MANUAL DEL INVERSIONISTA.

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1.2.3 Mecanismos de defensa.

En una situación de conflicto con la Administración, el administrado, dependiendo del caso, puede plantear:

- Una denuncia o recurso de queja por las actuaciones u omisiones que han ocurrido en el trámite administrativo, y que han provocado la paralización, infracción de plazos preceptivamente señalados u, omisión de trámites que puedan subsanarse antes de la resolución definitiva del asunto.32

La queja debe presentarse, por escrito, al superior jerárquico de la autoridad o funcionario que se presuma responsable de la infracción o falta. Se debe citar la norma que se estima infringida y adjuntar una copia simple del escrito.

La interposición de esta queja no suspende el trámite del expediente que origina el motivo de reclamo o impugnación.

La investigación a cargo del superior debe realizarse de forma sumaria tal, que el asunto quede resuelto en un plazo de 15 días, contados desde el día en que se formuló la queja. Nótese que si no se resuelve en este plazo, el interesado puede elevar el reclamo ante el Presidente de la República. Lo que se resuelva carece de recurso adicional.

Si la queja es acogida, se amonesta al funcionario y, en caso de reincidencia o falta grave, se puede ordenar la apertura del expediente disciplinario que determine el Estatuto del Servicio Civil.33,34

- Recurso de amparo ante la Sala Cuarta (Constitucional) de la Corte Suprema de Justicia, en el cual se expone la lesión a uno o varios de los derechos fundamentales del individuo.35

En este sentido, es importante destacar que, son derechos constitucionales y de respeto obligatorio en todo trámite administrativo, los siguientes:

- Garantía de la legalidad administrativa.

- Garantía al debido proceso (oportunidad de defensa, conocimiento de actuaciones y resoluciones, otros).

- Libertad de petición y pronta resolución.

- Libertad de acceso a los departamentos administrativos con propósito de informarse sobre asuntos de interés público.

- Garantía de igualdad y no discriminación.

- La irretroactividad de la ley.

- La justicia administrativa pronta y cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.

- La resolución pacífica de las controversias, inclusive acudiendo a sede arbitral.

El Recurso de Amparo procede contra toda disposición, acuerdo o resolución y, en general, contra toda acción, omisión o simple actuación material no fundada en un acto administrativo eficaz de los servidores y órganos públicos. Procede también, contra todo acto administrativo que, haya violado, viole o amenace violar, cualquiera de los derechos enumerados. El amparo procederá también contra los actos arbitrarios y las actuaciones u omisiones fundadas en normas erróneamente interpretadas o indebidamente aplicadas.36

Su interposición no requiere de formalidad alguna; no requiere autenticación, ni agota los recursos administrativos posibles. El recurso debe:

- Expresar con la mayor claridad posible el hecho u omisión que lo motiva.

- El derecho que se considera violado o amenazado.

- El nombre del funcionario u órgano que provocó el agravio.

- Las pruebas de cargo.

- Señalar el lugar o medio para oír notificaciones.

Cuando el amparo se refiera al derecho de petición y pronta resolución, se entenderá que la violación se produce una vez transcurridos 10 días hábiles, a partir de la fecha en que fue presentada la solicitud en la oficina administrativa y sin que ésta se haya pronunciado sobre el asunto.

El recurso de amparo puede interponerse en cualquier tiempo, mientras subsista la violación, amenaza, perturbación o restricción y, hasta 2 meses después de que hayan cesado totalmente sus efectos directos respecto al interesado. La prescripción de un amparo (por no haber sido interpuesto a tiempo), no será obstáculo para impugnar el acto o la actuación por otra vía, si fuere posible hacerlo.

- Procedimientos judiciales contenciosos37 (interdictos, ordinarios, especiales) ante los Juzgados Contencioso Administrativos de la Corte Suprema de Justicia, que administran los procedimientos en los cuales el Estado y todas sus instituciones puedan figurar como actores o demandados.

Para este efecto, se requerirá de la asistencia de un abogado y por la materia de que se trata, el procedimiento es bastante complicado y largo.

Si se requiere realizar una denuncia o impugnación de una resolución administrativa, y considerando que de acuerdo con las leyes aplicables, podría haber formalidades especiales que cumplir y plazos específicos que atender, es recomendable que si el grado de complejidad aumenta, se busque asesoría legal competente.

- Si en una institución existe una Contraloría de Servicios, el usuario puede acudir ante ésta y solicitar su intervención para solucionar los inconvenientes que puedan presentarse en un trámite

- El usuario tiene la potestad de requerir audiencias con los funcionarios, de cualquier jerarquía, que se encuentren involucrados en la decisión de su petición o trámite, en todas las instancias administrativas.

- A su vez, los funcionarios no pueden negarse a cumplir sus deberes legales y reglamentarios y, por ende, deben brindar información y guía en los trámites.

- Si el usuario, de alguna forma, fomenta o solicita que a su trámite se le de un tratamiento ilegal o, que no se le apliquen los requisitos establecidos, comete un acto ilícito. Para prevenir dichas consecuencias, está obligado a abstenerse de fomentar la corrupción pública.

1.2.4 Comentario final.

La legislación costarricense define, con claridad meridiana, los deberes y derechos de los usuarios y funcionarios públicos. El conocimiento y práctica de ellos, por ambas partes, es lo que garantiza el correcto funcionamiento del sistema. Se espera que la guía y consejos ofrecidos en esta sección, cumplan el objetivo deseado: disminuir y, deseablemente, erradicar la mala práctica y los eventuales abusos en la administración