo que debilita el proceso de inclusión e igualdad para las personas con discapacidad en los diversos ámbitos de la sociedad, potenciando la exclusión y discriminación tanto actitudinal y arquitectónica para éstas personas”. (Comunicación Personal, 16 de junio de 2012).

Según la Organización de las Naciones Unidas, “la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” (Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2007).

De esta forma, SENADIS reconoce que “la condición de discapacidad es un problema social. Implica que para su adecuado tratamiento, ya sea en la reflexión o en la acción, debe enfocarse necesariamente en dos sentidos:

a)